En suma, recuerdo, para que no haya olvidadizos, que dijimos por todo el territorio que el país estaba mal, endeudado con los números más o menos camuflados y muy lejos de ese paraíso que nos pintaban desde una publicidad engañosa amplificada por los medios de información hegemónicos, ensobrados y concentrados.
Creíamos que, como dijera el Dr. Jorge Díaz, nos entregaban una “Ferrari fundida”.
Ahora bien, me temo que el discurso ha cambiado un poco porque, como era obvio, ha resultado necesario dejar claro que el nuevo Gobierno no tiene una vocación refundacional.
Parece que todavía no se saben los números más o menos creíbles que ha dejado la gestión de la Administración saliente. No se sabe aún cuánto se sobregastó irresponsablemente en los diferentes ministerios, cuál es el agujero presupuestal con el que se cerraron las cuentas públicas en el gobierno que se va y qué panorama le queda al que asume. Sin embargo, parece claro que es peor de lo que se imaginaba. Peor aún de lo que imaginaban los que pensaban que el gato olía mal.
No obstante, hay un discurso disonante que contradice esto y que sale de algunas autoridades de gobierno. Según este discurso, no estamos tan mal, no solo porque los extraños nos ven como demócratas, pacíficos, respetables y respetuosos de la leyes, porque ofrecemos certezas y previsibilidad o porque compartimos políticas de Estado imaginarias o reales, sino porque presumimos que vamos a ser prósperos, porque nuestra economía crecerá y con ello abatiremos nuestras rémoras y nos acercaremos a los países “serios”, adjetivo con el que se suele identificar a las naciones del capitalismo desarrollado, especialmente las del norte rico.
Evoco estos recuerdos porque en los últimos días algunos ministros del nuevo gobierno han elegido participar en algunos eventos y, alterando cierta discreción, han elegido prestarse a algunas entrevistas en medios que han sido privilegiados, como En Perspectiva, algunas opciones del llamado Grupo Magnolio y el matutino El País.
También han asumido algunos jerarcas realizando declaraciones importantes y, sobre todo, ha habido destacados pronunciamientos de muy representativos operadores empresariales y prestigiosos analistas económicos que permiten ir orejeando las cartas de las acciones y los debates que se vienen.
El viernes pasado asumió el Ec. Guillermo Tolosa al frente del BCU. Tolosa es lo que podría llamarse un jerarca del “nuevo tipo” en el gobierno frenteamplista. Particularmente porque él declara no ser frenteamplista sino “independiente”, muy interesado en la política local, aunque por mucho tiempo ocupando posiciones relevantes en el Fondo Monetario Internacional.
Curiosamente, el Ec. Tolosa en Uruguay se desempeñó como director de Ceres en el período en que se retiró Ernesto Talvi para ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado, y fue sucedido como director por el muy mediático Ec. Ignacio Munyo, del que volveremos a hablar en esta nota.
En dicha instancia, el flamante presidente de la autoridad monetaria se comprometió a mantener el régimen de metas de inflación —con la tasa de interés como instrumento—, a alcanzar una convergencia “decisiva” de la inflación al 4.5 % anual y a la libre flotación del tipo de cambio. Tolosa omitió explicar cuánto es que el mantenimiento de este régimen monetario agregará a las pérdidas que la institución viene acumulando desde que fuera adoptado; miles de millones de dólares que enjugan el déficit fiscal y la deuda pública.
Llama la atención que esta política monetaria fuera la que llevara a cabo el Ec. Diego Labat, hasta hace unos días presidente del Banco Central, política que mereciera elogios de la ministra Azucena Arbeleche y otros economistas de talante neoliberal y que fuera adoptada como una opción alternativa a la que llevara adelante el Frente Amplio durante toda su gestión que algunos llamaron de “flotación sucia”, y que condujera eficazmente el Ec. Mario Bergara en un juego de malabarismo que él denominara de los “platitos chinos”.
La experiencia histórica nos indica que, si el objetivo es bajar aún más la inflación, y el instrumento sigue siendo la tasa de interés, el resultado esperable es que esa “flotación” del dólar profundice el atraso cambiario y siga expandiendo la deuda pública a través del llamado déficit “parafiscal”, esto es, el que se produce dentro del propio BCU.
