Hay que auditar todo... ¿o no sabemos quiénes pasaron por aquí?

En la Dirección Nacional de Vialidad han destruido tantos documentos que las máquinas trituradoras de papel largan humo. Las bolsas con el misterioso contenido se apilan al lado de las papeleras, provocando asombro e inquietud entre las nuevas autoridades designadas por el gobierno electo.

En otros organismos, como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), faltan facturas que respalden la transferencia de varios millones de dólares. En junio de 2024 se informó sobre la falta de respaldo para gastos por 63 millones de pesos en convenios entre el Mides y la fundación Uruguay Adelante.

Santiago Pérez, responsable de la fundación, atribuyó la ausencia de comprobantes a un “error administrativo” y aseguró que disponían de todas las facturas necesarias. Por su parte, el Mides indicó que estaba verificando la integridad de la información proporcionada.

La investigación realizada por Patricia Madrid logró establecer que los dos principales proveedores de la fundación eran, a la vez, patrocinadores de Uruguay Adelante. Posteriormente, no se han publicado nuevas informaciones que amplíen o aclaren este asunto. Por lo tanto, hasta la fecha, no se dispone de datos adicionales que indiquen la conclusión o resolución definitiva del tema.

Casos como este han llevado a que innumerables voces de protesta se alzaran en las redes sociales cuando figuras de primera línea del gobierno electo dieron a entender que no realizarían auditorías como hizo el gobierno actual. Obviamente, tales declaraciones se referían a que no llevarían adelante lo que se conoce como “caza de brujas”, como hizo Luis Lacalle Pou.

Entre los casos más bochornosos protagonizados por auditores cercanos al presidente están los del MIDES (donde solo hallaron café vencido), el del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) —causa archivada recientemente, luego de las elecciones y tras cuatro años de señalamientos a las autoridades frenteamplistas— y el del Antel Arena, causa archivada dos veces, pese a su reactivación en plena campaña electoral y al empecinamiento de Luis Lacalle Pou en ensuciar la imagen de Carolina Cosse.

En el caso del MVOT, la Justicia rechazó a principios de enero una demanda civil presentada por el ministerio contra exjerarcas frenteamplistas de la cartera por el pago irregular de licencias no gozadas. En dos instancias se declaró que lo cobrado era lo correcto; pero, mientras se resolvía el asunto, los nombres de dichos jerarcas fueron utilizados por varios medios de comunicación aliados de los sembradores de dudas (léase blancos) para barrer el piso con ellos.

También cayeron, en Maldonado, todas las denuncias contra Óscar “el Flaco” De los Santos, exintendente frenteamplista y uno de los candidatos para mayo.

Sin embargo, nada fue tan bochornoso como lo de PwC, empresa auditora de Gas Sayago. El “equipo serio” de “profesionales” que cobró al Estado 300.000 dólares por una auditoría denunció que, dentro de los gastos de Gas Sayago, figuraban 110 dólares por clases de piano, lo cual, obviamente, escandalizó a todo el Uruguay, de izquierda a derecha. El diario El País, con indisimulado entusiasmo, tituló: “Auditoría de Gas Sayago develó gastos en viajes, maestrías, frutos secos y clases de piano”.

La verdad fue que el equipo que el director de UTE, Felipe Algorta, calificó como “serio” ni siquiera se tomó la molestia de averiguar bien y confundió una membresía para clases de piano con una membresía de PIANC, una organización internacional especializada en el monitoreo del manejo de buques e instalaciones portuarias.

Sin llegar al circo lamentable que vimos durante estos años, el nuevo gobierno debe revisar todo, absolutamente todo. Para empezar, las compras del exministro de Defensa Javier García, perniciosas para el país, y los contratos con Vertical Skies y la Fundación A Ganar.

Más vale guiarse por el principio “desconfía y acertarás” que pecar de ingenuos. El erario pertenece a todos los uruguayos, por lo que auditar o no, revisar o no, es algo obligatorio, no una cuestión de buena voluntad para caer simpáticos o políticamente correctos.

Dejan un tendal de irregularidades. Recordemos que, en 2023, la Cámara de Representantes exigió, por 93 votos en 95, que la delegación en la Comisión Técnica Mixta (CTM) “promueva en forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional a través de designaciones directas se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020”. Sin embargo, los sinvergüenzas continúan allí, apretando cada centavo que puedan robar al pueblo uruguayo.

Los blancos, en su retirada, también dejarán presupuestados —es decir, incorporados a la plantilla oficial de funcionarios estatales— a centenares de militantes metidos a dedo por política. Mantenerlos nos costará varios millones de dólares por año. Solo en ASSE, más de 250 personas que ingresaron como cargos de confianza quedarán presupuestadas; pero son varios centenares más en otras reparticiones del gobierno central, y esto sin contar las intendencias blancas.

Y hablando de ASSE, al momento de escribir esta nota, el gobierno tiene una deuda atrasada de 102 millones de dólares con sus proveedores. Por otra parte, por las patrullas transoceánicas encargadas a la empresa española Cardama aún no se ha realizado ningún pago, y serán cerca de 100 millones de dólares más que deberá pagar el próximo gobierno. No sabemos si lo mismo sucederá con los seis aviones de guerra encargados a Brasil.

Nos dejarán también un aumento de más de 10 puntos porcentuales del PBI en la deuda pública.

En medio de todo este desastre, Alejandro Astesiano amenaza con militar para el Frente Amplio, quizá desconociendo que el partido más grande del Uruguay se reserva el derecho de admisión.

Buenas noticias

Pero no todas son malas noticias. Una buena es que Martín Lema será el candidato de la derecha para la Intendencia de Montevideo; y otra, mejor, es que Alfonso Lereté será el candidato de la Coalición Republicana en Canelones. Algarabía en filas frenteamplistas. Semejante regalo solo es comparable con la elección, por parte de Álvaro Delgado, de Valeria Ripoll como candidata a la Vicepresidencia.

Se despiden con bombos y platillos. A principios de diciembre, el director de Promoción y Desarrollo de la Intendencia de Cerro Largo, Wilson da Rosa, dirigente del Partido Nacional, fue condenado por delito continuado de contrabando especialmente agravado a 16 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, con arresto nocturno durante cuatro meses.

Dos meses antes, y también en ese departamento, la Justicia condenó al exdiputado del Partido Nacional Enrique Prieto por contrabando y enriquecimiento ilícito.

Estos dos delincuentes se suman a una larga lista de dirigentes blancos que se vieron envueltos en escándalos durante el quinquenio que agoniza. No olvidemos al exintendente de Artigas Pablo Caram y a la exdiputada nacionalista Valentina Dos Santos, por citar otros casos recientes.

Increíblemente, los amigos de Gustavo Penadés, los que ayudaron a Sebastián Marset a escapar y presionaron a la Justicia —según afirmó el expresidente del Partido Nacional Pablo Iturralde— acusan al Frente Amplio de ser amigo de delincuentes. El exdiputado suplente y dirigente blanco de Florida, Francisco Sanguinetti Gallinal, publicó en la red X: “Estimados amigos y colegas productores rurales, a partir del 1.º de marzo, ármense hasta los dientes y tengan perros cimarrones. El FA es amigo de los delincuentes, carneadores, cazadores furtivos, copadores. No se dejen engañar, salgan siempre con la 9 en la cintura”.

Personajes de esta calaña están desparramados por todo el país; por eso, caiga quien caiga, los jerarcas que asuman en marzo tendrán que revisar muy bien todo lo que les entreguen, si es que dejan algo para entregar, y morder cada moneda para ver si es legítima.

Por las dudas…