Estas draconianas medidas tuvieron un propósito muy concreto: amordazar a los sindicatos y asfixiar las voces disidentes que pudieran oponerse a la “transformación educativa” de impronta mercantilista, clasista y elitista que implementó la coalición conservadora, integrada por la más reaccionaria expresión de los partidos tradicionales y su socio de extracción militar, apologeta de la dictadura liberticida.
Para completar esa sórdida faena era menester también desfinanciar a la educación en todos sus niveles, incluyendo naturalmente la universitaria, con un demencial recorte que alcanzó a los 300 millones de dólares durante el quinquenio, luego de quince años de gobiernos progresistas en los que el presupuesto educativo creció un 160 % y llegó al 4,9 % del Producto Bruto Interno. Hoy está en el 4,5 %.
En 2020, luego de la sanción parlamentaria de la Ley de Presupuesto, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria denunció que el presupuesto educativo sufriría una salvaje amputación de aproximadamente un 22 %, a raíz de lo cual habría entre 40.000 y 50.000 horas docentes menos, entre ellas las de coordinación liceal, que fueron eliminadas.
Ese auténtico hachazo dejó sin trabajo a unos 2.500 educadores y generó una explosiva superpoblación de alumnos por clase, ya que fueron suprimidos más de 250 grupos, particularmente en el nivel del ciclo básico.
A ello sumó, naturalmente, la política represiva del Codicen, encabezado por el hoy senador colorado Robert Silva y luego por la candidata a la Intendencia de Montevideo Virginia Cáceres, que devino en presiones, amenazas y sumarios, como el del exdirector del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo, Leonardo Ruidíaz, quien fue destituido, el de los quince docentes maragatos sancionados ilegalmente y arbitrariamente por ejercer su libertad de opinar, y el de dos maestras de la escuela n.° 45 del Buceo.
Por otra parte, el presupuesto universitario no creció en términos reales durante el pasado quinquenio.
Por ejemplo, en 2021 la Udelar recibió apenas un 12,27 % del financiamiento proyectado; en 2022, el 9,05 % y en 2023, el 6,97 % de los recursos solicitados. En 2024, la pérdida presupuestal real alcanzó al 2,6 %.
El salario universitario es de los más bajos de la administración pública para personal técnico, administrativo, de servicio y profesional. En tanto, el salario del personal docente es el más bajo de la educación pública.
En ese contexto, los problemas mayores son, entre otros, el grave deterioro de la relación entre horas docentes por estudiante, los salarios insuficientes y la falta de presupuesto, que afecta tanto al trabajo curricular de aula como a las actividades de investigación y extensión que fueron seriamente afectadas por un insuficiente financiamiento.
Por supuesto, se requieren más recursos económicos para invertir en infraestructura, a los efectos de recibir a los miles de estudiantes que ingresan anualmente a nuestra casa mayor de estudios de nivel terciario. Aunque por razones estratégicas y por las singulares características del alumnado en los últimos años ha aumentado sustantivamente la modalidad de educación a distancia, que se empleaba incluso antes de la pandemia, lo ideal sería que los jóvenes y futuros profesionales, dentro de sus posibilidades y de su disponibilidad de tiempo, tengan contacto presencial con sus docentes, no sólo para aprender sino también para compartir la experiencia colectiva de generar masa crítica. Naturalmente, la presencialidad también potencia los vínculos interpersonales y las indispensables instancias de socialización.
La situación de la Facultad de Psicología, que detonó en los últimos días cuando los estudiantes protagonizaron una masiva sentada en plena acera que nos recordó a los contracursos de la década del sesenta que desafiaron la ilegal, autoritaria y ultrajante intervención de la educación por parte del Gobierno de la época, es apenas la punta más visible del iceberg.
Esta contingencia, que otorgó visibilidad a los graves problemas de la Udelar, se originó en la inscripción de 3.700 nuevos estudiantes en la facultad que forma a los futuros psicólogos, lo cual marcó un auténtico récord. Esta circunstancia impacta en la matrícula de este centro educativo de nivel terciario que recibe en sus aulas a casi 20.000 estudiantes de todos los niveles.
Naturalmente, el aumento sostenido de las inscripciones en la Facultad de Psicología tiene su origen en la creciente demanda de atención a la salud mental por parte de los uruguayos, que se ha agudizado particularmente luego de la pandemia que azotó al país entre 2020 y 2022. No en vano, en los últimos dos años se han registrado récords históricos de suicidios y también de tentativas de autoeliminación. Se trata, naturalmente, de un fenómeno de naturaleza multicausal que debe ser atendido mediante un conjunto de estrategias preventivas que trabajen directamente sobre la problemática, particularmente de los jóvenes, originada por las adicciones, las escasas expectativas de progreso personal y por los conflictos sociales y familiares no resueltos. Sin embargo, en casi todos los casos en este problema subyace el dolor emocional, que es un estado mental intolerable y perturbador caracterizado por el sufrimiento y la persistencia de los pensamientos negativos que suelen devenir en agudos cuadros de depresión.
En efecto, cuando una persona padece dolor emocional, en casi todos los casos se siente deprimida, triste, ansiosa, vacía, temerosa, desesperanzada y, a menudo, culpable, inútil y desamparada. Esta situación le genera un desasosiego permanente y una radical devaluación de su autoestima. En su imaginario, está en un callejón sin salida, y, en el marco de un pico de angustia y desesperación, el riesgo es que adopte la más drástica de todas las decisiones: autoeliminarse para apagar el sufrimiento.
En el actual estado de situación, por lo menos en primer año, la relación docente-alumno en la Facultad de Psicología es de uno cada mil, cuando lo recomendable es un educador cada dieciocho estudiantes.
El sistema político debe dejar de hacer gárgaras con sus alusiones a la salud mental y asumir, en serio y sin ambages, el compromiso contraído con la ciudadanía durante la campaña electoral. El camino es más inversión en salud mental, pero también más inversión en educación y particularmente en la formación de los futuros técnicos, que son los psiquiatras y los psicólogos. Asimismo, también habría que generar una suerte de becas con subsidio estatal para que todos los uruguayos puedan acceder a una atención psicológica de calidad sin restricciones.
El cambio de signo ideológico en el gobierno abre alentadoras perspectivas para cumplir con este impostergable propósito.
