La resolución del Frente Amplio fue, en cierto modo, ignorada por el canciller Mario Lubetkin, quien le comunicó a los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado que Uruguay iba a mantener la oficina de la ANII, aunque el Frente Amplio le pidiera que reevaluara esa decisión. De hecho, Lubetkin se detuvo en que el Frente Amplio le pidió que examinara el asunto, que lo siguiera valorando, y no que la cerrara. Tal vez al canciller leyó en ese matiz, en lugar de un acto de cortesía, una posición débil o de pocas certezas de parte del FA, que le dejaba amplio margen para seguir adelante con la oficina.
Pero el martes, la situación escaló: el consejo directivo central de la Universidad de la República reclamó el cierre de la oficina y lo hizo por unanimidad. Además, resolvió que no participara de ningún proyecto vinculado con esa oficina si se mantiene abierta. Con esta decisión del Frente Amplio y la resolución de la Universidad, el gobierno quedó en una posición incómoda: parece ser el único actor en el Uruguay que no ve las implicancias políticas de esta oficina: la derecha la tiene clarísima y por eso la promovió. La academia la tiene clarísima y por eso quiere que se cierre esa oficina y no involucrarse en nada que venga de ahí. El Frente Amplio, en el contexto de la organización lo tiene clarísimo, como lo tienen claro los frenteamplistas y las organizaciones sociales. E Israel lo tiene más claro que nadie.