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Editorial

La mano que mece la cuna

Por Leandro Grille.

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En el año 2006, poco más de un año después de que el Frente Amplio comenzara su primer gobierno, Uruguay canceló la totalidad de su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y recuperó su soberanía en materia de política económica. Hasta ese momento, se habían firmado 22 acuerdos de derecho de giro, más conocidos como stand by, que son los instrumentos de créditos típicos que usa el FMI para responder a las necesidades de financiamiento externo de los países y “respaldar” -léase: imponer- políticas de reforma para “salir de la crisis” y “volver al crecimiento”. El primero de los acuerdos se firmó el 6 de junio de 1962 (gobernaban los blancos) y el último en el año 2005, marcando su finalización, en diciembre de 2006, la salida de Uruguay de este tipo de programas y el pago de toda la deuda con esa institución multilateral de crédito. En realidad, las cartas de intención con el FMI venían desde 1960, en el primer gobierno blanco, cuando ya esta colectividad decidió sumergirnos en las políticas liberales del organismo internacional.

Aunque pasados tantos años mucha gente pueda no recordarlo, salir de la égida del FMI fue un éxito extraordinario del primer gobierno del Frente Amplio y de su ministro de Economía, Danilo Astori, porque hasta ese época el Fondo cumplía mediante misiones “técnicas” una función de tutelaje sobre nuestra política económica, y ya había una vasta experiencia sobre lo que sucedía en los países sometidos a este yugo económico transnacional: terminaban en un desastre. Eso le pasó a todos los que aplicaron a rajatabla las recetas fondomonetaristas, desde Argentina a Grecia, sin excepción.

Durante el último gobierno blanco, presidido por Luis Alberto Lacalle, se firmaron dos acuerdos stand by con el FMI. Es decir, se obtuvieron dos préstamos sujetos a condiciones de aplicación de políticas de reforma neoliberal. El primero se firmó el 12 de diciembre de 1990 y el segundo el primero de julio de 1992. El primer acuerdo se extendió hasta marzo de 1992. De acuerdo a los expertos, como el doctor en Ciencia Política de la Universidad de Nueva York, James Vreeland, en ese entonces, “la balanza de pagos y la cuenta corriente eran superavitarias. Adicionalmente, Uruguay presentaba una sólida posición en materia de reservas internacionales. El país no tenía una inminente crisis financiera que requiriera de divisa”. Sin embargo, el 12 de diciembre de 1990, igual el gobierno de Lacalle firmó un acuerdo con el FMI, que es algo que nadie firma si no precisa realmente la plata, porque el Fondo siempre impone condiciones de ajuste y reformas tan impopulares, que el único motivo para impulsarlas es la obligación que el acuerdo supone para obtener esos fondos.

La explicación de un comportamiento tan peculiar la propone el propio Vreeland en su ensayo Buscando condiciones, no dinero: el acuerdo de Uruguay con el FMI en 1990, publicado originalmente en inglés por Cambridge University Press en 2003. Allí dice que Lacalle buscó firmar el acuerdo no por el dinero del préstamo, que prácticamente ni siquiera retiró, sino porque era la forma de aplicar las políticas que quería, pero para las que no tenía suficiente apoyo. O sea, Lacalle quería apoyar esas políticas criminales, pero como no tenía respaldo para hacerlas, buscó que el FMI nos las impusiera.

“Ahora bien, supóngase -escribe Vreeland- que un gobierno busca imponer un conjunto de medidas (impopulares) de austeridad económica, enfrentando una dura oposición política a nivel doméstico. Mi argumento es que esta era la situación de Uruguay en 1990. El presidente Luis Alberto Lacalle firmó el acuerdo con el FMI no para la obtención de un préstamo, sino por la condicionalidad que dicho préstamo imponía”. Y yo me pregunto qué clase de psicópata es capaz de eso. Someterte al FMI y además hacerlo cuando no se precisaba la plata. Solo de gracia nomás, de maligno que sos.

Este mecanismo de imponer políticas devastadoras usando para eso acuerdos con el FMI que no son necesarios se ha aplicado en el mundo un montón de veces. Según Vreeland, entre 1952 y 1990, en 218 de 644 veces que los países participaron en programas del Fondo, lo hicieron sin precisar de esos recursos, solo para poder remover las resistencias políticas a aplicar medidas de tanta impopularidad.

Recordemos que fue en el marco de estos acuerdos que Lacalle intentó privatizar las empresas públicas, reformar la seguridad social y eliminó los Consejos de Salarios, en 1992. Algunas de sus políticas neoliberales fueron paradas por el pueblo. La gesta más recordada es el plebiscito de la ley de empresas públicas el 13 de diciembre de 1992, cuando la inmensa mayoría de los uruguayos logró derogar la ley que hubiese privatizado todas las empresas del Estado.

Un dato que se conoce poco es quiénes  negociaban esos acuerdos desastrosos con el FMI en representación del Estado uruguayo. Ahora bien, según su currículum vitae, en esa época había un asesor en jefe del ministerio de Economía que se reunía todas las semanas con el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y el presidente de la Banco República. Este asesor fue designado como el negociador principal en relación con las misiones del FMI, y durante su período como negociador, se suscribieron los dos acuerdos mediante los cuales tanto daño se le hizo a nuestro país. Lo consigna, orgulloso, en su CV. Ese asesor se llamaba Ernesto Talvi.

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