Con violencia no se puede aprender

Entienden que si bien la violencia es generada por múltiples factores sociales, los recortes implementados en la educación agravan la situación en escuelas y liceos. Faltan equipos multidisciplinarios, porteros y funcionarios para hacer frente a estas situaciones.

“Nosotros lo que denunciamos es que la situación general del país, cada día más desintegrado el tejido social y con más niveles de violencia, está repercutiendo a nivel de los centros educativos”, dijo a Caras y Caretas Camila Menchaca, secretaria general de la Asociación de Docentes (ADES-Montevideo). Destacó que hay situaciones que tienen que ver “con lo que pasa adentro del liceo y muchas veces con cosas de afuera, que se trasladan al instituto educativo. Otras veces por un conflicto entre estudiantes que se resuelve finalmente adentro o con la asistencia de personas ajenas a la institución”.

ADES vienen planteando, “desde hace bastante tiempo”, la necesidad de “reforzar cargos que permitan tener más adultos en la institución para poder trabajar el tema”. “Hemos planteado en múltiples oportunidades la necesidad de que se reinstalen distintos programas de coordinación que había en los territorios y que permitían de alguna manera tender puentes entre organizaciones para tratar de desarticular algunos conflictos”, precisó. Se ha planteado “insistentemente” la necesidad de crear una mesa de trabajo en el Codicen, que “ellos no nos habían otorgado hasta el día de ayer (por el lunes), después de los dos paros, tanto nuestros como de la Primaria, y el paro previo de AFUTU en términos nacionales”.

Las autoridades “nos plantean que hay que revisar algunos protocolos bipartitos, lo cual es cierto porque pasaron varios años, pero que siguen estando en vigencia. No obstante los mandos medios, como lo son las Inspecciones, nos dicen que eso no está vigente y, por ejemplo, se están negando a otorgar los días especiales de licencia a aquellas docentes que se han visto agredidas en el marco de la institución educativa, de su trabajo. Eso nos preocupa mucho”.

Señaló que el recorte presupuestal también ha incidido en la violencia. “Ha habido un recorte enorme en lo que tiene que ver con las empresas tercerizadas, que son las que hacen servicio de portería y limpieza”, explicó. Y agregó: “Eso hace que tengamos portero durante menos cantidad de tiempo, y eso evidentemente es una barrera menos a la hora de, por ejemplo, el ingreso de personas externas a la institución, que lamentablemente se ha dado en varias oportunidades”. Otro elemento negativo es la superpoblación en los liceos y en los grupos, “en donde tenemos cada vez menos posibilidades y tiempo de trabajar e identificar justamente cuando hay problemas o potenciales problemas, poder atenderlo previo a que se desarrolle un hecho de violencia”. “No es lo mismo tener una clase con 20 estudiantes que con 30 para lograr identificar esas cosas”, sostuvo. Recordó que desde “hace años que no se está cumpliendo lo que se le llama la paramétrica cantidad de estudiantes, cantidad de adscriptos. Lo que debería suceder es que cada adscripto tenga hasta cuatro grupos a su cargo, pero no más de 100 estudiantes, por lo tanto no debería haber grupos de más de 25. Que sean cuatro grupos, un solo adscripto”.

Acá hay causas profundas que tienen que ver con un proceso de descomposición social y de otros factores, como es el narcotráfico Acá hay causas profundas que tienen que ver con un proceso de descomposición social y de otros factores, como es el narcotráfico

Con respecto a una posible ubicación geográfica de estos problemas, Menchaca dijo que “es bastante general. De hecho, tenemos denuncias en distintas instituciones de Montevideo que van desde zonas céntricas hasta periféricas o en barrios más de tipo residencial”.

Hay diferencias a la hora de una posible respuesta por parte de algunas autoridades, subrayó. “Por ejemplo, lo sucedido en concreto el Liceo 20; después de un par de semanas de haber tenido un conflicto, se consiguió la modificación del recorrido de un ómnibus para que pase por la puerta, y eso en otros liceos se ha trabajado durante años para que suceda y no se logró aún”.

Primaria complicada

“Nosotros tenemos clarísimo que esta situación no solo repercute en las instituciones educativas y que no es posible solucionarlo solo desde las instituciones educativas”, subrayó, por lo que se necesitan “planes de carácter general que incluyan otras instituciones y que tengan un fuerte anclaje territorial. Son fundamentales”.

La escuela tampoco es ajena a situaciones de violencia, recordó Alfonso Larraya, secretario general de la Asociación de Maestros (Ademu-Montevideo). “Tenemos tres situaciones que son puntualmente las que más nos preocupan. Y ante eso hace tres semanas pedimos una entrevista con el Ministerio del Interior y le hicimos este planteo en una entrevista, y también dejamos una nota dirigida al ministro”, explicó a Caras y Caretas.

