El cuco de las demandas

Ante tal planteo (y debo decir que en el marco de un intercambio respetuoso entre entrevistado y entrevistador), acoté que de 30 países que habían adoptado el sistema, 18 habían renunciado total o parcialmente al mismo al ver que al pasar los años los resultados no fueron los prometidos. A eso agregamos los resultados de las demandas que interpusieron las empresas afectadas; punto que desarrollo a continuación.

Entre 1981 y 2014, 30 países aceptaron la iniciativa privatizadora impulsada por el Banco Mundial. Catorce eran de América Latina; otros catorce eran de Europa Oriental y de la antigua Unión Soviética, y dos más de África. El precursor en América Latina fue Chile, en 1981. Uruguay lo hizo en 1996. La inmensa mayoría de los países del mundo rechazó la propuesta. En los treinta en que se accedió, la promesa fue que el nuevo modelo reemplazaría o complementaría los sistemas de pensiones de reparto tradicionales, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad financiera y reducir el gasto público a largo plazo. Unas décadas después, es indiscutible que el objetivo no fue alcanzado. El sistema de capitalización individual ha sido objeto de cuestionamientos y reformas debido a problemas como baja cobertura, costos altos y rendimientos insuficientes para garantizar pensiones adecuadas.

Algunos países que decidieron abandonar o revertir el sistema de capitalización individual enfrentaron demandas internacionales por parte de empresas privadas que gestionaban los fondos de pensiones. Estas demandas generalmente fueron presentadas en tribunales de arbitraje internacional, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, alegando que la reversión de las reformas violaba tratados de protección de inversiones, derechos contractuales, o afectaba negativamente sus intereses comerciales.

Las demandas en estos casos se centran en el hecho de que las reformas a menudo son vistas como una "expropiación indirecta" de las inversiones de las administradoras de pensiones privadas, ya que se transfieren los fondos o se reduce su rol sin una compensación adecuada. Este tipo de conflictos subraya la tensión entre las políticas nacionales de seguridad social y los intereses de las empresas privadas en un ámbito tan delicado como las pensiones.

Hasta la fecha, varios gobiernos que han sido demandados por revertir los sistemas de pensiones de capitalización individual han logrado defenderse con éxito en los tribunales internacionales, mientras que en otros casos las empresas demandantes no han obtenido los resultados esperados. A modo ilustrativo, citaremos solo los casos de Argentina, Hungría y Polonia.

Argentina (nacionalización de 2008): Argentina enfrentó varias demandas internacionales después de nacionalizar el sistema de pensiones privado en 2008. Sin embargo, en muchos de estos casos, el Gobierno argentino prevaleció o las empresas retiraron sus demandas, principalmente porque los tribunales fallaron que la nacionalización era parte de las prerrogativas del Estado para garantizar la seguridad social.

Un caso específico es el de MetLife, que si bien “ganó” la contienda, solo se le concedió el 1 % de lo que pretendía a modo de indemnización. De hecho, apenas logró cobrar poco más de la mitad de lo que gastó en llevar adelante la demanda.

Hungría (2010): Hungría, después de revertir su sistema de pensiones y transferir los fondos al sistema público, también enfrentó amenazas de demandas. Sin embargo, hasta el momento, no ha perdido ningún caso internacional significativo relacionado con esta reforma.

Polonia (2014): Polonia también fue objeto de demandas por parte de administradoras de pensiones tras las reformas de 2014 que transfirieron activos del sector privado al público. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno polaco ha defendido con éxito su reforma en términos legales y no ha enfrentado consecuencias adversas significativas en los tribunales de arbitraje. La decisión de Polonia fue presentada como una medida para asegurar la sostenibilidad fiscal, lo cual fue una justificación fuerte en los tribunales.

Razones del éxito de los Gobiernos:

Los Gobiernos han argumentado con éxito que las reformas de los sistemas de pensiones forman parte de su soberanía y que las medidas tomadas son necesarias para garantizar la seguridad social de la población y evitar crisis fiscales a largo plazo. También han enfatizado que las reformas no constituyen una expropiación injusta, sino un ajuste a un sistema que, en muchos casos, no estaba proporcionando los resultados esperados para los jubilados.

NO al miedo, SÍ a la reforma

En resumen, hasta ahora los Gobiernos que han revertido los sistemas de pensiones de capitalización individual han prevalecido en la mayoría de los casos o han evitado pérdidas significativas en tribunales internacionales. Las empresas demandantes han tenido dificultades para demostrar que las reformas violaron derechos de inversión de manera injustificada o que constituyeron una expropiación indebida.

Con estos antecedentes, no es lógico suponer que Uruguay, tras una decisión soberana de eliminar mediante una reforma constitucional el sistema de AFAP, pase a ser el primer país del mundo en perder una demanda.

Y por si todo lo expuesto no fuera suficiente para erradicar el miedo (ese miedo con que se pretende que continuemos aceptando un sistema nefasto), recordemos que la industria tabacalera también creyó que podría destruir a Uruguay en un juicio por causa de la política antitabaco de Tabaré Vázquez, pese a los aplausos que mereció el expresidente por parte de la Organización Mundial de la Salud.

La Philip Morris, cuya casa matriz se encuentra en Lausana, fue contra nuestro país en un proceso iniciado el 19 de febrero de 2010, recurriendo al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y exigiendo una indemnización de 25 millones de dólares. En la demanda se argumentaba que nuestro país había violado el tratado bilateral de inversión entre Suiza y Uruguay.

El caso concluyó el 8 de julio de 2016 con una estrepitosa derrota para la demandante. El CIADI falló en favor de Uruguay y obligó a la demandante a pagar los gastos de los demandados y del tribunal. Es más, en 2020, la empresa Aratirí, que había demandado a Uruguay reclamando 3.536 millones de dólares, perdió en La Haya y el Tribunal Arbitral ordenó a la empresa demandante a pagar a nuestro país US$ 4.097.149,25 por los costos del juicio.

Por otra parte, es muy bueno que, de vez en cuando, no sea el poder político, de arriba hacia abajo, el que diga al pueblo qué país debemos tener; sino que sea el pueblo quien, de abajo hacia arriba, se lo indique a sus representantes.