El archivo definitivo del caso Antel Arena

El fiscal Rodríguez analizó la documentación, recogió testimonios y dictaminó que no hubo ningún acto penalmente reprochable, que los tales costos de 40 millones de dólares referían solo a la obra civil, sin incluir ni la demolición de lo que quedaba del cilindro ni toda la obra de los alrededores, el equipamiento técnico, acústico, la intervención en la zona, como habían aclarado en muchas oportunidades los arquitectos de Antel que el fiscal Rodríguez reconoció en el propio dictamen como muy competentes. El fiscal no encontró nada en las compras, en los pagos, ni observó que ninguna empresa haya impugnado y nadie que se haya favorecido. En suma, no encontró ninguna incidencia sospechosa de corrupción. Lo único que observó como legítimo es que cualquier persona puede estar o no de acuerdo con que el Estado haga una obra de esa naturaleza, pero ese es un tema político y no del ámbito penal.

Todo esto que reafirma el fiscal Rodríguez, que ya había dicho el fiscal Machado, que ya había sido determinado por las auditorías internas de Antel y externas, salvo la auditoría trucha ordenada por el directorio de este Gobierno que se va y realizada por una militante de ellos, auditoría que ya había sido vapuleada por el fiscal Machado por trucha e impresentable, es una evidencia más de que Lacalle Pou y sus adláteres de la coalición intentaron judicializar de manera espuria la construcción del Antel Arena para perjudicar a la vicepresidenta electa, Carolina Cosse, y manipular a la opinión pública.

La causa Antel Arena es un invento desde el vamos. Fue un intento grosero de guerra jurídica, de lawfare que llevaron adelante los dirigentes de la coalición, y en especial Lacalle Pou, con la complicidad de los medios de comunicación que transformaron una obra hecha de forma completamente legal, que ha traído muchos beneficios para Montevideo y para Antel, en una cosa sospechosa, manchada por la suspicacia, haciéndole en el camino un daño inestimable a la empresa tecnológica más importante del Uruguay, que además es pública, y horadando el buen nombre de Cosse y el prestigio del gobierno del Frente Amplio.

A nadie le puede caber duda de que la orden de Lacalle de insistir judicialmente con la causa archivada, justo antes del comienzo formal de la campaña electoral, buscaba echar barro sobre una precandidata y sobre la fórmula más probable de la izquierda, incluso a sabiendas de que insistían con una denuncia sin sustento, en una estrategia deshonesta y mamarrachesca, además de costosa para el Estado que pagó a los abogados que se obstinaron en esta intentona de asedio judicial avieso, infame, desviado.

¿Cómo se debe actuar cuando hay una estrategia llevada adelante desde un Gobierno, en conjunto con un aparato mediático bien regado de beneficios, para perjudicar a líderes políticos o partidos mediante causas truchas, sin fundamento jurídico? ¿Cómo se protege a la democracia de este fenómeno que tanto daño ha hecho en otras partes del mundo?

Es una fortuna que el caso trucho llevado adelante por dos personas lideradas por la entonces dirigente del partido nacional Romina Celeste no haya prosperado, porque la supuesta agredida por Yamandú Orsi reconoció que habían inventado todo. Y es una fortuna que esta causa haya merecido dos archivos consecutivos por sendos fiscales que no se dejaron presionar por los medios y evaluaron la prueba y los testimonios con honestidad y profundidad. Pero ambos intentos de ensuciar la cancha protagonizados por la derecha deben llamarnos la atención, porque un día la causa la agarra una fiscal deshonesta y militante como Gabriela Fossati y no sabemos dónde termina.