Votar para recuperar la pública felicidad

Pueden hacer mucho y hay mucho por hacer. Tengan valor. No se dejen confundir por las recetas que ya sumieron a muchos pueblos en la desgracia. Confíen en la senda de Artigas y nunca olviden aquella canción hermosa de Alfredo Zitarrosa, para que la ley no sea una tela de araña que solo atrapa a los chiquitos y deja indemnes a los poderosos que la atraviesan sin dificultad”. Este mensaje, dirigido a los magistrados uruguayos, pero indirectamente también a nuestro sistema político, que pasó virtualmente inadvertido y no generó reacciones, fue pronunciado por el papa Francisco.

En efecto, no son reflexiones de algún empedernido izquierdista, sino de la máxima jerarquía de la Iglesia Católica, con la cual teóricamente comulgan el presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Pou, y su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera; el candidato presidencial blanco, Álvaro Delgado, que se educó en colegios religiosos; el senador electo Pedro Bordaberry, que cultiva la misma fe que su padre, el dictador Juan María Bordaberry; el semianalfabeto y lumen empresario senador blanco Sebastián da Silva, quien invoca a Dios como si esa supuesta deidad fuera de derecha; Guido Manini Ríos y el exministro de Trabajo de Seguridad Social, Pablo Mieres, entre otros.

Aunque admito que no soy creyente y que disiento radicalmente con los dogmas de la Iglesia, no puedo menos que coincidir con las expresiones del líder religioso, que van en sentido contrario a la praxis del gobierno y al programa de la Coalición Republicana, que es claramente promercado, ya que en estos casi cinco años ha privilegiado a los “malla oro”, que son descendientes de los mercaderes que el profeta Jesús expulsó del templo.

Obviamente, el nazareno, que suponemos es un referente para la mayoría de nuestros gobernantes, era un obrero y no un empresario. Sin embargo, esta caterva de neoliberales hicieron una clara opción por los ricos, aunque insólitamente sus votantes estén en todas las clases sociales, más que por los casi nulos beneficios que deparó la gestión del gobierno, por el alto perfil del presidente —transformado por el oligopolio mediático obsecuente en una suerte de cruzado contra el coronavirus— y potenciado por la machacona propaganda que mutó, en clave simbólica, muchos estrepitosos fracasos en supuestos avances.

Por ejemplo, aseguran que lograron bajar la tasa de rapiñas y hurtos y aplanar la de homicidios, cuando la realidad corrobora que las que descendieron fueron las denuncias y que asistimos a un récord histórico de asesinatos.

También proclaman que en este período se alcanzó el mayor nivel salarial en el último medio siglo, cuando lo que aumentó, únicamente en 2023, fue la masa salarial que, en lenguaje técnico, es la relación entre los ingresos de los asalariados y el Producto Bruto Interno. Según ese parámetro, que para Delgado parece ser chino antiguo porque no lo entiende pese a estar bien asesorado, el nivel de las retribuciones de los trabajadores sigue estando por debajo del de 2019, ya que la participación de la masa salarial en el PBI en 2023 fue del 86,3 % y en el último año del tercer gobierno del FA fue del 88,8 %.

Lo cierto es que el Gobierno modificó arbitrariamente en 2021 el criterio de cálculo y, por eso, afirma que la masa salarial es superior a la de 2019 y que la mejora impactó en todos los quintiles de ingreso, pese a que sólo favoreció a los hogares de ingresos más altos. En ese contexto, desde el oficialismo se intentó rebatir el informe del Instituto Cuesta Duarte, con argumentaciones técnicas que, para la mayoría de la población, son ininteligibles. Lo cierto es que la nueva metodología no permite comparar períodos largos.

