Nuestros señores feudales

El corrupto no sólo roba directa o indirectamente; el corrupto corrompe. A veces usa el erario, no para llevarse dinero a su bolsillo, pero sí para beneficiar a su entorno y comprar apoyos para continuar en el poder. O sea, no roba; pero roba. Por este motivo, varios artículos de nuestra legislación, al prohibir algunas prácticas, las tipifican tanto cuando se realizan en beneficio propio como de terceros. Cuando Guillermo Besozzi dice que no se llevó un peso al bolsillo, quizás no mienta; pero eso no quiere decir que no violara la ley.

Hay hechos que parecen, a simple vista, desconectados; pero, en realidad, dejan al descubierto distintas aristas de un mismo plan. El espionaje, las presiones a la prensa y la campaña furibunda del Gobierno anterior contra los trabajadores organizados buscó captar el apoyo de la ciudadanía para dar continuidad al proyecto político de la oligarquía.

Las anteriores y actuales presiones a la Fiscalía van en la misma línea. Todo el país se tendría que poner de pie para defender a la fiscal de Soriano Stella Alciaturi, que tuvo el coraje de plantarse firme frente al amo y señor de la comarca y ahora sufre el ataque virulento y cobarde de los principales caudillos del Partido Nacional, un Partido Nacional que pretende que todos los fiscales sean como fue Gabriela Fossati.

Los caudillos comparan a Besozzi con Wilson. Semejante delirio no da ni para contestarles. Se autodenomina preso político, pero su prisión domiciliaria es un chiste de mal gusto. Anda a las anchas en su estancia, dando conferencias de prensa, realizando actos políticos y denostando a fiscales y jueces.

Ellos, los autodenominados “defensores de las leyes”, están atacando a las instituciones que las hacen cumplir.

Cuando son atrapados, una de las primeras estrategias de los violadores de las leyes es la de victimizarse. La otra es decir que todos son iguales y, de hecho, el pobre que vota a la derecha suele repetir ese latiguillo de que todos los políticos son iguales. Claro, pero él siempre vota a los mismos. El pobre de derecha suele decir que vive de su trabajo y no le debe nada a los políticos; pero suele ser el primero en vender su voto por un carguito o favor.

El corrupto corrompe, y el corrompido, aun cuando se aprovechen de sus necesidades, no es inocente. Las “gauchadas” blancas apestan a delito y el apoyo político que logran apesta a sumisión. Alguien lo tenía que decir, así que no esperen que me disculpe.

Por aquí y por allá, continúan saltando a la luz los estragos del gobierno de Luis Lacalle Pou. En ASSE, apenas estamos levantando la tapa de la olla. La Auditoría Interna de la Nación ha detectado graves irregularidades que podrían derivar en consecuencias penales para los implicados. Sus autoridades asumieron deudas por 60 millones de dólares, sólo entre enero y septiembre de 2024, sin contar con los créditos necesarios. Hasta el momento, ASSE tiene 120 millones de dólares pendientes de pago. La Auditoría Interna de la Nación determinó que los gestores salientes no realizaron los controles necesarios para detectar las desviaciones monetarias y las irregularidades detalladas en su informe.

Paralelamente, en la Armada desaparecieron tres millones de dólares. Varios suboficiales están intentando cobrar por la vía judicial lo que les adeuda el Ministerio de Defensa, a través de la Armada.

Tal como informó nuestro colega Ricardo Pose, el Comando General de la Armada no realizó los pagos de inspección realizados por la Comisión Técnica (COTEC) desde el año 2021 a 2023, por el control de buques que estén “libres de gases”. “La plata recaudada por la Armada, que luego manda al Ministerio, que antes pasa por otras áreas y del Ministerio vuelve a la Armada, se perdió en el camino, debiendo un total de tres millones de dólares que, según algunos, puede llegar a los 4 millones, si se toma en cuenta la partida de refuerzo de rubro que salió del Ministerio”, explicó el periodista.

También las autoridades del Hospital Militar están en problemas frente a una auditoría, ya que “hay documentación que no aparece, gastos justificados por debajo de los realizados y contrataciones y compras difíciles de explicar”. A esto se suman las gestiones realizadas por la Fundación Fernández Enciso, que han sido derivadas a la Justicia civil y, por otra parte, las 35 toneladas de carne que se pagaron a un costo millonario y nunca se recibieron, lo que ameritó una denuncia en 2022 sin que hasta ahora se haya descubierto algo.

