Para dimensionar la significación de estas cifras, conviene relacionarlas y proporcionarlas con otros indicadores del sistema bancario y de la economía en general. Si tenemos en cuenta que el crédito agregado de estas 5 instituciones alcanza una cifra cercana a los U$S 20.000 millones, entonces su ganancia representa un 7,5 % del crédito. ¿Cómo se interpreta esto? En forma sencilla, quiere decir que, si los ingresos de los bancos fueran sólo por sus préstamos, éstos deberían cargar una tasa piso de crédito del 7,5 %, sobre los costos de los depósitos, los costos operativos y las previsiones. El resultado sería una tasa de préstamos exorbitante.
Esto es en parte así ya que las tasas de créditos al consumo por parte de la banca privada exceden la que se cobra en casi todos los países, obviamente la de los países “serios”. Pero, por otra parte, es reflejo de la creciente “marginación” de los bancos en el negocio de servicios, específicamente en lo que tiene que ver con el sistema de pagos de la economía que, siendo un bien público, se encuentra en manos de un oligopolio formado por unas pocas empresas bancarias y de servicios, ante la mirada displicente del regulador.
Pero miremos otro ratio. El patrimonio agregado de estas 5 instituciones era de U$S 4.700 millones a fines de 2024. Si dividimos la ganancia anual por el patrimonio, llegamos al retorno sobre el patrimonio, cifra que en el ejercicio 2024 excedió el 30 %. Este nivel más que duplica la rentabilidad de la banca en los países desarrollados y más que triplica la media histórica en nuestro país. A modo de ejemplo, la serie del retorno sobre el patrimonio del total del sistema bancario estadounidense arroja un promedio por debajo del 10 % en los últimos diez años. JP Morgan Chase, el banco más grande y más rentable de Estados Unidos, marcó 18 % el año pasado, mientras que el Bank of America registró 9,5 %. El Banco Santander, uno de los más rentables del mundo, registró en 2023 un retorno en el entorno del 15 %.
La diferencia no es menor. Esto significa que, si en lugar de ganar 30 %, hubieran ganado “solo” 15 %, el retorno se hubiera reducido en U$S 750 millones. ¿Dónde habría quedado la diferencia? En primer lugar, hubiera quedado mayormente en Uruguay, bajo la forma de tasas de interés más altas para los depositantes —reduciendo las tentaciones de colocar en productos como Conexión Ganadera—, tasas de interés menores para las empresas nacionales y familias, y costos de transacción más reducidos para los ciudadanos “incluidos financieramente”. Agreguemos a esto que el BROU representa aproximadamente la mitad de las ganancias y que éstas van a rentas generales, por lo que el remanente de casi U$S 400 millones cae en la banca privada, libre para ser transferido al exterior como dividendos.
¿Imaginan toda la vivienda social que se podría financiar con un excedente de tal magnitud todos los años?
Podrían eliminarse en cinco años seiscientos asentamientos, según lo calculara el subsecretario de Vivienda del actual gobierno de acuerdo a los costos de lo invertido hasta ahora por esa cartera.
Resultaría interesante si el BCU pudiera disponer de tiempo para estudiar esta “anomalía” tan relevante en la rentabilidad de la banca uruguaya, y si esto tiene algo que ver con un excesivo poder de mercado por parte de los grandes grupos bancarios internacionales con presencia en la plaza local. ¿Quién sabe?, de repente encuentran que podría tener algo que ver con la escasa competitividad de las pymes uruguayas. ¿Será que la Asociación de Bancos Privados puede llegar a irritarse ante un estudio de esta naturaleza?
La realidad es que, ya desde la presentación del primer presupuesto en 2020, la Administración actual dejó en evidencia su intención de fortalecer la posición de mercado de la banca privada en detrimento del BROU, lo que hubiera exacerbado aún más la rentabilidad y los dividendos de la banca privada.
En efecto, en el proyecto original se incluía, en el artículo 281, la sustitución del artículo 453 de la ley n.° 15.903 del 10 de noviembre de 1987, que obliga a las empresas públicas a realizar sus depósitos en el BROU. Afortunadamente, la propuesta “liberalizadora” del Ejecutivo fue rechazada, aunque, hasta el día de hoy, nadie se ha atribuido la paternidad de tamaña idea en beneficio de la banca extranjera. Otro de los grandes misterios de la Administración que hace su retirada, como los gastos reservados del Fondo Coronavirus, el precio de las vacunas o, mucho más recientemente, el apuro sospechoso para firmar el contrato del Proyecto Neptuno.
Deberíamos empezar por reconocer que los bancos son empresas privadas de una naturaleza muy especial, y por ello requieren supervisión pública. Si bien son instituciones privadas, ofrecen un servicio público que es la creación de dinero junto al BCU y el acceso al sistema de pagos. Por ende, no pueden exhibir rentabilidades más cercanas a la de la exploración petrolera en Mozambique que al de una empresa de servicios eléctricos o telefónicos. Tal vez el próximo Gobierno ponga sus ojos en la ganancia de los bancos privados, un síntoma más de una economía al servicio de los “malla oro”.
