Era, en opinión de quienes lo conocían, una buena persona.
La designación para el Directorio de Antel era obvia y segura hasta que las nuevas autoridades de URSEC, y especialmente su presidenta, hicieran una grave denuncia que terminaría en la órbita penal y en manos de un fiscal deplorable, llamado Diego Pérez, que objetivamente le arruinó la vida a Cendoya.
En ese momento, otoño de 2020, se oyeron pocas voces defendiendo a Cendoya mientras se desarrollaba una larguísima peripecia penal que, por lo que sé, aún no ha terminado.
Obviamente, el Frente Amplio no pretendió influir en los procedimientos judiciales ni en la actuación de jueces y fiscales, como tampoco lo hizo otras veces, ni en la causa del Antel Arena, ni en la denuncia falsa de una mujer contra Yamandú Orsi, ni en el caso del senador Charles Carrera que, por otra parte, renunció a sus fueron para ponerse a disposición de la Justicia; tampoco en las causas que involucraron a Raúl Sendic, Fernando Lorenzo o Fernando Calloia, donde la Justicia actuó sin interferencia alguna de los gobiernos frenteamplistas ni del propio Frente Amplio como fuerza política.
Después de haberles secuestrado sorpresivamente los celulares y las computadoras a él y sus hijos, y de haber escrutado todos los detalles de su vida y la sus allegados, se acusó a Cendoya de que un exsecretario suyo trituró unos papeles cuya importancia no se ha demostrado, de haberse visto con él en una esquina y de haber reintegrado a una pequeña radio comunitaria de Palmitas los modestísimos equipos transmisores que habían sido secuestrados por funcionarios de la URSEC en forma más o menos irregular.
A Cendoya se le terminó su carrera profesional, su carrera docente y también su carrera administrativa en la función pública, incluyendo un cargo que, sin que aún hubiera una condena con sentencia firme, no puede desempeñar en la administración del Hospital de Clínicas. A poca gente le dio pena, casi ninguna voz se levantó para interpelar a la Justicia, no recuerdo haber leído ni oído que Cendoya es buena gente ni que era justo e intrascendente que una radio comunitaria de Palmitas recuperara sus modestos equipos.
Nadie ha dicho que se haya puesto un peso en el bolsillo ni que haya afectado el patrimonio del Estado ni de los contribuyentes; nadie dice que es un mal tipo, antipático ni un mal trabajador; nadie lo acusa de ser inepto, irresponsable o displicente, pero Cendoya es claramente una víctima de un proceso político y de un fiscal aberrante.
Marzo de 2025
Cinco años después, hace pocos días, asumió el nuevo presidente, Yamandú Orsi, y el sistema político se conmueve porque Guillermo Besozzi, el intendente de Soriano, es detenido en su domicilio, conducido ante un juez y formalizado por una cantidad de delitos que los medios han difundido ampliamente.
La fiscal condujo con discreción una larga investigación que se remonta a varios años atrás y ha documentado con intervenciones telefónicas, pruebas documentales y testimonios los delitos de que se acusa a Besozzi. La jueza escuchó el pedido de formalización y halló mérito para proseguir la investigación y adoptar las medidas cautelares solicitadas por la fiscal, incluyendo el secuestro del celular de Guillermo Besozzi, la colocación de dispositivos electrónicos y la prisión domiciliaria durante 120 días.
Dentro de pocas semanas se eligen las intendencias y los gobiernos municipales.
Varios dirigentes blancos han hecho una defensa cerrada del político detenido y el propio Directorio del Partido Nacional lo respaldó enfáticamente y lo hizo víctima de una operación política planificada construida desde el Gobierno con propósitos electorales y operada por la Fiscalía, a la que se le hace autora de una persecución sistemática a los blancos y de una conducta tendenciosa en beneficio del Frente Amplio.
Solamente dos dirigentes blancos, el intendente de Río Negro Lafluf y la exvicepresidente Beatriz Argimón, parecen esbozar cierta diferencia con el pronunciamiento del Directorio, manifestando una cierta confianza en la Justicia que está ausente en la mayoría de los legisladores y dirigentes del Partido Nacional.
Guillermo Besozzi hizo una conferencia de prensa donde expresó dolor y sorpresa, proclamó su inocencia y se consideró objeto de una persecución política. Se emocionó, lagrimeó, se mostró angustiado y desorientado, apeló a su fama de buena gente y proclamó su decisión de continuar su candidatura a intendente de Soriano.
La lectura de los muy abundantes cargos que se le imputan y del relato de los episodios que lo involucran no parece dejar dudas de sus irregularidades. Naturalmente, su negativa a aceptar los delitos que se le atribuyen hace que se imponga la presunción de su inocencia hasta que el juicio termine y sea, o no, condenado.