Naturalmente, aun hay 550.000 trabajadores que cobran menos de 25.000 pesos, 160.000 jubilados que perciben apenas poco más de 18.000 pesos y más de 300.000 trabajadores en negro, quienes cobran menos incluso que el salario mínimo nacional. Por supuesto, la pobreza está muy por encima del arbitrario rango oficial, ya que el 32 % de los uruguayos se percibe pobre, según una investigación de la consultora Exante, la cual explicita que la situación sólo mejoró para el quintil 5 de ingresos, que percibe más de de 200.000 pesos mensuales.

Incluso, mienten cuando afirman que la tasa de pobreza es casi la misma de hace cinco años, pese a que hasta las cifras del Instituto Nacional de Estadística desmienten ese aserto y tampoco cuantifican como es debido el número de personas en situación de calle, que es realmente escandaloso y se percibe cotidianamente.

Asimismo, también faltan a la verdad cuando afirman que este Gobierno es el primero que ha logrado bajar la cantidad de asentamientos. Aunque nadie niega que algunos barrios periféricos han sido regularizados, lo cierto es que hay 40.000 uruguayos más viviendo en esos contextos que hace cinco años.

El debate presidencial entre los candidatos Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, que fue más bien híbrido por su formato estructurado, reiteró la conocida versión confrontativa del delfín lacallista, quien puso mayor énfasis en atacar al Frente Amplio que en esbozar propuestas. Obviamente, el exsecretario de la Presidencia reiteró que, al igual que el presidente, es un adicto compulsivo a la mentira y no supo responder, por ejemplo, por qué todos los eneros le descuentan a los jubilados pobres el 3 % de adelanto otorgado en julio, lo cual los condena casi a la indigencia. En los gobiernos del FA ese ajuste adelantado no se descontaba, lo cual permitió recuperar el poder de compra de estas personas que tienen dos condenas: la vejez y la pobreza,

En otro orden, ignoró la denuncia de Orsi cuando éste aludió al otorgamiento de un pasaporte a un narco y a la actividad delictiva que desplegaba Alejandro Astesiano en la Torre Ejecutiva, en las propias narices de Delgado y de Lacalle Pou.

Tampoco pudo rebatir la acusación al Gobierno por promesas incumplidas, pese a que Orsi le perdonó la vida cuando no mencionó todos los fracasos de la derecha y las mentiras instaladas en 2019 para ganar las elecciones.

Naturalmente, Delgado admitió que hay más de medio millón de trabajadores con salarios de hambre, pese a que repitió —como un papagayo tropical— la falacia de que en este gobierno se alcanzó el máximo nivel de ingresos de los últimos 49 años.

En ese contexto, aunque Orsi se refirió inicialmente a su origen humilde y a su concurrencia a la escuela pública, Delgado ignoró deliberadamente que él procede de una familia acomodada pequeño burguesa y que se formó en escuelas y liceos privados, a diferencia de la mayoría de los uruguayos.

Con respecto a la seguridad, Delgado reiteró que bajaron los delitos, aunque lo que bajaron fueron las denuncias, pero no logró contrarrestar las menciones de Orsi con respecto a los menores de edad asesinados y/o baleados.

En materia educativa, Álvaro Delgado no logró instalar la “transformación educativa” de esta gestión como un cambio de paradigma sino como mera improvisación, ni tampoco rebatir el grave problema del ausentismo escolar, que se concentra en los estratos más vulnerables de la sociedad.

Delgado ratificó su odio visceral por la ideología y, por ende, por la formación de masa crítica, acorde con la intención del bloque conservador de transformar a la sociedad en un rebaño dirigido por las élites. ¿Cómo pretende lograr acuerdos alguien que únicamente ataca a sus adversarios?

A la hora de sufragar, cada uruguayo deberá evaluar si llega a fin de mes, si su salario o su jubilación le alcanzan para cubrir sus gastos y si vive tranquilo y sin miedo. También deberá pensar si quiere seguir postrado y observando cómo otros se enriquecen a costa del esfuerzo de los trabajadores y le siguen robando la esperanza o, en cambio, aspira a restaurar la pública felicidad, acorde con el mandato artiguista.