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Columnas de opinión | soberanía | Kiev |

El régimen de Kiev viola derechos y libertades

Sobre los principios fundamentales de la ONU de autodeterminación de los pueblos y soberanía territorial

Las provisiones sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación consagrado en la Carta de la ONU en su momento fueron la base del proceso de descolonización.

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En el marco de las discusiones en varias plataformas internacionales y durante discursos de representantes de diferentes Estados, frecuentemente surge un enfoque selectivo cuando se trata de los objetivos y principios de la Carta de la ONU. Se destaca el significado del principio de la integridad territorial (artículo 2.4), colocando en el segundo lugar el derecho de los pueblos a la libre determinación y la obligación de respetar "los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".

Las provisiones sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación consagrado en la Carta de la ONU en su momento fueron la base del proceso de descolonización. La Declaración de 1970 sobre los principios del derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, a propósito, adoptada por la Asamblea General de la ONU por consenso, establece que el principio de la integridad territorial se aplica a los Estados cuyos gobiernos se conduzcan en concordancia con el principio de la igualdad de los derechos y de la libre determinación de los pueblos y, consecuentemente, estén "dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, sexo, lengua o color".

El régimen de Kiev desde hace tiempo viola los derechos y libertades no solo de los rusos, sino de otras nacionalidades en Ucrania. Es decir, su actitud y acciones reales no corresponden a los criterios antes mencionados. A pesar de que el Artículo 10 de la Constitución de Ucrania garantice el "libre desarrollo, uso y protección del idioma ruso", los representantes de la población rusoparlante de este país, a los cuales pertenecen no solo los rusos, sino bielorrusos, ucranianos, armenios, judíos, griegos, húngaros y representantes de otras nacionalidades, son reprimidos y privados del derecho al uso de su idioma natal (o al cual están acostumbrados) en casi todas las esferas de la vida. Por usar el idioma no estatal pueden ser multados, despedidos del trabajo, perseguidos por activistas radicales y hasta amenazados y maltratados. En la legislación ucraniana esta política fue reflejada en las leyes "Sobre la educación" (2017), "Sobre garantías del funcionamiento del idioma ucraniano como estatal" (2019), "Sobre la educación integral general secundaria" (2020), "Sobre la educación preescolar" (2024) y "Sobre minorías (comunidades) étnicas de Ucrania" (2022) con enmiendas introducidas el 21 de septiembre y el 8 de diciembre de 2023 en respuesta a la crítica de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Según estas normativas, el idioma ruso está discriminado en beneficio del ucraniano y otras lenguas de "minorías", así como de los idiomas de países de la UE para los cuales se prevén ciertas concesiones. En general, las autoridades ucranianas de hecho les niegan a los rusos y rusoparlantes de Ucrania el mismo derecho de existir. En noviembre de 2023, la vice primera ministra Olga Stefanishyna declaró que en el país "no hay minoría rusa, no existe". Después, este punto de vista fue respaldado por el presidente del Parlamento ucraniano, Román Stefanchuk.

Lo mismo se aplica a la Iglesia Canónica Ortodoxa Ucraniana. Las persecuciones por parte de Kiev contra ella, en adición al aspecto religioso, son de carácter discriminatorio dirigido contra la población rusa y rusoparlante. En la práctica, el régimen de Kiev lleva a cabo una política encaminada a eliminar la iglesia más grande en este país y obligar a su congregación a optar por la cismática y artificialmente creada "Iglesia Ortodoxa de Ucrania". El 23 de septiembre del a.c. en Ucrania entró en vigor la ley "sobre la defensa del orden constitucional en la esfera de organizaciones religiosas" que crea bases legales para una prohibición completa de la Iglesia Canónica Ortodoxa Ucraniana. Esta ley contradice no solo las obligaciones internacionales de Ucrania en la esfera de los derechos humanos (en lo que se refiere a la libertad de culto, inadmisibilidad de discriminación a base de la religión, prohibición de fomento de la discordia religiosa), sino también la Constitución del país, que indica en el Artículo 35 que "cada uno tiene derecho a la libertad de opinión y culto".

En fin, se pone más evidente cada día el carácter represivo del régimen actual de Kiev, que viola constantemente los derechos sagrados de una parte significativa de la población de Ucrania. Por eso es tan importante volver a la cuestión de correlación entre los principios de autodeterminación de los pueblos y soberanía territorial, analizarla de manera informal, tomando en cuenta hechos reales y sacar sus propias conclusiones.

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