En resumidas cuentas, lo que el técnico explica es que los allanamientos nocturnos constituyen un serio riesgo para vecinos inocentes, mujeres y niños, e incluso para los policías, que están en la primera línea y no tienen claro al poder de fuego al que se enfrentan, si previamente no practican un minucioso trabajo de inteligencia. Es decir, se meten en la boca del león y, en ese contexto, las consecuencias pueden ser trágicas.
Por su parte, el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, quien posee una vasta experiencia como fiscal penal y como juez de 32 años, anunció que no acompañará la iniciativa, a la cual calificó como “una herramienta más”, pero advirtió que no es una solución porque tiene más riesgos que ventajas. “Si te venden el allanamiento nocturno como solución, te están vendiendo espejitos de colores, porque no es solución de nada. Se puede tener o no”. Al respecto advirtió que, pese a que existen en casi todos los países del mundo, estos procedimientos se ensayan sólo esporádicamente por los riesgos que conllevan para el personal policial.
“Lo harán en Malvín, pero no en Cerro Norte, porque la primera obligación de un oficial es cuidar a su personal para que salga ileso. En un allanamiento nocturno, cuando la Policía entra al barrio, lo primero que hacen es cortarte la luz. Entonces, entran en un territorio que no conocen y no saben qué poder de fuego hay del otro lado. A mí, en un momento determinado, me parecía un instrumento, pero tal cual está presentado hoy como solución, no lo voto. No quiero que nos vendan más espejitos de colores”.
Realmente, tiene razón Jorge Díaz. En 2020 la derecha afirmó que la solución para combatir a la delincuencia y bajar radicalmente la tasa de delitos era la LUC. Casi cinco años después, quedó demostrado todo lo contrario. En efecto, este año se alcanzó el récord histórico de homicidios y, con respecto a los otros ilícitos, las únicas que descendieron fueron las denuncias, porque muchos ciudadanos de barrios complejos tienen temor de denunciar y el trámite es cada vez más burocrático. Incluso, hay numerosos barrios que padecen balaceras todos los días y también zonas que son controladas por el crimen organizado, por la ausencia de la Policía o porque el trabajo de los uniformados ha sido ineficaz. Las únicas consecuencias de la aplicación del capítulo de seguridad de esta nefasta ley fueron dos: los abusos policiales, con allanamientos sin autorización de la Justicia, represión de inocentes, robos y hasta muertes, y la hipertrófica saturación del sistema carcelario, que está en un 125 % de su capacidad locativa.
La ley constitucional aprobada por todos los partidos de la coalición de gobierno, devenida en plebiscito, modificaría, en caso de ser avalada en las urnas, el artículo 11 de la Constitución de la República, que establece lo siguiente: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su jefe y, de día, sólo por orden expresa de juez, competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”. La nueva redacción modificaría el texto constitucional de 1830, el primero que rigió a nuestro sistema normativo como república independiente. Aunque la propuesta reformula el concepto de hogar, requiere igualmente una reglamentación para tornarla garantista. Por supuesto, el segundo inconveniente es que, al igual que en el caso de los allanamientos diurnos que se registran en el presente, acorde al nuevo Código Penal, el procedimiento debe contar con la presencia del fiscal que emite el pedido, en un horario inusual. ¿Alguien supone que con los escasos recursos económicos de que dispone la Fiscalía, que ha sido asfixiada presupuestalmente por este Gobierno, eso será posible?
De todos modos, el argumento en contra más contundente partió insólitamente desde adentro de la coalición y concretamente del asesor en materia de seguridad del candidato a la presidencia de la República por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Se trata del comisario general (r) Gustavo Sánchez Paleo, quien, en una entrevista concedida a una publicación partidaria, calificó la propuesta de “manotazo de ahogado, ya que no va al fondo del asunto, que es el narcotráfico”.
En su opinión, algunas de las soluciones son el blindaje de las fronteras para evitar que ingrese la droga y el fortalecimiento de las comisarías barriales, que fueron virtualmente desmanteladas por este Gobierno. Al respecto, dijo que sólo son receptoras de denuncias. Asimismo, el policía recordó que el tema ya fue laudado en las urnas, con el rechazo a la reforma constitucional promovida por la campaña “Vivir sin miedo”.
“Los allanamientos nocturnos no solucionan nada. Lo primero es no permitir que entre la droga al país. El problema no es el síntoma sino la enfermedad”, afirmó enfáticamente, al tiempo de criticar a los legisladores oficialistas que proponen poner tanques y blindados en las esquinas de barrios montevideanos calientes como Casabó y Marconi. “De noche, los cagan a tiros”, manifestó elocuentemente el asesor de Manini. Finalmente, Gustavo Sánchez Paleo, quien también se manifestó preocupado por la seguridad y los derechos de los vecinos, calificó a los allanamientos nocturnos como una “picadora de carne” y una “trampa de oso, que nunca se sabe cuándo se va a cerrar”.
Manini, quien firmó este segundo pacto siniestro para no desaparecer en el seno de la coalición, ignoró las serias advertencias de su asesor, que es un experto y conoce el trabajo de campo.
Los allanamientos nocturnos ya existen en Uruguay, pero se materializan y justifican sólo en situaciones extremas. Por ejemplo, en la hipótesis de un caso de violencia doméstica o de un secuestro, que ponga en riesgo la vida de las personas.
La derecha intenta maquillar su estrepitoso fracaso en políticas de seguridad, en un tema que se comprometió a solucionar pero no solucionó. Ganaron las elecciones mintiendo descaradamente.
