En particular, a Lozano se lo imputa por la irregular comercialización de los derechos de televisión de la Primera División, un tema que fue denunciado por el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Óscar Romero.
En ese sentido, la Fiscalía peruana sostiene que 1190 Sports obtuvo los derechos de transmisión de la Liga 1 del año 2023 de manera irregular. Según los fiscales, Lozano habría gestionado con la junta directiva de la FPF una licitación pública donde existió un conflicto de interés para favorecer a la empresa 1190 Sports.
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El dirigente peruano ratificó las negociaciones directas, presuntamente ilegales, que realizó la Comisión de Derechos de Televisión con la citada compañía chilena, a pesar de que no había concluido el proceso de licitación y que la comisión no tenía facultades para hacerlo, advierte la Fiscalía.
Lozano también suscribió los contratos de asesoría comercial para la licitación pública de los derechos de televisión con la compañía Prisma SpA, y el contrato de fideicomiso con la empresa 1190 Sports para la explotación de los derechos televisivos del campeonato local en enero de 2023, donde también habría existido un conflicto de intereses.
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En ese negocio, el conflicto de interés es debido a que la Comisión de los Derechos de Televisión estuvo conformada por Joel Raffo, presidente del Club Sporting Cristal y Gisella Karen Mandriotti, presidenta del Club Academia Cantolao; entre otros.
Joel Raffo fue uno de los detenidos días atrás junto a Lozano por participar en el proceso irregular en la obtención de las facultades de televisación del campeonato nacional. De hecho, entre las ocho empresas que fueron allanadas este miércoles está Valora Fútbol SAC, que tiene como accionistas a Innova, organización que le pertenece a Joel Raffo.
Justamente, el primo de Joel, Diego Fernando Delgado Raffo, es representante de Prisma SpA, quien también era miembro de la citada comisión. A su vez, ambos son primos del representante de la empresa 1190 Sports, Julio Carlo Gianella Raffo, indicó la Fiscalía.
“Se le atribuye haber suscrito, juntamente con el secretario general de la FPF, Jean Marcel Robillliard Ibárcena, el contrato con 1190 Sports a pesar de que tenía pleno conocimiento que en dicho acuerdo existió un conflicto de intereses”, expresa la imputación contra Lozano.
La Fiscalía peruana también está investigando el cambio del estatuto del reglamento de la Liga1-2023, en el que se establecen sanciones contra los clubes que se oponían al modelo societario de 1190 Sports y de la FPF.
Varios de estos temas tienen muchas semejanzas con lo que viene pasando en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el último tiempo.
Mediapro / 9011 en Uruguay
“Estamos hace seis años en Uruguay. Hemos renovado hace poco una relación muy importante con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Mediapro distribuye además internacionalmente los derechos de la selección uruguaya de futbol y hacemos el VAR para el campeonato local desde hace tres años”, celebraba a mediados de octubre en una entrevista el empresario José D’Amato, CEO de Mediapro Argentina, durante el lanzamiento de la fusión que hicieron con la productora audiovisual Colour, una nueva actividad que sumó en Uruguay el Grup Mediapro.
Como detalla el contrato, la AUF se asoció con el consorcio Mediapro-1190, para comercializar los derechos de todas las Eliminatorias 2026.
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