Y mejor ni hablemos del clavo de los aviones Hércules…

En Maldonado, los ediles blancos bloquearon el planteo del Frente Amplio de iniciar un juicio político al edil blanco José Luis Sánchez, acusado de desviar y triangular fondos de la Junta Departamental en beneficio propio. No es la primera vez que lo protegen. Ya antes impidieron que se le investigara por gastos de publicidad oficial y la adjudicación de una beca irregular para su hija. El punto es que, de confirmarse lo denunciado por el periodista Jorge Bonica, la maniobra involucraría también a otros ediles blancos que ocuparon la presidencia de la Junta Departamental en el último quinquenio y que se habrían apoderado de varios millones de pesos.

Dicha maniobra consistiría en la presentación de facturas por parte de un proveedor de servicios que, luego de cobrarlas, depositaba el dinero en una cuenta de un hijo del edil, quien lo reenviaba a su padre. De esa manera, habría podido cobrar 240.000 pesos mensuales durante varios años, y como ya dijimos, no sólo él.

Pasando a Salto, no sé qué es más increíble, que Carlos Albisu sea candidato a intendente luego de haber tenido que renunciar a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande cuando sus maniobras quedaron expuestas, o que la gente lo vote y continúe en las cumbres del poder.

Los escándalos en las intendencias de Soriano y Artigas le vinieron muy bien a la de Paysandú, para que su propio caso pasara desapercibido para los grandes medios de comunicación. El Tribunal de Cuentas le ha realizado innumerables observaciones, aunque, como siempre, sin mayores consecuencias, incluso tras demostrarse que las autoridades de la comuna le mintieron descaradamente. En 2021, la Intendencia de Nicolás Olivera dijo que el déficit era de 12 millones de pesos; pero los técnicos del Tribunal de Cuentas le dijeron que eso era falso y la cifra real rondaba los 200 millones, y todo pese a que la Administración frenteamplista le había dejado un fideicomiso de 25 millones de dólares y un superávit de 25 millones de pesos. La Administración blanca dejará la Intendencia de Paysandú en poco tiempo con un superávit, acumulado en cinco años, de 1.200 millones de pesos.

Las compras y contratos han estado cubiertas de sospechas y oscurantismo. Un caso que llamó la atención se dio cuando Nicolás Olivera contrató a una empresa holandesa para realizar un master plan de la costa sanducera, pagándole 1.600.000 dólares a profesionales extranjeros en lugar de considerar a profesionales uruguayos que sí conocen el territorio. Más de un millón y medio de dólares tirados a la basura, porque no se concretaron en ninguna obra específica.

Y por si este panorama fuera poco desolador, el presidente Yamandú Orsi tiene que resolver el dilema del contrato que Luis Lacalle Pou se apresuró a firmar antes de ser relevado en el cargo. El proyecto Neptuno/Arazatí es un dolor de muelas y Orsi está intentando minimizar los daños. Si no cumple con el contrato, el Estado enfrentará una demanda, y si lo cumple, innumerables organizaciones civiles se le pondrán en contra debido al impacto ambiental que producirá el proyecto. El presidente intenta renegociar el contrato; pero su posición no podría ser más incómoda.

Ahora, ¿hasta qué punto, en aras de crear un buen clima que propicie el diálogo, tenemos que dejar de denunciar tanto abuso por parte de los blancos y sus cortesanos? ¿Hasta qué punto, por ser políticamente correctos, debemos dejar de explicar a la gente la manera en que los caudillos están saqueando al país para beneficio propio y/o de sus correligionarios?

¿Qué haremos para dar al TCR y la JUTEP un papel más determinante?

¿Qué haremos para lograr que los ingresos a las intendencias se realicen por concurso o sorteo aunque los blancos nieguen su voto a esta iniciativa?

¿Qué haremos para terminar con el clientelismo?

¿Qué haremos para sepultar de una vez y para siempre está nefasta forma de hacer política de los señores feudales llamados caudillos?