De esto nos advierte el Ec. Javier de Haedo en su nota de opinión del diario El País en que duda de que haciendo lo mismo se obtengan resultados diferentes. Precisamente, el atraso cambiario fue el primer reclamo del presidente de ARU durante el almuerzo de ADM la semana pasada. Con un candor poco visto en cinco años anteriores —y con el secretario de Presidencia y ministros de Economía e Industria sentados en el panel—, el Ing. Patricio Cortabarría advirtió que el tipo de cambio real “sigue” siendo un problema y que el desalineamiento cambiario afecta “muy especialmente” al sector exportador. Claramente el reclamo de los exportadores parece incongruente con una profundización de la política monetaria llevada adelante por el Ec. Labat en el BCU y su viaje “hacia una moneda de calidad”.
Pero si la presentación del presidente de la Asociación Rural hizo sentir la picana del sector exportador, fue aún más impetuosa la presentación del Ing. Alejandro Ruibal, quien en su calidad de presidente de la Cámara de la Construcción nos recordó que el equipo económico ha decidido jugar su gestión al crecimiento. Muy articuladamente, Ruibal siguió hilvanando su razonamiento, haciendo un llamado a que habrá crecimiento si es sostenido la inversión privada. Habría que chequear esto, ya que quizás esté computando como inversión privada a los PPP, donde el 100 % del costo de las obras lo absorbe el sector público. Es allí que llegó el esperado reclamo por el mantenimiento de “determinados estímulos” y por un “planteo integral”, en lo que podría ser interpretado como un intento relativamente imprudente por marcarle la cancha al Gobierno y los ministros presentes. Asignó, entre otras “tareas”, al Gobierno la desindexación salarial, seguir apuntalando a la industria forestal y continuar invirtiendo en grandes infraestructuras “físicas”. Respecto a la vivienda promovida, utilizó la expresión “cuadro que gana no se toca” para ejemplificar el reclamo de mantener intactos los generosos subsidios que recibe este segmento de la construcción, que da la impresión de que está más comandado por las necesidades de inversores y constructoras que por los demandantes de vivienda.
Sobre este último punto, se refirió en entrevista el viernes pasado Aníbal Durán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU). Describiendo las bondades del régimen de vivienda promovida, Durán habló de un “círculo virtuoso” de pequeñas industrias que se movilizan en torno a una obra. Agregó que “hasta se han abierto panaderías porque los obreros van y consumen bizcochos”, haciendo gala de la importancia de la teoría del “derrame” en la generación de empleos que preparen a nuestra juventud para un futuro dominado por la inteligencia artificial. Respecto a la política cambiaria, el responsable de APPCU se mostró favorable a mantener el ritmo inflacionario “impuesto por el Gobierno anterior”, de lo que se deduce que el fenomenal atraso cambiario inducido por el BCU le resultará favorable a sus intereses. Quizás es por ello que recomendó al Gobierno y a la combativa ministra de Obras, Cecilia Cairo, que “la mejor medida es que no tomen medidas, sobre todo en lo que se refiere a la vivienda promovida”. En una economía global que cada vez más se parece a un juego de suma cero, esto debería servir para despabilar hasta al más distraído sobre dónde está el interés nacional… Pero Durán fue aún más allá y reclamó a las autoridades, “en primer lugar”, la conservación de los megaproyectos y, por supuesto, la reactivación de la COMAP en el nuevo presupuesto.
Con todo esto, no tenemos más remedio que preguntarnos de dónde van a salir todos estos recursos fiscales, ya que estos planteos del sector privado implican importantes transferencias fiscales que sustraen recursos para financiar los bienes públicos fundamentales, como ser salud, educación, vivienda y seguridad. Todo bien planteado desde el ángulo del “crecimiento”, pero poco se escucha de compromisos de inversiones en capital de riesgo por parte de esos sectores empresariales que se han acostumbrado a esperar grandes contratos o “megaproyectos” bancados por el Estado.
Infelizmente, al decir de los brasileños, las presiones no se agotaron allí.
