Lluvia de irresponsables

Veamos: el gobierno declara la emergencia más de un mes después de que OSE comenzó a suministrar agua salada y que la oposición reclamara una medida de esta naturaleza. Hasta ese día, para el presidente no había emergencia, aunque millones de personas debían proveerse de agua embotellada para su consumo a precios crecientes e inaccesibles para mucha gente. Ahora bien, recordemos que fue muy otra la actitud del gobierno cuando la sequía a la agroindustria. En ese caso, el gobierno decretó la emergencia agropecuaria por la sequía en octubre del año pasado y era el tercer año consecutivo que la decretaba, lo que le permite al Estado liberar fondos para asistir a los productores con “apoyo financiero, infraestructura productiva o insumos, con el objeto de recuperar las capacidades perdidas”. En ese contexto de emergencia, el gobierno decretó la postergación del cuatrimestre rural del BPS a los productores en enero (también por tercera vez desde que comenzó este período de gobierno), pese a que 2022 fue año récord de exportaciones agropecuarias. Por su parte, UTE les postergó las facturas de luz y la emergencia se extendió de los noventa días iniciales hasta la actualidad. ¿Cómo se explica una conducta tan distinta si no es por el aprecio relativo a los directamente afectados?

Entre las medidas anunciadas por el presidente esta semana se encuentra la exoneración de impuestos al agua embotellada, algo que la oposición venía reclamando desde hace tiempo, pero que el gobierno no quiso hacer antes, aun cuando sabía que el consumo de agua embotellada se había multiplicado y que el precio del bidón registraba aumentos imposibles de afrontar para buena parte de la población. ¿Por qué no lo hizo antes? Solamente puede explicarse por la doble voluntad de asegurarse una mayor recaudación y de privilegiar el suministro a los que tienen plata para pagar el agua a precios más altos que, en última instancia, se solapa con sus votantes en el área metropolitana.

Sin embargo, es en el tercer anuncio donde se observa prístina la indecencia: es que el presidente anuncia que se realizará la conexión con el río San José, en una obra que supone 20 kilómetros de cañería y estaciones de bombeo y anticipa que la obra estará culminada en 30 días. Si esto es así, ¿por qué no la iniciaron ni bien comenzaron a suministrar agua salada hace más de un mes? Pues es evidente que no la hicieron porque no quisieron poner los 20 millones de dólares que cuesta esa obra y se jugaron a esperar la lluvia -que no llegó- y no tomaron la decisión hasta que se vació por completo la represa de Paso Severino y tuvieron que salir corriendo a pedirle al MSP que autorice un salto sideral en las concentraciones de cloro y sodio, salto que el MSP no se atreve a autorizar porque implicaría dar vía libre a que se suministre agua casi marina no apta para consumo humano, ya no por consideraciones de sabor, sino porque excede en todos los parámetros los rangos máximos aceptables para considerar que el agua es bebible. Potable, por cierto, ya no era.

¿Queda clara la calaña de estos gobernantes? Ante la disyuntiva de autorizar una inversión menor frente a la gravedad de los acontecimientos o jugarse el todo por el todo a una solución espontánea y sin costos pero de plazo imprevisible, optaron porque la gente se jodiera para no poner un mango, hasta que lloviera o se agotara la totalidad de la reserva y con esa gigantesca mezcla de irresponsabilidad y error de cálculo agravaron la situación a un extremo que torna el escenario en un desafío técnico prácticamente imposible de manejar.

Mientras tanto, la oposición y sobre todo la Intendencia de Montevideo, donde vive la mayor parte de la población afectada, hacía propuestas o implementaba acciones que eran o bien ignoradas o bien vapuleadas por el gobierno, mucho más preocupado en echarle la culpa al anterior gobierno o en boicotear la gestión de la intendenta Cosse, preocupados por su potencial electoral, llegando al paroxismo de impedirle a la IM gestionar un crédito no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo, que no mueve la aguja de los programas de financiamiento del Estado, solo para evitar que la intendencia pueda hacer cosas que ayuden a la ciudadanía a afrontar esta catástrofe.

Todo este panorama provocado por la sequía y por la desidia de un gobierno que no quiso llevar adelante el proyecto de Casupá, entregado por Tabaré en mano y con financiación, solo tiene la virtud de mostrarlos de cuerpo entero como lo que son: personajes menores, que no les corre sangre sino un flujo de mezquindad, vertebrados por el rencor y que siempre que tienen que tomar una decisión lo hacen pensando en el ajuste y en los malla oro, en lugar de pensar en las necesidades de la gente corriente, a la que, y la evidencia es abrumadora, desprecian.