Afirmaciones de Rando: irresponsables, apresuradas, escandalosas y arteras

Curiosamente, el dictamen se conoce ahora, cuando la ministra Rando ya ha dejado su cargo, y llama la atención que se haya ocultado durante dos meses sin que ni ella ni el Ministerio lo hayan puesto en conocimiento de la opinión pública.

Recordemos que en reiteradas oportunidades las autoridades del MSP señalaron la existencia de graves problemas en el CASMU, y la propia ministra manifestó a los periodistas que se habrían hallado graves irregularidades, indicios de acciones criminales, conjunción de intereses, privilegios y arbitrariedades que obligaban a ponerlas en conocimiento de la Justicia competente.

Tan irresponsables, escandalosas y arteras fueron estas declaraciones acerca del informe de los interventores que causaron un perjuicio evidente al CASMU en su padrón social, en la confianza de sus proveedores y hasta motivaron declaraciones de sorpresa y de solidaridad de algunos ingenuos parlamentarios frenteamplistas que “compraron” el relato de la ministra y llegaron, incluso, a reclamar o sugerir adherir a la idea de que ante semejantes revelaciones había que sustituir a las autoridades del CASMU.

La ministra montó un circo y fue al Parlamento a decir que la situación financiera del CASMU era de terror, que había un proceso de seguimiento e investigación de la gestión, que en este proceso se habían detectado áreas oscuras y turbias irregularidades, manipulación de los contratos, errores flagrantes en las decisiones comerciales, pagos irregulares y conjunción de intereses.

Tan grave era todo lo encontrado que se iba a poner en conocimiento de la Fiscalía el informe de la Comisión Interventora y, por la magnitud de las denuncias, se habían incrementado las inspecciones a las diferentes unidades asistenciales para detectar irregularidades en los servicios que, “lamentablemente”, no se habían comprobado.

La prensa hegemónica amplificó el escándalo y cualquier episodio que sucediera en el CASMU se transformó en una noticia.

Un suicidio en la Emergencia justificó una denuncia penal que la Fiscalía archivó a los pocos días y motivó una investigación administrativa cuyos resultados ni se conocen ni se conocerán si no se hallan motivos para condenar al CASMU.

Unas semanas después, un despido de una pediatra de guardia que no se despertó del sueño profundo cuando la requirieron de urgencia justificó que el Sindicato Médico, en lugar de defender al niño que se fue a su casa con fiebre y sin recibir asistencia, se solidarizara con la profesional y pidiera la remoción de las autoridades del CASMU.

También el Sindicato Médico recibió denuncias contra las autoridades del CASMU de uno o dos empresarios cuya empresa tiene dos docenas de juicios laborales, algunos de los cuales con sentencia firme. Denuncias que, según se difundió, fueron guardadas en un sobre lacrado cuyo contenido permanece en secreto pero parece involucrar al presidente del CASMU. Obviamente la prensa fue informada de la mencionada denuncia y condujo a una difusión mayúscula que dudosamente merezca.

Hoy se sabe, además, que el Gobierno, y más precisamente los blancos en el gobierno, procuraron ahogar al CASMU en su gestión financiera.

Se inventó un relato de que las dificultades financieras eran culpa de la ineptitud y la corrupción de las autoridades y se omitió decir que dichas dificultades se arrastran desde hace treinta años y, por el contrario, se han venido corrigiendo desde hace diez años en que dicho déficit patrimonial viene reduciéndose, y desde hace cinco años los balances auditados por auditores independientes dan resultados positivos.

Se oculta que ASSE le debe al CASMU 10 millones de dólares y que el Ministerio de Economía se niega a emitir la garantía soberana que el Parlamento votó por ley de urgencia en agosto de 2024, y se impide que el BROU le preste al CASMU el crédito que el BROU está dispuesto a prestar una vez autorizada la mencionada garantía.

