Sus afirmaciones discursivas no se compadecen con la gestión de su Gobierno, al cual le faltó humanismo y justicia para sostener a miles de ciudadanos que cayeron en la pobreza durante la pandemia y a la multitud de uruguayos que sobreviven a la intemperie en situación de calle. Seguramente su concepto de humanismo está más relacionado con los recursos humanos, que es la etiqueta que utiliza el sistema capitalista para catalogar a los trabajadores, que son, ante todo, personas con derecho a ser felices, por más el paupérrimo gobierno saliente les negó esa posibilidad.
Por otro lado, Lacalle afirmó que “no se puede ser justo si no se cuidan los recursos de todos los uruguayos y no se puede gobernar para unos pocos. El gobierno es para todos”. Si bien los recursos del Estado deben ser administrados con prudencia, no es concebible que se ahorre en una situación de emergencia como la que deparó la pandemia, retaceando ayudas y asistencia a los ciudadanos más rezagados y recortándole el presupuesto a las políticas sociales. Obviamente, Lacalle Pou no gobernó para todos los uruguayos, sino para sus socios, los “malla oro”, a los que privilegió siempre. Incluso, la Cepal denunció que Uruguay fue el país de la región que menos invirtió para atender los devastadores efectos sociales de la epidemia.
En el texto difundido por Presidencia de la República pocos días antes del traspaso de mando se asegura que “los uruguayos son más libres que hace cinco años”, lo cual es un reverendo disparate, al ser contrastado con los propios números oficiales. En efecto, actualmente hay 350.000 ciudadanos pobres medidos por el arbitrario mecanismo de ingreso y más de 4.000 uruguayos en situación de calle, pese a que un censo realizado hace ya cuatro años asegura que el número de personas que duermen a la intemperie es menor. Basta con observar las calles de Montevideo para comprender que las estimaciones quedaron cortas y están lejos de la realidad.
Incluso, otro elocuente testimonio de que aún hay mucha gente con hambre, incluyendo a personas que tienen trabajo pero cobran salarios irrisorios, es la existencia todavía de 260 ollas populares o merenderos, además de comedores estatales que permanecen abiertos a cinco años del comienzo de la pandemia y a tres de la normalización de la situación.
¿Qué libertad pueden ejercer esos desvalidos uruguayos que para su subsistencia dependen de la ayuda estatal o de la solidaridad? Como lo expresó elocuentemente el flamante presidente de la República, Yamandú Orsi, “¿cuánta libertad puede ejercer alguien con problemas de salud, vivienda o trabajo, o las mujeres que sufren violencia?”, entre otros. Realmente, contundente. El concepto de libertad, que se ha tornado ambiguo por su recurrente devaluación dialéctica, no admite demasiadas lecturas subjetivas. Según la definición de la Real Academia Española, ser libre es tener la capacidad de tomar decisiones sin limitaciones. Es decir, poder optar. ¿Qué opciones pueden tener las personas pobres, que no tiene ingresos o tiene ingresos insuficientes, que viven en la calle o en un asentamiento irregular en una construcción precaria con techo de zinc y piso de tierra, que no pueden acceder a una alimentación adecuada ni a salud de calidad? Realmente, no son libres. Son meras víctimas del sistema.
En efecto, la “libertad responsable”, que tanto pregonó Lacalle Pou, es un mero eslogan y una suerte de entelequia para consumo de ignorantes o de obtusos obsecuentes. ¿Alguien supone que todos los uruguayos conocen sus derechos, que están consagrados en la Constitución de la República? En realidad, no. Si todos los uruguayos conocieran sus derechos, además de reclamarlos, castigarían a los gobiernos que conculcan esos derechos. La última elección corroboró que la derecha votó mucho mejor de lo que debería haber votado. En efecto, el Frente Amplio debió ganar en la primera vuelta. Sin embargo, compareció a un absurdo balotaje y carece de mayoría parlamentaria.
El primer capítulo del documento oficial, que está dedicado a la Ley de Urgente Consideración, afirma que “permitió recuperar el valor y el respeto a las normas democráticas de convivencia social”. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario, porque el aumento de las herramientas represivas no detuvo ni mitigó la violencia y, en cambio, la norma sí vulneró garantías individuales como en los tiempos de la dictadura, además de, por ejemplo, limitar la libertad sindical y criminalizar la protesta.
El documento elogia la “transformación educativa”, pese a que esta es una mera farsa regresiva que no mejoró los aprendizajes, flexibilizó groseramente las exigencias curriculares, alimentó el ausentismo escolar y excluyó a los docentes.
Otro capítulo alude a la reforma previsional, que fue la peor traición al electorado porque violó flagrantemente el compromiso formulado por Lacalle Pou en la campaña electoral de que no se iba a aumentar la edad jubilatoria. La ley, además, quita derechos a los futuros jubilados y hasta rebaja sus prestaciones.
Además, al aludir a la lucha contra la delincuencia, el informe destaca logros que no son reales, porque el gobierno de coalición fracasó estrepitosamente. En efecto, hubo récord de homicidios y la tasa de los demás delitos se mantuvo estable, pese a las engañosas estadísticas oficiales, refutadas por la encuesta de victimización.
El último capítulo está dedicado a la “libertad para trabajar y producir” y a la “responsabilidad en el manejo de los dineros públicos”. Aunque en este pasaje se resalta el aumento de la cantidad de puestos de trabajo, lo que se omite es que la inmensa mayoría son meras formalizaciones ante el BPS y ocupaciones de baja calidad con salarios de indigencia. En realidad, la libertad fue para las patronales, que pueden explotar impunemente a sus empleados, y no para los trabajadores.
En tanto, el supuesto manejo responsable de los dineros públicos es una mera burla, ya que se recortó el presupuesto de las políticas sociales, se aumentaron los cargos de confianza política, ingresaron miles de militantes al Estado por la ventana, se gastó en aviones ruinosos, se pagaron sobrecostos en drones y otros equipos y se mantuvieron todas las exoneraciones al gran capital.
Por supuesto, no se cumplió con la promesa de campaña de no aumentar las tarifas ni los impuestos y el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones es apenas superior al de 2019, luego de tres años de pérdida.
Este es un auténtico catálogo de falacias, acorde con la adicción a la mentira del saliente Gobierno coalicionista.
