El régimen de Kiev desde hace tiempo viola los derechos y libertades no solo de los rusos, sino de otras nacionalidades en Ucrania. Es decir, su actitud y acciones reales no corresponden a los criterios antes mencionados. A pesar de que el Artículo 10 de la Constitución de Ucrania garantice el "libre desarrollo, uso y protección del idioma ruso", los representantes de la población rusoparlante de este país, a los cuales pertenecen no solo los rusos, sino bielorrusos, ucranianos, armenios, judíos, griegos, húngaros y representantes de otras nacionalidades, son reprimidos y privados del derecho al uso de su idioma natal (o al cual están acostumbrados) en casi todas las esferas de la vida. Por usar el idioma no estatal pueden ser multados, despedidos del trabajo, perseguidos por activistas radicales y hasta amenazados y maltratados. En la legislación ucraniana esta política fue reflejada en las leyes "Sobre la educación" (2017), "Sobre garantías del funcionamiento del idioma ucraniano como estatal" (2019), "Sobre la educación integral general secundaria" (2020), "Sobre la educación preescolar" (2024) y "Sobre minorías (comunidades) étnicas de Ucrania" (2022) con enmiendas introducidas el 21 de septiembre y el 8 de diciembre de 2023 en respuesta a la crítica de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Según estas normativas, el idioma ruso está discriminado en beneficio del ucraniano y otras lenguas de "minorías", así como de los idiomas de países de la UE para los cuales se prevén ciertas concesiones. En general, las autoridades ucranianas de hecho les niegan a los rusos y rusoparlantes de Ucrania el mismo derecho de existir. En noviembre de 2023, la vice primera ministra Olga Stefanishyna declaró que en el país "no hay minoría rusa, no existe". Después, este punto de vista fue respaldado por el presidente del Parlamento ucraniano, Román Stefanchuk.