No obstante, parece claro que al menos cometió más de un delito, particularmente el de la obligación del funcionario público de denunciar un delito y el abuso innominado de funciones. También otros delitos como peculado y cohecho que se podrían agrupar en el concepto de corrupción. Cuando las investigaciones prosigan, no se podría descartar que se incluyera la posibilidad de atribuirle la asociación para delinquir, teniendo en cuenta que entre condenados e imputados ya van dos docenas de personas, entre las cuales está toda la cúpula de la Intendencia.
No llama la atención el escándalo que provoca el rechazo del Partido Nacional, porque obviamente se ubica en una alineada defensa ante la advertencia de que podrían suceder otras investigaciones en otras intendencias en donde todo el Uruguay sabe que se usa como instrumento de dominación el clientelismo político, el acomodo y la corrupción política. En el caso del intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, que ha sido investigado por recategorizar un campo de su pertenencia para obtener una ganancia en su propio beneficio, no hay fiscal en Tacuarembó y Paso de los Toros que no se haya eximido de actuar contra el dueño del pueblo.
El rechazo desbordado del Directorio blanco se inscribe en una conducta reprobable que hace pocos meses motivó la renuncia de Pablo Iturralde después de que se conociera un audio suyo dialogando con el exsenador Gustavo Penadés, hoy formalizado por pederastia. Hablando de Penadés, no podemos olvidar que algunas de las principales autoridades del Partido Nacional, incluyendo al propio presidente de la República, también manifestaron su confianza en el exsenador, hoy encarcelado por pedófilo.
En ese entonces, Iturralde era presidente del llamado Honorable Directorio, y en el audio difundido manifestaba diferentes formas de presión que él ejerciera sobre la Fiscalía, incluyendo las que podría ejercer sobre el fiscal de Corte, al que suponía “un cagón”.
No deberíamos olvidar la publicación por parte del diario El País de un libro de la exfiscal Gabriela Fossati, que parece haber convertido una diatriba en una especie de manual para atacar a los fiscales.
Si no llama la atención la declaración del Partido Nacional, sorprende un poco la proclamación de inocencia de Besozzi, porque da la sensación de que perdió la brújula y no logra distinguir qué está permitido y qué no en la función pública, donde están los límites éticos y hasta cuál es el riesgo real de caer preso cuando un intendente traspasa los límites y se desvía de la legalidad.
Un llamativo diálogo en una de las conversaciones difundidas entre el intendente y el presidente de ADEOM, en que este último le pedía un adelanto de 150.000 pesos para cubrir un cheque sin fondos, es verdaderamente revelador.
El intendente no le advierte que corre el riesgo de que lo metan preso por usar recursos públicos en forma irregular, sino que su preocupación es el “costo político” de semejante acto, al menos reñido con una práctica administrativa correcta.
Me pregunto, entonces, hasta dónde ha llegado el problema de la corrupción en las intendencias que gobiernan los blancos, cuando un intendente nos recuerda que, si la Justicia actuara como en este caso en todos los gobiernos departamentales, irían todos los intendentes presos y también los secretarios generales de todas las intendencias.
Me temo que, si se investigara en Cerro Largo, en Maldonado, en Tacuarembó, en Paysandú, en Lavalleja y en Rocha, para nombrar al azar solo algunas, nos encontraríamos con situaciones más o menos parecidas. Ni hablar en Artigas, donde ya se han encontrado horrores.
Lo de Besozzi es una lástima porque en verdad es una víctima. No es una víctima de una confabulación política ni de una fiscal ni de una jueza, sino de una sistemática corrupta que obviamente cuenta con la complicidad de mucha gente que se beneficia de la “gauchada” y que está dispuesta a hacer una caballada en solidaridad con el intendente indagado y una “bicicleteada” en su defensa. Y, eventualmente, hasta de votar a un intendente acusado de corrupción porque le conviene que gane el que él elige porque le da trabajo, prebendas, ventajas o lo beneficia de alguna forma; le regala chapas, le vende o le compra mercadería y le paga o le cobra a mejor precio; le arregla el camino de la estancia o le hace un puentecito; le arregla un viaje en que le lleva los toros a su campo y le paga con tosca o pedregullo para que se lleve en el mismo viaje de camión.
Yo creo que, en lugar de festejar que un intendente blanco esté hoy imputado, ni imaginar conspiraciones que obviamente son imaginarias, podría ser un buen momento de reflexionar e imaginar acciones para que la lucha contra la corrupción política se transforme en una política del gobierno y también en actos que atraviesen transversalmente a líderes y personalidades de la sociedad, de la academia y de todos los partidos que acuerden en la necesidad de una batalla por la ética de las políticas públicas que, por desgracia, está demasiado lejos.
