Partido político argentino se sumó a las denuncias realizadas por las empresas competidoras acerca de un presunto “direccionamiento” de la licitación para entregar la concesión por 30 años de la Hidrovía Paraguay-Paraná, una ruta clave para la salida de buques de carga de varios países del Mercosur hacia el oceáno Atlántico.
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La concesión de la hidrovía estuvo por 25 años en manos de un consorcio privado integrado por la firma belga Jan de Nul y la argentina Emepa, hasta que en setiembre de 2021, tras caducar el contrato, el Estado argentino, a través de la Administración General de Puertos, se hizo cargo de la administración de la Vía Navegable Troncal (VNT).
El dilatado y polémico proceso para licitar y adjudicar a un "nuevo" operador privado la concesión por peaje de la Hidrovía Paraguay-Paraná es llevado adelante por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina, oficina que recibirá ofertas hasta el 29 de enero de 2025, para las empresas interesadas en obtener la concesión por 30 años para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la vía fluvial.
Empresas competidoras solicitan nulidad por "licitación ilegítamamente direccionada"
La semana pasada empresas competidoras denunciaron que la licitación estaría direccionada hacia Jan de Nul, informaron medios locales.
La empresa belga Dredging, del grupo Deme, denunció el 9 de diciembre ante el Poder Ejecutivo “el direccionamiento de la licitación al actual operador” y solicitó “la nulidad del pliego, reclamando una urgente modificación de sus términos y condiciones”.
“Dredging está interesada en participar en la licitación, resulta claro y manifiesto que nos encontramos ante una licitación ilegítimamente direccionada”, advirtió la compañía.
Por su parte, la holandesa Rhode Nielsen también presentó un recurso administrativo cuestionando dicha licitación.
Partido argentino CC-ARI también adviertió sobre el proceso direccionado
Legisladores del partido argentino Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI) también denunciaron que el proceso está “direccionado” hacia una empresa participante de la licitación de la Hidrovía ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de Argentina, según informó este viernes la agrupación en sus redes sociales.
Desde la CC-ARI sostienen que, tal como está planteada la licitación, se estaría ante un armado de la compulsa de precios con “riesgo de exposición a corrupción” y un daño a los intereses del Estado al no garantizar la presentación de las mejores ofertas.
Apuntaron a que la licitación excluye, sin fundamento, a los oferentes que son personas humanas, uniones transitorias de empresas y restricciones basadas en listas internacionales sin contemplar una revisión local; cuestionó los plazos, así como la precisión sobre el equipamiento necesario y la antigüedad específica de las dragas descriptos en el pliego.
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