Al impedir que la oposición juntara al menos dos tercios de los votos de los presentes para rechazar el veto presidencial, la coalición gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), sumó su segunda victoria legislativa en menos de un mes, pues el 11 de septiembre la Cámara baja también convalidó otro veto del presidente a una ley que aumentaba las jubilaciones.
Paro de 24 horas
Tras la decisión del Congreso de no permitir que prevalezca la ley por sobre el veto del mandatario, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, integrado por seis gremios docentes y no docentes, anunciaron para este jueves un paro de 24 horas.
"La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirepublicano de gobernar por decreto del Gobierno nacional", cuestionaron en un comunicado.
La alianza política que encabeza Javier Milei "es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías, ante el reclamo de todos los sectores para sostener aquello que es fundamental: la universidad pública, la educación pública", añadieron.
El pasado miércoles, a pocas horas de concluida la segunda marcha federal universitaria que organizó el sector educativo, Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario, una norma sancionada por el Senado el 13 de septiembre que implica una inversión del 0,14 por ciento del producto interior bruto (PIB), según la Oficina del Presupuesto del Congreso.
Esta legislación obligaba al Gobierno a actualizar los salarios de docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023 de acuerdo a los índices de inflación, una medida que beneficiaba a los 155.000 profesores y los 60.000 no docentes que integran las 60 universidades nacionales del país.
Más de una veintena de facultades en todo el país fueron tomadas entre el lunes y el martes en rechazo al veto presidencial.
Los estudiantes marcharon este miércoles hacia el Palacio Legislativo, cuyos alrededores amanecieron vallados.
En el proyecto de Presupuesto 2025 presentado al Palacio Legislativo, el Ejecutivo decidió suspender la obligación del Estado de invertir en educación al menos el seis por ciento del PIB.
(Vía Sputnik)