"En realidad, desde los traslados de Marcola y de las demás cúpulas del PCC (en 2019) ya existía la idea de una tregua para poder juntos reducir los rigores del sistema penitenciario brasileño. Ahora la tregua se materializó", afirmó el Procurador General de la República de San Pablo, Lincoln Gakiya.
Unidad en el sistema penitenciario
"El objetivo sería fortalecer los grupos criminales para, sobre todo, defender las reivindicaciones de sus líderes presos en el sistema penitenciario federal”, aseguran las autoridades brasileñas en el informe. Al respecto, en una entrevista con Infobae, el teniente coronel de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro, Rodrigo Duton, reflexionó sobre las posibles consecuencias de la tregua.
“Es posible que haya una nueva ola de violencia como la de San Pablo en 2006, ya que hay información de que el PCC y el Comando Vermelho han entrado en una tregua para presionar al gobierno, mientras que los abogados vinculados a las facciones están cuestionando las condiciones carcelarias”, manifestó.
Brasil experimentó una de sus mayores crisis de criminalidad en mayo del 2006, cuando el PCC impuso un toque de queda de una semana en San Pablo, en la que quemaron autobuses y mataron policías. En respuesta, el gobierno paulista aisló a los líderes del PCC y, el 11 de mayo, trasladó a 765 presos en cárceles de máxima seguridad, lo que provocó intensos enfrentamientos que dejaron cerca de 500 muertos.
Gakiya, quien como fiscal estuvo al frente de varias investigaciones contra el PCC, denunció a finales de enero a 12 implicados en la operación Grito Flaso, que tenía como objetivo la ONG Pacto Social & Carcelario, que, según la investigación, fue creada, financiada y puesta al servicio del PCC.
“Las facciones estaban consiguiendo su objetivo, que era influir en las políticas públicas del sistema penitenciario”, había afirmado Gayika en el diario O Estado de São Paulo, que publicó sobre las reuniones de la presidenta de la ONG, Luciene Neves Ferreira, en los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, así como en el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), en Brasilia.
En tanto, según publicó Infobae, la ONG “había manifestado incluso su interés en intervenir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el proceso contra el ex guerrillero chileno Mauricio Hernández Norambuena, detenido en Brasil en 2002”.
Este pacto, según los expertos, “es presionar juntos a través de sus abogados para relajar las normas dentro de las cárceles y facilitar así la fuga de sus líderes”.
Alianza para el narcotráfico internacional
Otra motivación de para una alianza sería la de una mayor cooperación en las dos principales rutas de tráfico de cocaína en Brasil y la región.
El PCC contra la denominada ruta “caipira”, que comienza en Bolivia y pasa por varios municipios del estado de San Pablo, llegando al puerto de Santos y desde allí, a África y Europa, mientras que el CV domina el corredor del río Solimões, en la selva amazónica, por donde ingresa la cocaína colombiana y peruana.
Gakiya afirmó que “esta tregua ya existe en Río de Janeiro y San Pablo", pero advirtió que "la unión de las dos mayores organizaciones criminales del país podría provocar un aumento del tráfico internacional de cocaína, pero también del tráfico de armas hacia Brasil. Se trata de un reparto de rutas y, sobre todo, de un fortalecimiento aún mayor de estas organizaciones criminales”, declaró el fiscal, por lo que no se descarta que la alianza criminal tenga un impacto internacional, ya que ambos grupos quieren expandir su influencia fuera de Brasil.
Más de ocho años de una sangrienta guerra
Durante más ocho años ambos cárteles protagonizar una cruenta guerra por el control del narcotráfico, debido a la expansión del PCC en todos los estados brasileños (y en Paraguay) lo que iba en contra de los intereses de las bandas locales y del CV, que era aliado de estas.
El episodio más sangriento de esta guerra ocurrió en Manaus, el 1 de enero de 2017, cuando presos vinculados a la Familia del Norte, aliada del CV, asesinaron a 56 miembros del PCC en la principal prisión de la capital del estado de Amazonas.
