La Conmebol, la AUF y las casas de apuestas británicas

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Hace un par de semanas, la Asamblea de Rampla Juniors aprobó la incorporación al club de una sociedad anónima deportiva (SAD) controlada por el estadounidense Foster Gillett. En los mismos días se anunció la intención de Gillett de hacerse de la propiedad por 30 años de los derechos de la gestión del club argentino Estudiantes de La Plata.

Una operación financiera muy controvertida que parecería establecer un conflicto de alta intensidad entre dicha institución y la Asociación de Fútbol Argentino que rechaza firmemente la transformación de instituciones civiles sin fines de lucro en sociedades anónimas deportivas.

En el caso de Estudiantes, club que preside el exjugador Sebastián Verón, Gillett adelantaría un préstamo de más de quince millones de euros para la compra de jugadores. Este adelanto tendría el propósito de obtener el apoyo de los socios, que en los próximos días deberán decidir si se sigue adelante con la conformación de la sociedad proyectada.

En una operación similar, el padre de Foster, George, había acordado en febrero de 2007 la compra del Liverpool de Inglaterra, prometiendo entre otras cosas la construcción de un nuevo estadio por una cifra de 215 millones de libras esterlinas.

No había pasado un año, y los hinchas del Liverpool ya se querían sacar de encima a Gillett y sus socios, cosa que terminó ocurriendo en 2010, cuando el grupo fue forzado finalmente a vender el club, debiendo enfrentar juicios de acreedores que le reclamaban por haber financiado la compra.

No parece plausible la idea de que la familia Gillett intente recuperar con Rampla lo perdido con la fallida compra del Liverpool, pero, sumado a la operación muchas veces millonaria en Argentina, las cosas toman otro cariz. Por lo pronto, tratándose de financistas que juegan a nivel mundial, existirán fundamentos, por poco visibles, que nos resulten a los uruguayos comunes, máxime tratándose de la meritoria, humilde y legendaria institución del Cerro que tiene uno de los estadios más pintorescos del mundo. Lo que el Real Estate publicitaría como en primera línea de la bahía, justito frente al mar.

¿Dónde estará el hilo de la madeja?

Como ha quedado en evidencia con la AUF de Ignacio Alonso, cuando algo de lo que ocurre en el fútbol uruguayo desafía el sentido común, resulta iluminador apuntar la mirada a lo que ocurre con el virreinato de la Conmebol, orquestado desde Asunción por Alejandro Domínguez y fielmente ejecutado por un puñado de socios habilitados que se mueven como pez en el agua en los círculos del poder político y económico de nuestro país.

¿Cuáles son, entonces, las novedades de “destaque” provenientes de Asunción en estas últimas semanas?

El miércoles 11 de diciembre tuvo lugar en su sede en Zurich el Congreso Extraordinario de FIFA, ocasión en la que se aprobó que la Copa del Mundo 2030 empiece con partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay, para luego desarrollarse con “normalidad” en España, Portugal y Marruecos. “El mundo se va a parar para celebrar el centenario del Mundial”, expresó el presidente de FIFA, Gianni Infantino, haciendo clara referencia a nuestro Estadio Centenario, sede del Mundial de 1930.

Desde Asunción participaban en forma virtual Alejandro Domínguez, Ignacio Alonso, “Chiqui” Tapia de la AFA y Robert Harrison de la APF. Si tuviera que acertar, diría que el negocio es la remodelación del Estadio Centenario, ¿una gigantesca obra que se realizaría con el aparente único propósito de jugar un partido dentro de 5 años?

Se estima que las obras costarán unos 150 millones de dólares, “oportunidad” que seguramente entusiasme a estudios profesionales, constructores, proveedores y cuadros dirigentes, como es el caso de Eduardo Ache, quien ha decidido volver a integrar los estamentos directivos del fútbol uruguayo para no estar lejos de la piñata.

Pero difícilmente éste sea un negocio que atraiga a magnates como Foster Gillett y otros que merodean por un fútbol uruguayo cuya realidad económica no se condice con los “powerpoints” que usa Alonso para “atraer inversores”. Después de todo, el negocio no puede ser tan rentable cuando la mismísima AUF, ente rector del deporte en nuestro país, lleva perdidos casi 20 millones de dólares desde la intervención “modernizadora” que llevó adelante Pedro Bordaberry en 2018 para tomar el control del fútbol.

