Pedido fiscal
Perciballe pidió 15 años y seis meses de penitenciaría para los militares retirados Óscar Mario Roca, Ivo Morales y Abel Pérez como autores de reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves, y para los militares retirados Héctor Caubarrere y Jorge Soloviy, la pena de 14 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos.
En tanto, para Daniel Castellá y Rodolfo Costas, Perciballe pidió una condena de 13 años y seis meses, también por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. En el caso de Luis Estebenet, la Fiscalía pidió una condena de 11 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos, mientras que para Eduardo Saiz, Perciballe pidió una condena de 13 años de penitenciaría.
El caso investiga torturas contra Aníbal Lapunov Velichcov, Hugo Ademar González Sierra y Ricardo Bozinski Schevzov en 1980, y contra Pires da Silva, Esteban Balachir Podchibiakin, Carlos Alberto Jacina Leiba, Pedro Marseñuk Romañuk, Juan Chimailov Robkin, Roman Klivsov Luchilin y Basilio Jacina Oljovsky en 1984.
Hechos
De la acusación presentada surge que: "La colonia San Javier, ubicada en el departamento de Río Negro, a unos 90 kilómetros de la capital departamental Fray Bentos, poseía en la década de los años 80 una población de unas 1.700 personas. Población que, en su enorme mayoría, era de origen ruso. Por ello, mantenían costumbres de esa nacionalidad (comidas, bebidas, bailes, festividades, etc.) y recibían revistas y diarios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Asimismo, por su ascendencia rusa, algunos de sus habitantes recibieron becas para estudiar en la URSS. Entre ellos, el Dr. V. R. B., que se graduó de médico, y E. G. como ingeniero. Por tales motivos, a comienzos de 1980 la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) y la División de Inteligencia e Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval, pusieron el foco de su atención en dicha colonia, por cuanto permitía crear la idea de un nexo entre sus integrantes y el Partido Comunista del Uruguay (en adelante PCU). De esta forma, agentes de inteligencia de dichas reparticiones iniciaron una investigación para crear tal vinculación y perseguir a los habitantes de esa comunidad. En dicho contexto, entre abril y mayo de 1980 se produjo la detención de un número significativo de sanjavierinos, y posteriormente de personas vinculadas al "Centro Máximo Gorki" de San Javier y de Montevideo. Para ello, se contó con la participación y colaboración activa de agentes policiales de la Comisaría de San Javier, de integrantes del Centro Juventud Unida (donde se los mantuvo inicialmente detenidos), pero fundamentalmente del Batallón de Infantería N.° 9, con sede en Fray Bentos, a donde posteriormente se trasladó a los detenidos.
Nuevas detenciones
En el año 1984, Uruguay vivía un momento de euforia por la cercanía del retorno a la democracia. Había pasado el plebiscito del 30 de noviembre de 1980, por el cual la mayoría de la población se opuso a la Constitución propuesta por la dictadura civil y militar. El 28 de noviembre de 1982 se habían realizado las elecciones internas de los partidos políticos habilitados, con el triunfo abrumador de los sectores más proclives al retorno democrático.
El 1° de mayo de 1983, frente al Palacio Legislativo, se conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores, con un multitudinario acto organizado por el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT).
El 25 de septiembre la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP) había realizado una marcha con acto final en el Estadio Franzini, con la participación de 80.000 personas.
El 27 de noviembre de 1983 se había producido el acto en la zona del Obelisco de Montevideo, identificado históricamente como el “río de Libertad”, donde alrededor de 400.000 personas se reunieron para expresar su oposición al régimen dictatorial y exigir el retorno al sistema democrático. Si bien pervivía la dictadura, los sindicatos, los gremios estudiantiles, las organizaciones sociales y los partidos políticos se reorganizaban para el retorno a la democracia.
En abril de 1984 se realizó un nuevo operativo de detención de ciudadanos en la localidad de San Javier, operativo que fue pensado y orquestado al más alto nivel militar. Para ello, se reflotó el viejo argumento de la célula comunista en San Javier utilizado en el año 1980, y el más descabellado fundamento del tráfico internacional de armas, incluido el arribo de submarinos a la colonia por el río Uruguay. El plan, una vez más, fue ideado desde el Servicio de Información de Defensa (SID), que en ese entonces se encontraba a cargo del coronel W. V. (hoy fallecido). Dicho organismo era el encargado máximo de la inteligencia del país y uno de los principales actores en la “lucha antisubversiva”. Pese a que el operativo tuvo su origen en el SID, contó con la aquiescencia y colaboración explícita del comandante de la División de Ejército III, general B. H. (hoy fallecido). No obstante, fue llevado a la práctica por oficiales del Batallón de Infantería N.° 9 con asiento en la ciudad de Fray Bentos, que en ese entonces estaba a cargo del teniente coronel M. A. O. H. (hoy fallecido) y su 2° jefe, el mayor S. C. B. A partir de las órdenes dadas, los oficiales del Batallón de Infantería N.° 9, procedieron a detener a distintos habitantes de la colonia San Javier, así como a trasladar a un preso detenido en el operativo del año 1980, que se encontraba recluido en el penal de Libertad. Ello, por la supuesta vinculación al Partido Comunista del Uruguay y un imaginario tráfico de armas a nuestro país. El procedimiento comenzó con la detención de A. P. D. S., que, como destacáramos, se encontraba requerido por el SID desde el año 1980, cuando se produjera la detención y procesamiento de distintos habitantes de la colonia San Javier.
Solicitud fiscal
En el extenso petitorio, el fiscal Perciballe señala que: “Como señaláramos antes, el operativo descripto fue llevado a la práctica por orden del teniente coronel M. A. O. H. (hoy fallecido) y su 2° jefe, el mayor S. C. B.”.
No obstante, en la Unidad, cada uno de los oficiales de mayor rango, tenientes R. G. C. B., L. P. E. S., A. J. L. O. (actualmente fallecido), tenían a su cargo un detenido a quien interrogar bajo tormentos. De igual forma, dichos oficiales también participaban en los interrogatorios de los restantes detenidos, para obtener información a ser utilizada al interrogar al asignado.
A su vez, con las informaciones que recababan los distintos oficiales en los interrogatorios, se efectuaban reuniones evaluatorias para continuar la búsqueda de elementos incriminatorios.
Asimismo, también resulta responsable de lo acontecido a las víctimas el capitán J. R. S. F., quien, al momento de la detención y tortura de los sanjavierinos, cumplía funciones como oficial S 3 y juez sumariante de la unidad. En su condición de oficial S 3, formaba parte del Comando de la Unidad junto al S 2, jefe y 2° jefe, y, con éstos, fue el encargado de organizar y ordenar las detenciones e interrogatorios de los detenidos.
En tanto, como juez sumariante, era responsable de la investigación de los delitos que se cometieran en la unidad. Pese a ello, y en su posición de garante, no tomó ninguna medida para impedir las privaciones ilegítimas de la libertad ni los tormentos a los detenidos. Los anteriores contaron con la participación del Dr. E. S. P., médico militar de la unidad, quien constataba en qué condiciones se encontraban los detenidos para continuar las sesiones de interrogatorios bajo torturas.
El juicio realizado el 20 y 21 de marzo se puede mirar en el enlace de la Asociación de la Prensa Uruguaya: https://www.youtube.com/@APU_Portal.
Al cierre de ésta nota la Jueza decidió enviar la sentencia al Tribunal de Apelaciones de 1er. Turno ante pedido de la Defensa.
