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Mundo Cuba | Estados Unidos | terrorismo

Injusticia flagrante

Cuba no patrocina el terrorismo, afirmaron parlamentarios de Uruguay y del mundo

La carta que han firmado cientos de parlamentarios insta a los gobiernos a utilizar todos los medios diplomáticos a su alcance para corregir lo que consideran una injusticia flagrante.

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Un grupo de parlamentarios de Uruguay y de 73 países firmó una carta abierta condenando la designación de Cuba como "Estado patrocinador del terrorismo" y pidiendo a los gobiernos que tomen medidas inmediatas para revertir esta medida. En la declaración, los parlamentarios critican esta designación impuesta por Estados Unidos como "cínica, cruel e ilegal", y destacan que es injustificada y va en contra del derecho internacional.

En esta carta, los parlamentarios del Frente Amplio Ana María Olivera Pessano, Daniel Caggiani, María Cecilia Bottino, Lilián Galán, Lourdes Ontaneda Parodi, Christian Adel Mirza, Sandra Lazo Guerequiz, Verónica Andrea Malinowsky Galeano, Juan Castillo, Micaela Melgar, Liliana Chevalier Usúca, Gabriel Otero, Eduardo Antonini y Alejandro Sánchez Pereira, se sumaron a sus colegas de todo el mundo para alzar su voz en contra de la designación, enfatizando que Cuba, lejos de ser un patrocinador del terrorismo, ha actuado como mediador clave en procesos de paz regionales, como las conversaciones entre el gobierno colombiano y grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Este rol de Cuba como facilitador de diálogos y promotor de la paz es mencionado por los firmantes como evidencia de su contribución a la estabilidad en América Latina, una región que en 2014 fue declarada Zona de Paz por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) bajo la presidencia cubana.

Asfixia a la economía cubana

El retorno de Cuba a la lista negra en los últimos días de la administración Trump, tras haber sido retirada en 2015 por el gobierno de Barack Obama, es visto por los parlamentarios como una táctica de presión económica que asfixia a la economía cubana y afecta directamente a su población, impidiendo el acceso a bienes esenciales y debilitando los derechos fundamentales del pueblo cubano.

Los parlamentarios firmantes de esta declaración subrayan la ilegalidad de esta medida, la cual contradice principios fundamentales del derecho internacional como la igualdad soberana de los Estados y la no intervención en asuntos internos. Las sanciones impuestas a Cuba a raíz de su inclusión en esta lista también han sido criticadas por expertos de las Naciones Unidas, quienes consideran que estas acciones violan los derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, la alimentación y la educación.

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