¿Pero por dónde pasa entonces el interés de una SAD que ingrese ahora en el fútbol uruguayo?

Es verdad que los primeros fondos recaudados por el fideicomiso que retiene excedentes de IVA generados por apuestas y quinielas vinculadas al fútbol fueron a parar nada más ni nada menos que al Montevideo City Torque, “club que tenía en proceso el complejo de desarrollo juvenil”, según informó la misma AUF para justificar el desembolso.

No se puede descartar que Gillett esté especulando con convertirse en un nuevo beneficiario de la generosidad que Ignacio Alonso exhibió a favor de la aventura del Dr. Pedro Bordaberry.

Pero es implausible que Gillett no haya podido hacerse de una copia del último balance de la AUF y el informe de la Comisión Fiscal, ni se haya enterado de las complicaciones penales que deberán afrontar algunos de sus directivos en los próximos meses en un juzgado de crimen organizado.

¿Dónde está la clave, entonces?

No sería sorprendente que el verdadero interés detrás de todo esto sean los ingresos vinculados a las apuestas deportivas. El primer síntoma de que por ese lado estaría el huevo de la serpiente se produjo en junio de 2022, cuando la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas multó a la Conmebol y la intimó a dejar de emitir publicidad no autorizada en campos de juego de nuestro país.

Concretamente, en ese año había aparecido publicidad de un sitio de juegos que está “bloqueado y prohibido en Uruguay”, según expresaba el director de Loterías y Quinielas. La firma en cuestión es la británica Betfair, y la multa a la Conmebol fue de aproximadamente 60.000 dólares por infringir las normas uruguayas.

Esto provocó mucho revuelo por parte de los agentes de Domínguez en nuestro país, quienes llegaron a amenazar a autoridades y legisladores con que, de seguir adelante con la pretensión de cobro, se pondría en riesgo la participación de Uruguay en el Mundial 2030. Supuestamente los motivos se sustentaban en los enojos de Alejandro Domínguez por los pruritos morales que justificaban la decisión de las autoridades uruguayas y las leyes arcaicas que —todavía— no podía manejar a su antojo en Uruguay.

En efecto, el vínculo entre las empresas británicas de juego, el fútbol, el Mundial del 2030, la Conmebol y la AUF quedó explicitado por las mismas autoridades de la AUF que comparecieron ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el 26 de octubre de 2022. Refiriéndose a las ventajas y riesgos de abrir el mercado del juego a la libre competencia, el Ec. Eduardo Ache, que encabezó la delegación de la AUF en dicha instancia, expresaba: “Entiendo la importancia de la salud, y es una obligación de ustedes, como legisladores, tomarla en cuenta, pero en la actividad en que nosotros estamos —a veces lo damos por hecho— no hay función social más importante y, sobre todo, que incida en la salud —en épocas de drogas y una cantidad de enfermedades, además de la que compete a la que ustedes están tratando—, que no sea el fútbol, cumpliendo su rol”.

Llama la atención semejante desparpajo en la defensa de la multinacionales del juego por apuestas en su versión más liberal, porque en ese momento coexistía el dirigente de la FIFA con el asesor principal del senador Guido Manini, líder de Cabildo Abierto.

Claramente, para las autoridades de la AUF la protección de la salud mental de los ciudadanos, especialmente los niños, era secundaria al objetivo de recaudar dinero para un fútbol cada vez más alejado de su función social.

En la medida que el marco normativo vigente del juego online no ha cambiado, las presiones siguen. Y el Mundial 2030 estaría jugando en ese sentido a favor de los intereses por la liberalización del juego. Efectivamente, en los corrillos ya se escuchan advertencias sobre la necesidad de generar un “marco de excepción” para el partido a jugarse en el Estadio Centenario en el 2030, permitiendo la aparición de propaganda de sitios de apuestas. Si estos temores se confirman, los costos para el país de albergar ese partido podrían ser mucho mayores y permanentes que los 150 millones que costará remodelar el estadio.

