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Congreso de la AUF bajo tensión

Los clubes denunciantes y otras instituciones esperan respuestas de la AUF sobre el manejo de fondos; Alonso y su equipo enfrentarán preguntas difíciles.

Este jueves 31 de octubre se llevará a cabo el Congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un clima de alta tensión. La AUF enfrenta denuncias penales de parte de varios clubes por supuestos manejos irregulares de fondos y controversias sobre la distribución de los derechos de televisión.

También ha habido denuncias periodísticas sobre la asignación de los recursos económicos distribuidos a los clubes, que evidencian un notorio desequilibrio, dado que el 43 % del llamado Fondo de Fortalecimiento (2.9540.000 dólares) ha sido entregado al Club Nacional, mientras solamente el 57 % ha sido entregado, al parecer en calidad de préstamo, a los demás clubes profesionales (30 en total) que lo requirieron, según un listado que publicamos en esta edición.

Se suma a estos hechos la discutida actuación de los árbitros en fallos claves que definirían partidos y posiciones en el campeonato y también han abundado los rumores de que habría dificultades inocultables para pagar los compromisos asumidos con Marcelo Bielsa y el cuerpo técnico de la selección.

La polémica se agrava con nuevas acusaciones que podrían definir el futuro de la institución y de su presidente, Ignacio Alonso, que no obstante parecería mantener muy sólida su posición, al menos mientras guarde el apoyo del Gobierno, del presidente Lacalle Pou y de Alejandro Domínguez en la Conmebol.

El Congreso de la AUF, que se celebrará este 31 de octubre, promete ser uno de los eventos más tensos en la historia reciente del fútbol uruguayo. Lo que debería ser una reunión institucional ordinaria para discutir temas clave del fútbol uruguayo, se ve empañado por denuncias penales, enfrentamientos entre los clubes y acusaciones de manejos irregulares por parte de la directiva encabezada por Ignacio Alonso.

El trasfondo de las denuncias penales

A finales de agosto, doce clubes del fútbol uruguayo, entre ellos Defensor Sporting, Cerro, Cerro Largo, Fénix, Liverpool y Progreso, presentaron una denuncia penal contra las principales autoridades de la AUF. Las acusaciones incluyen presuntas irregularidades en la presentación de balances y la falta de transparencia en el manejo de fondos por más de 25 millones de dólares enviados por la Conmebol en los últimos años.

El fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, ha tomado el caso con seriedad, estudiando en profundidad la documentación aportada y evaluando citar a los miembros del Comité Ejecutivo de la AUF y a funcionarios de jerarquía para esclarecer el destino de esos fondos. Mientras tanto, varios dirigentes, como Eduardo Ache y Gastón Tealdi, han defendido las decisiones tomadas durante su gestión, justificando el uso de algunos fondos en respuesta a la pandemia de covid-19 o en adelantos a clubes basados en supuestos futuros ingresos por derechos de televisión.

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Las tensiones con Tenfield y los derechos de televisión

El contrato de los derechos de televisión es uno de los temas más candentes en este conflicto. Con el contrato actual entre la AUF y la empresa Tenfield a punto de expirar en 2025, el debate sobre su renovación ha polarizado a los actores del fútbol uruguayo. Los clubes que impulsaron la denuncia están alineados en la idea de la renovación con Tenfield, mientras que Alonso y su equipo dicen tener otras opciones mejores para abrir el mercado a nuevas empresas en 2025, lo que permitiría, de ser ciertas sus afirmaciones, generar mayores ingresos para los clubes.

Sin perjuicio de que estas opciones potenciales son motivo de rumores y cabildeos en el ambiente del fútbol, quienes más conocen dudan de que tales opciones existan y que superen lo que Tenfield dice estar dispuesto a pagar.

Ignacio Alonso ha calificado la denuncia penal como una "operación" motivada por una "guerra comercial" en torno a los derechos del fútbol local, sugiriendo que detrás de las acusaciones hay intereses comerciales que buscan mantener el control de estos derechos. Según Alonso, el fútbol uruguayo ha perdido entre 250 y 280 millones de dólares en los últimos 15 años debido a acuerdos desfavorables y la falta de competitividad en las negociaciones.