Ya no quedan más cuentos. No hay irregularidades que ameriten la intervención de la Justicia, no hay incumplimientos en los protocolos de asistencia a los abonados, no hay retrasos salariales con médicos ni funcionarios, no hay condenas judiciales por incumplimiento de leyes laborales, no hay retrasos ni denuncias de los proveedores; las encuestas de satisfacción de los socios son abrumadoramente positivas y la incorporación de procedimientos y tecnología es impactante.

¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué le preocupa tanto al ministro de Economía Gabriel Oddone la situación del CASMU mencionada entre una decena de bombas que el Gobierno deja sin espoleta y que motivaron que el Dr. Jorge Díaz dijera que era como una Ferrari “fundida”?

Yo comprendo que al ministro de Economía le preocupe la Caja de Jubilaciones Profesionales, que supondrá muy probablemente un aporte del Estado de 500 millones de dólares en los próximos cinco años; comprendo que le preocupe la deuda de ASSE, que tal vez ronde los 100 millones de dólares pero que aún no se ha podido evaluar; el reclamo del Ferrocarril Central de 180 millones de dólares; la deuda del Ministerio de Transporte con las empresas constructoras que quizás sean otros 200 millones de dólares; la deuda social que nos deja este Gobierno con 160.000 niños en la pobreza y decenas de miles de jubilados y pensionistas ganando menos que el Salario Mínimo Nacional. Comprendo que le preocupe que la ministra Cecilia Cairo asuma el Ministerio de Vivienda advirtiendo que va a reclamar recursos para cumplir con su deber de acabar con los asentamientos. También comprendo que le preocupe la deuda externa, la regla fiscal, el dólar en Brasil, el déficit fiscal y el juicio de Montecon, la necesidad de mantener el poder adquisitivo del salario y la inflación a los niveles actuales, las ganancias de las AFAP, las de la banca privada, el proyecto Neptuno que costará un dineral, la eventualidad de una guerra mundial y el pavoroso futuro que nos espera del gobierno de Trump viviendo en el “patio trasero” del imperialismo norteamericano. Pero lo del CASMU se arregla con una firma y sin un peso.

Las “cápitas” del FONASA de las que el CASMU dispone alcanzan para pagar lo que le preste el BROU con la garantía votada por ley y por unanimidad del Parlamento en ambas cámaras hace solo ocho meses. Con solo eso, el CASMU ganará más de 500.000 dólares anuales de intereses que dejarán de ganar los operadores del sistema parabancario que, si no me equivoco, también deben ser blancos.

¿Nadie se preguntó quién está ganando con cada mes que se retrasa la firma del ministro de Economía y por qué no tuvo ningún apuro la ministra Arbeleche y, por supuesto, Lacalle Pou? Yo me lo preguntaría, porque no puedo no sospechar de un Gobierno que ha dado mil pistas si se trata de buscar episodios de corrupción. También me preguntaría si un poco de tranquilidad financiera no aceleraría la gestión de los cambios estructurales que el CASMU procura hacer y que sus autoridades se han comprometido a procesar sin conflictos con funcionarios técnicos y no técnicos.

La del estribo

Yo también comprendo que haya interesados en desplazar a las actuales autoridades del CASMU que fueron electas por los médicos capitalizadores y que en setiembre se someterán nuevamente a una elección de autoridades. Comprendo que aquí hay una lucha política y quizás los que ganen sean los que hoy están o los de otras opciones que tal vez sean mejores. Pero yo no me confundo y sé que en toda elección el que gana, gana, y el que no, va a llorar al cuartito. En una elección no tiene nada que ver la Justicia, mal que nos pese; lo que cuenta son los votos.

Pretender desplazar a estas autoridades porque se corre el riesgo de que Raúl Rodríguez vuelva a ganar no está bien, ni ética ni políticamente.

El CASMU es una institución que hay que defender, y defender el CASMU es defender su integridad y su institucionalidad.

En setiembre cada uno jugará sus cartas y ojalá gane el mejor, pero hay que dejarse de embromar con sustituir a las autoridades actuales porque no hay motivo para ello ni justificación alguna.