Respecto a estos problemas, señaló que “el primero es que nos preocupa enormemente la vinculación que hay entre lo que es el Ministerio de Interior y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, en el entendido de que habíamos vivido allanamientos de gran escala, intervenciones en los barrios, situaciones de tiroteos y demás, y que veíamos que el último en enterarse de estas situaciones y al último donde llegaban estas noticias y cómo proceder eran las escuelas y los directores. Que ese primer planteo era fundamental, era coordinar en los territorios. Entendemos que en algunos barrios son mucho más frecuentes y que inciden enormemente en la asistencia a los chiquilines”.

Un dato que es relevante es que en algunas escuelas, los días que hay allanamiento o los días posteriores baja 80 % la asistencia de los alumnos.

El segundo planteo que “le hicimos es que era necesario que en los territorios, en cada barrio, en cada zona de Montevideo, existe una íntima vinculación entre los comisarios de las seccionales y las secciones que tienen. Nosotros le decíamos al ministro y le planteamos a las autoridades que era fundamental una coordinación entre los centros educativos, los directores y los comisarios para, por ejemplo, si se va a hacer un beneficio, un festival, un acto de fin de curso, con la realidad que se vive en muchos lugares, que exista la posibilidad de que haya un móvil policial o agentes para que esas situaciones se desarrollen dentro de los parámetros normales.”

Finalmente, en tercer lugar, “le planteamos, un elemento para nosotros muy importante, que era la capacidad de respuesta que tenía el Ministerio del Interior en las instituciones educativas. Tras lo que pasó el día viernes, nos da la razón en el sentido de que hay una demora. No hay un tipo de intervención que antes estaba, que era la Comunidad Educativa Segura, que era gente afectada al área de educación, que conocía, que tenía formación específica. Hoy en día casi no existe, está desmantelada”.

Otros planteos fueron hechos en instancias bipartitas. “En estas se actúa primero de buena fe y aquellas cosas en las que se llega a acuerdo quedan como dadas y en aquellas en las que no llegan a acuerdo, después la autoridad en la próxima instancia lo responde”, explicó.

En esas instancias reclamaron servicio de portería en todas las escuelas públicas y jardines, en principio de Montevideo, áreas urbanas y demás, “en aquellos lugares en que es muy necesaria la presencia de alguien en la puerta de las escuelas”.

“Lo que tuvimos fue una respuesta que no se dio en el ámbito bipartito, que fue en el ámbito de lo público, en un matutino de Canal 10, donde fue invitada la directora, la presidenta del Codicen, Virginia Cáceres, donde dijo que el dinero estaba para la contratación de ese personal”, indicó. No obstante, “hasta la fecha, después de esa respuesta, no hemos logrado ver que haya ni una sola portería nueva asignada”.

Otro elemento planteado a las autoridades “es el tema de los hurtos y el vandalismo en los centros escolares y en los centros educativos en general”. Una estimación de la ANEP indica que al año se pierden unos cinco millones y medio de dólares, “tanto por reparación de vidrios, roturas, robos, daños. Nos parece que es un volumen de dinero importantísimo”. Eso hace pensar que, “además de la figura de portería, si existiese un servicio de vigilancia, que en algunos centros educativos está por un monitoreo a distancia, pero que en algunos hechos particulares es necesaria la presencia física de recursos humanos, muchas de estas cosas se podrían evitar”.

“Casi todo el equipamiento en lo que tiene que ver con lo pedagógico o lo audiovisual que hay en las escuelas es patrimonio logrado por la comisión de fomento en actos benéficos, festivales y demás, entonces eso no lo repone la autoridad”, destacó. “Entonces, a las escuelas que están más castigadas por un tema socioeconómico se las castiga al doble, porque esas cosas no se reponen más”, sentenció.

Recordó que el pasado viernes se vivió una situación “dantesca”, donde “tres compañeras funcionarias de una escuela fueron agredidas; dos docentes y una auxiliar de servicio. Las compañeras llaman a las 13:05 al 911. Es una institución educativa, tiene prioridad número uno en la atención al 911, pero el primer móvil demora 35 minutos en llegar y además el agresor aún estaba dentro del centro educativo, y recién se lo retira a las 14:35”.

Para Larraya, “hay una falta de respuestas institucionales. Hay falta de comunicación”.

“No denunciamos de forma terrorista o alarmista, esto pasa todos los días, no denunciamos el hecho concreto, vemos que no se han tomado las medidas necesarias para poder solucionar esto”, subrayó. Se trata de una situación que “necesita respuestas urgentes, que necesita que todas las partes nos comprometamos. Nosotros, ya le he narrado todas las acciones que hemos desarrollado y, bueno, reclamamos que haya respuestas concretas, plausibles, de la autoridad para poder mitigar lo máximo posible esto, sabiendo que la situación es enormemente compleja”.

“Acá hay causas profundas que tienen que ver con un proceso de descomposición social y de otros factores, como es el narcotráfico. Lo tenemos clarísimo”, precisó. “No tenemos un análisis sencillo ni banal de la situación, pero nos parece que ante todos estos planteos hechos en tiempo y forma, y ya a casi un año y medio, no hemos avanzado en nada. Hay una negligencia de parte de las autoridades y no corresponde señalar al sindicato como el culpable del paro del día viernes”, concluyó.