Sin embargo, los clubes que se alinean con negociar con Tenfield alegan que esta empresa estaría dispuesta a realizar una oferta muy atractiva y a adelantar una suma muy considerable de dinero para que aquellos clubes que lo necesitan puedan disponer de ellos para continuar con su actividad.

El tema de los derechos parece ser particularmente sensible en el Club Nacional, por su comprometida situación financiera y por la incidencia que tiene en su masa social Eduardo Ache, quien desde la Asamblea de Asociados de la institución ha marcado la cancha a las actuales autoridades que deben timonear el club hasta mediados de 2025 sin recursos frescos que permitan airear un pasivo muy voluminoso y obligaciones fuertes e ineludibles.

La polémica con el BROU y los fondos de la Conmebol

Otro tema que ha encendido la controversia es la doble presentación de garantías ante la Conmebol y el Banco República (BROU) por parte de la AUF, algo que fue denunciado por los presidentes de Liverpool y Cerro Largo. También es un tema la constatación de que en el balance de la AUF existe un patrimonio de solo US$600.000 y una pérdida en el ejercicio de 8 millones de dólares.

Semejante realidad no justificaría mantener una línea de crédito de US$7.000.000 que ha sido sostenida en votación dividida del directorio del BROU, en tanto los servicios técnicos del banco no eleven un informe sobre el balance presentado por la AUF, que aún no ha sido aprobado por el Congreso y que será severamente objetado por numerosos clubes la próxima semana.

Los clubes acusan a la AUF y los papeles parecen darles la razón por haber cedido las mismas garantías a ambas entidades para obtener un adelanto de 10 millones de dólares de la Conmebol, mientras esas mismas garantías estaban comprometidas en un fideicomiso con el BROU.

También llama la atención que los adelantos comprometidos como garantías hayan entrado en una cuenta del Banco Santander y no en la cuenta de la AUF del BROU.

Otro tema que parece preocupar a las autoridades del BROU es que los derechos de la televisión que corresponden al actual contrato con Tenfield están constituidos también en garantía tanto de las deudas de la AUF como del Club Nacional, en tanto ésta parece haber ya cobrado la totalidad de contrato con Tenfield con vales que recibió y que fueron descontado a prestamistas privados.

También el balance de Nacional del 31 de octubre de 2023 es motivo de controversias. De acuerdo a lo que ha informado el periodista Julio Ríos, Nacional recibió, además de estos 29.540.000 dólares, otro préstamo de 4.000.000 de dólares de Conmebol, gestionados por Eduardo Ache a través de la AUF, lo que, al parecer, engrosa un pasivo de 65 millones de dólares compuesto por 12 millones de pasivos bancarios y 14 millones de pasivos no bancarios por los que se estaría pagando un interés de más de un millón de dólares al año.

Disgregando el pasivo, aparece otro rubro difícil de dilucidar, agrupado como ”contratos a devengar” sin ninguna explicación que ayude a comprender el origen de esos saldos. Si no entiendo mal, “contratos a devengar” es un concepto que expresa la existencia de obligaciones contraídas que no se han pagado aún. Tampoco es posible identificar cómo han sido registrados y si lo han sido los “préstamos” otorgados por la AUF y la Conmebol.

Por otra parte, es difícil saber cómo se han registrado los “préstamos” de la AUF a los clubes. Es más, se sabe que alguno de los clubes no los han registrado como préstamos, por lo que no se sabe si llegado el momento se reintegrarán a la AUF.

Esta situación ha generado mucha preocupación en algunas de las autoridades del BROU, que ha solicitado un informe jurídico para evaluar la validez de la denuncia.

La investigación también podría comprometer la línea de crédito de la AUF con el banco estatal, una situación que ya ha sido objeto de discusión en el directorio del BROU, que está dividido entre una mayoría de directores que apoyaría la continuidad de las líneas de crédito y una minoría que parece muy preocupada por algunas opacidades que comprometerían la capacidad de pago de la AUF. La mayoría estaría compuesta por Salvador Ferrer y Alejandro Lafluf, representantes del Partido Nacional, y Max Sapolinski, representante del Partido Colorado, del sector que responde a Pedro Bordaberry. La minoría está compuesta por el representante del Frente Amplio, Leandro Francolino, y Pablo Sitjar, de los sectores de Cabildo Abierto que mantienen serias diferencias con Guido Manini.

