"Esto es una puesta en escena ante el mundo de lo que El Salvador ha vivido en los últimos tres años. En la práctica, ha significado la suspensión de derechos constitucionales y violaciones al debido proceso. Se ha documentado ampliamente que hay presos sin elementos probatorios firmes e incluso casos en los que se ha ordenado la liberación, pero las personas continúan detenidas", denunció el abogado.
Megacárcel: una oportunidad de negocio
Maravilla también apuntó que la administración de Nayib Bukele parece haber encontrado una oportunidad de negocio en este modelo carcelario. "El gobierno salvadoreño le dice a EEUU: ‘Nosotros hemos construido una cárcel para 40.000 personas y solo hemos metido 15.000. Si quieren, se la alquilamos’. Es decir, han convertido la prisión en un mercado de detención tercerizada", explicó.
Desde el punto de vista legal, el abogado subrayó que este modelo contradice la legislación salvadoreña y tratados internacionales en materia de derechos humanos. "Nuestra Constitución establece que ninguna persona puede ser privada de su derecho a la libertad sin ser oída y vencida en juicio. Sin embargo, estas personas están siendo enviadas a El Salvador sin que sepamos si tienen condenas pendientes o si simplemente estaban en situación migratoria irregular en EEUU", explicó.
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