Faltaba Ceres. En entrevista con Búsqueda, su director ejecutivo, el Ec. Ignacio Munyo, se tomó los objetivos planteados por el ministro Oddone en forma algo burlona. “Por dentro casi que me río, porque es como decir que queremos ser felices”, dijo, refiriéndose al pretendido objetivo de lograr un mayor crecimiento.
Previsiblemente, para Munyo —y en línea con el senador Bordaberry—, todo pasa por promover desregulaciones que faciliten el accionar del sector privado. “Acá no hay misterio, ni magia ni atajo: solo se crece cuando hay inversión privada, local o extranjera”, expresó. Claro que en la misma línea que sus pares de la APPCU, la “inversión privada” que parecería importar es la de las grandes obras de infraestructura subsidiadas (vía COMAP o vivienda promovida) o financiadas por el Estado (vía PPP u otras formas de esconder que el que paga, al final, es el Estado). Afortunadamente para Munyo, nadie se ha atrevido a pedirle que profundice sobre esos supuestos “casos de éxito” de desregulación a los que siempre se refiere con frecuencia.
Al final, parecería que siempre terminamos en lo mismo. Una orgía de atraso cambiario, desregulación y liberalización de importaciones —a la medida del FMI y el Consenso de Washington— que fomentan el consumo de bienes importados en el corto plazo, al costo de cerrar fábricas, perder empleos de calidad y desarticular una sociedad que costó mucho tejer en la primera mitad del siglo XX. A estos supuestos “expertos” no parecería importarles mucho la evidencia, ya que su ideología económica se ha convertido más en un acto de fe que en una ciencia.
En ese sentido, no parecería importar que la experiencia con el Cr. Azzini en la década de los ‘60 nos haya legado un tendal de destrucción social y económica. Tampoco que las dictaduras de la década de los ‘70 en el Río de la Plata —de la mano de los Martínez de Hoz y los Végh Villegas—, recreando las misma agendas de la década de los ‘90 que nos trajo a los blancos de vuelta, esa vez con el Consenso de Washington soplándole las velas a un vertiginoso y prematuro proceso de desindustrialización del cual todavía no nos recuperamos cabalmente. Si algo bueno tuvo la pandemia es que retardó los impulsos naturales de este último gobierno blanco, que no tuvo ni el tiempo ni la oportunidad para dejar todo absolutamente destruido como en las instancias anteriores.
Estos planteos son fiscalmente insostenibles, inconvenientes desde el punto de vista del desarrollo económico y absolutamente indeseables para la calidad de vida de los trabajadores que, todo indica, serán una vez más los que pagarán la cuenta de los “megaproyectos” y todas estas novelerías que engrosan los bolsillos de esa, nuestra creciente “patria contratista”.
Ya no queda ninguna duda de que el neoliberalismo ha sido un artilugio para desviar riquezas fuera de los trabajadores hacia una elite económica cada vez más concentrada.
Por donde pasa, esta doctrina genera pobreza y degradación social. Hay que darle una oportunidad a los trabajadores de dar pelea. Hay caminos inspiradores para colocar a nuestro país en una senda de crecimiento. No hay que escuchar tanto a los talentos que ponen todo su ingenio y su inteligencia al servicio del capital financiero y las grandes empresas ávidas de acumular riquezas. El crecimiento no se va a lograr si tenemos cada vez más pequeños empresarios proletarizados y trabajadores que bordean la indigencia. Estoy seguro de que el equipo económico está lleno de buenas intenciones y tiene la suerte y la oportunidad de tener un pueblo que lo respalda y que quiere participar y luchar por sus derechos. Sería imperdonable perder esta oportunidad por tenerle más miedo al pueblo que a los halcones.
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Bordaberry detrás de un vidrio oscuro
En medio de todo esto apareció un proyecto del senador Pedro Bordaberry para liberalizar importaciones sin impuestos hechas por internet, lo que complica aún más la situación del pequeño comercio. El gran comercio ya logra para sí grandes exenciones en la importación de bienes de capital, lo que le baja el costo promedio de operación respecto a sus pymes competidoras. Como si el Partido Colorado viviera en Nueva Zelanda o Irlanda, y no fuera consciente del grave desfase cambiario con Brasil que afecta directamente a todo el comercio desde Artigas a Rocha.