Un congreso decisivo en medio de la tormenta

El Congreso de la AUF llega en un momento crítico. Los clubes denunciantes, junto a otras instituciones del fútbol uruguayo, esperan respuestas concretas sobre el manejo de los fondos, mientras que Alonso y su equipo deberán enfrentar preguntas difíciles.

La posibilidad de que esta crisis aumente su intensidad está latente, tal vez con el futuro del presidente de la AUF en juego, máxime que aún no se saben los alcances que pudiera tener la investigación judicial y la decisión ulterior a la presentación de un balance tan “vidrioso” en el Banco Central que pudiera determinar inclusive la pérdida de categoría.

Los equilibrios de poder en este congreso serán fundamentales para definir el curso de los próximos meses. ¿Seguirá la AUF el camino de abrir sus contratos de televisión a nuevas ofertas en 2025? ¿Se aclarará el destino de los fondos de la Conmebol? ¿Qué extraño juego se está haciendo con las garantías y las transferencias? ¿Por qué se demoran los informes de los servicios técnicos del BROU y cuáles presiones deben soportar de la Presidencia del BROU y eventualmente de la propia Presidencia de la República? Estas y otras preguntas cruciales podrán o no ser satisfechas en un evento que podría marcar un antes y un después para el fútbol uruguayo.

Mientras tanto, la comunidad del fútbol uruguayo sigue expectante, con la esperanza de que se encuentren soluciones que no solo resuelvan las disputas internas, sino que también permitan fortalecer la gestión y la transparencia en la AUF. Sin embargo, con tantas tensiones acumuladas y denuncias en curso, el futuro del fútbol uruguayo parece más incierto que nunca.

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***

Pedro y el lobo

Pedro Bordaberry era un adolescente cuando su padre, Juan María, se constituyó en el miserable dictador admirador de Francisco Franco, fascista, ultraconservador y reaccionario, que dio un golpe de Estado en Uruguay. 30 años después, el juzgamiento de sus crímenes lo condujo a la cárcel y se le probó la autoría, con agravantes, de reiteradas atrocidades, de homicidios, torturas y desapariciones forzadas, consideradas delitos de lesa humanidad.

Pedro no es culpable de las barbaridades de su progenitor, pero nunca se le ha oído ni una palabra de crítica a las horribles acciones de su padre, quien será recordado para siempre como un perjuro que arrasó con la Constitución, las instituciones democráticas y las libertades.

Las palabras de Pedro tienen un tono suave, persuasivo, pero en verdad no es una persona muy distinta del dictador, aunque creció en un país democrático que su padre procuró destruir.

Ministro, senador y candidato presidencial del Partido Colorado, este joven privilegiado recaló por sorpresa en el fútbol, arrasando con las instituciones que lo gobernaron por casi 100 años, dando un golpe de Estado que denominó “intervención” y que recibió la protección de la Conmebol, el organismo rector del fútbol de Sudamérica, organización cuya corrupción ha sido proverbial en su breve historia plagada de tramposos y corruptos.

Hablando de historia, no existe en la historia del fútbol uruguayo una persona tan ominosa y nefasta como el Dr. Pedro Bordaberry.

En otro ámbito, aunque tanto más popular y de connotación masiva tal vez superior al de la política, el hijo del dictador, Pedro Bordaberry, es el responsable de haber prohijado y liderado otro golpe de Estado. Además, en este caso y al igual que su padre, su acción prohibió las elecciones que debieron realizarse el 28 de agosto de 2018 para elegir presidente de la AUF entre los dos candidatos que continuaban presentados. Así, ilegítimamente y apoyado en la intervención decretada por la corrupta FIFA, el entonces senador Bordaberry usurpó el sillón de presidente de la AUF, como siempre con suculenta remuneración y oscuros propósitos.

Con ese negro pasado a cuestas, mientras consideró animarse a volver a la arena electoral en el Partido Colorado, se desempeñó, luego de dejar la intervención de la AUF, como “asesor externo” y luego CEO de Montevideo City Torque Sociedad Anónima Deportiva, aparentemente una filial del club Manchester City del fútbol inglés.