Veamos lo que viene ocurriendo en el propio Reino Unido, epicentro del mundo de las apuestas deportivas y del lobby que presionó a toda Europa hacia una liberalización que le permitiera expandir sus tentáculos por todo el continente. En dirección contraria a la impresión que los directivos de la AUF intentaron marcar a los legisladores, estudios recientes indican que la magnitud del daño causado por las apuestas en el Reino Unido podría ser ocho veces más grande de lo que se creía con anterioridad, afectando a un 2,5 % del total de la población adulta, según reporta un artículo de The Guardian del pasado 25 de julio.

Preocupado por un problema originado en las anteriores leyes de liberalización del juego, el Gobierno británico presentó el 27 de abril de 2023 un “White paper” para comenzar a discutir un marco normativo más adecuado.

“El panorama del juego ha cambiado significativamente desde 2005. Pocos de los que diseñaban la política a principios de la década de 2000 podían prever la naturaleza y el alcance de los cambios que desde entonces han reconfigurado nuestra sociedad, la economía y este sector”, comienza diciendo la introducción al documento, explicando la necesidad imperiosa de un nuevo marco normativo en la dirección de mayores restricciones. Todo lo contrario a lo que se promueve desde la Conmebol y desde la AUF.

En función de lo anterior, las grandes casas de apuestas británicas han salido en la búsqueda de “praderas más verdes”, procurando encontrar países incautos que, entusiasmados con las promesas de una eventual mayor recaudación, terminen sucumbiendo al virus de la ludopatía. En ese sentido, es emblemático un trabajo publicado por The Lancet en su Vol. 37 de setiembre 2024 y titulado “La expansión del juego en el continente americano plantea riesgos para la salud mental y el bienestar”. El estudio alerta sobre los efectos del rápido crecimiento de los negocios de apuestas tanto en Norteamérica como en Sudamérica, donde la oferta se ha ampliado enormemente gracias a la legalización de las apuestas deportivas “online”.

¿Será que la discusión por los derechos de TV no es más que una cortina de humo para tapar el verdadero interés por liberalizar el juego en nuestro país? ¿Es posible que ese sea el verdadero eje de interés de los grupos que ingresan al fútbol uruguayo como si estuvieran comprando acciones del fútbol británico, italiano o español?

Lo cierto es que hay algo que no nos están contando respecto a los intereses cruzados entre la directiva actual de la AUF, la Conmebol y las grandes casas de apuestas británicas. No debería pasarse por alto que Betfair, la más poderosa plataforma de juego británica, es patrocinador oficial de Conmebol y pagó, no hace muchos meses, al Gobierno de Brasil 30 millones de reales para operar en el mercado brasileño en 2025.

Este anunció se hizo una vez que Sportradar, una multinacional que produce información a múltiples plataformas para que las mismas organicen sus paquetes de apuestas, anunciara la apertura de sus oficinas en Brasil, un mercado que, de ser desregulado, alcanzaría los 8000 millones de euros en 2029.

Cabe recordar que Sportradar mantiene una relación contractual desde noviembre de 2022 con AUF en la que esta empresa multinacional brinda asesoramiento y organiza talleres para prevenir y eventualmente combatir la manipulación de partidos y las estafas en el juego online relacionadas con las apuestas deportivas, delitos que se han incrementado sustancialmente desde que se ha universalizado el juego de las apuestas online.

El nudo de la disputa en la estructura del fútbol uruguayo no está en la “caja chica” del dinero mal administrado, el desorden, la compra de votos en el Congreso, la disputa entre Paco Casal y Alejandro Domínguez o entre Tenfield y la Conmebol. La cosa viene por otro lado, la liberalización de las apuestas deportivas y los miles de millones de euros que mueven las plataformas de juego online. Aquí en Uruguay tienen sus operadores en el fútbol y en el sistema político y los mismos conspiran para que se cambie la legislación y el marco normativo, un marco normativo del juego que ha permitido proteger a nuestra sociedad y particularmente a los jóvenes de los males que tiene el juego desregulado y liberalizado. Siempre para que unos pocos vivos se beneficien.