Su justificación, si así puede llamarse, coincide con el relato de Eduardo Ache que inspiró y acompañó en la intervención y hoy se postula al Senado de la República por las listas de Cabildo Abierto, y también a la directiva del Club Nacional de Fútbol. Ambos justifican su accionar en el prolongado y controvertido proceso de adquisición de los derechos del fútbol.

En realidad, los hechos parecen demostrar lo que desde estas páginas afirmábamos hace un lustro. Esta justificación no es más que una mentira que procura hacer creer que la disputa que hoy ocurre en la AUF no es un enfrentamiento entre la transparencia y la corrupción, entre el equilibrio y el atropello, sino entre los que apoyan a Paco Casal y quienes se le oponen.

La extraña connivencia entre Ignacio Alonso, presidente de la AUF, Pedro Bordaberry, Eduardo Ache, Alejandro Lafluf, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, Armando Castaingdebat y Luis Lacalle Pou agrega mayor turbiedad al asunto.

Hace más de 50 años que se discuten los derechos de televisión en el fútbol y el tema se ha constituido en un debate circular que la intervención ha potenciado y las autoridades ilegítimas emanadas de ella han continuado. Antes de la intervención teníamos un gran problema, y después de la misma tenemos un monstruo que arriesga arrasar con todo. Ya arrasó con las instituciones, no democratizó nada, menospreció el rol de los clubes de fútbol, que son los pilares sobre los que se sostiene el fútbol profesional, la pasión y también el negocio, entronizó a las Sociedades Anónimas Deportivas y los negocios financieros, creó estructuras “de interés” que se constituyeron como grupos corporativos y se capituló entregando la independencia a las autoridades más que sospechosas de la Conmebol encabezada por el paraguayo Alejandro Domínguez, que para más información es la que le paga el sueldo de sesenta mil dólares al presidente de la AUF, Ignacio Alonso, para que sepa quién es su jefe.

Las recientes actuaciones de los árbitros y las denuncias de los directivos de Peñarol, Cerro Largo y otros clubes han evidenciado actitudes corporativas en los llamados grupos de interés que en otra esfera han intervenido en el clima de convivencia dentro de la Selección y han, incluso, generado rumores sobre la continuidad de Marcelo Bielsa al frente de la misma.

Tiene razón Ruglio si sospecha que quieren cocinarlos a él y a Peñarol a fuego lento, no por alinearse con los que quieren negociar con Tenfield, sino por haberse enfrentado a quienes quieren manejar el fútbol uruguayo con tal grado de opacidad que los ha llevado a la Justicia de Crímen Organizado.

Esto que aquí nos despertamos como con una novedad se visualiza en el fútbol del mundo y hasta el más distraído tiene la sospecha de que, cuando en esa ruleta rusa de las copas internacionales se juegan las fichas más costosas, mandan más los burócratas, sponsors y los intereses que los goles.

El estatuto actual fue impuesto por una intervención ilegal y aprobado en circunstancias extorsivas. Las autoridades que surgieron en ese estatuto acompañan la arbitrariedad de su origen y carecen de independencia y legitimidad.

Es obvio que el silencio es ensordecedor porque hay demasiado “sobre” circulando para que la voz de los medios no se haga oír. Probablemente la mayoría no pensará como hoy piensan Palma, los dirigentes de Danubio, Defensor, Cerro, Fénix, Progreso, River, Wanderers, Rampla, entre otros.

No creo que la clave de la disputa sea Paco Casal. Por algo la oposición a la conducción de la AUF es tan diversa y algunos de los más activos han sido fuertes críticos de Casal. No tengo oído que Casal haya defendido al dictador ni a la dictadura, ni nadie le ha imputado participar en las mafias que han debido responder por sus conductas corruptas en la FIFA y la Conmebol.

Obviamente, tampoco Bordaberry fue electo en Torque, ni hubo elecciones, ni le ganó a nadie, ni lo votó nadie. Pedro fue un intruso en el fútbol profesional, aupado desde la FIFA y las autoridades paraguayas de la Conmebol.

Vale la pena recordarlo. La mayor parte de estas líneas fueron escritas cuando Pedro intervino la AUF. Cinco años después las recordamos para que todos sepan que, como en el ajedrez, muchas veces el error está en la partida.

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