Nunca antes habían sido citados los responsables de una región del Opus Dei a indagatoria por delitos tan graves.
La investigación se inició en septiembre de 2022 en la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (PROTEX). En junio de 2023, ese organismo especializado elevó una denuncia a la justicia federal que recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, y que ahora conduce al pedido conjunto de citación a indagatoria de cinco imputados: los exvicarios regionales Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010), Víctor Urrestarazu (2014-2022), y el sacerdote numerario que dirigió durante casi todas estas décadas la rama femenina de la organización, Gabriel Dondo.
Un quinto ex vicario regional, Mariano Fazio, si bien no figura en la acusación, la querella solicitó que también se lo incluya, ya que fue el máximo responsable de la institución entre 2010 y 2014. En la actualidad, Fazio forma parte del gobierno mundial del Opus Dei y vive en Roma.
Algunos han aventurado que sería un posible candidato a suceder a la máxima autoridad de la organización, el Prelado. También está fuera del país Urrestarazu, el último de los exvicarios acusados, al que removieron de su cargo cuando estalló el escándalo por la denuncia de las exauxiliares ante el Vaticano, en 2021. Desde entonces está en Paraguay, como vicario de ese país.
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Opus Dei
La investigación entregada al juez Daniel Rafecas, que es quien cursa los pedidos de indagatorias, habla de 44 casos de explotación, pero evalúa que solo cuatro podrían enmarcarse bajo la Ley de Trata, que entró en vigor en mayo de 2008, porque la gran mayoría de las denunciantes salió de la organización antes de esa fecha.
En un comunicado, el Opus Dei planteó que "la impresión es que para construir esta denuncia se realiza una descontextualización completa de la formación que recibieron algunas de las mujeres del grupo y la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares del Opus Dei. Se trata de una acusación totalmente falsa".
No obstante, entre las medidas de prueba que la Justicia tiene, es clave la información reunida por la Unidad Federal de Investigaciones sobre el delito de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina que estuvieron observando durante un año distintas casas del Opus Dei en Buenos Aires y otras provincias y pudieron certificar que hay mujeres allí que aún cumplen el rol de auxiliares.
Además, la justicia trabajó con la intervención del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. A su vez, se han tenido en cuenta los datos contenidos en una serie de artículos periodísticos publicados por la periodista Bistagnino, quien también brindó declaración testimonial en la causa, que se suman a documentos internos de la organización aportados por el abogado de las denunciantes y al relato de familiares de las víctimas y de varias exnumerarias del Opus Dei –mujeres miembro de mayor jerarquía– que conocieron y convivieron con la mayoría de ellas.
De los cuatro casos que toman la Fiscalía y PROTEX para acusar al Opus Dei, hay tres cuya prescripción podría estar en juego, porque están en el límite o superan los 12 años desde que ocurrieron los hechos denunciados, que es el tiempo que establece la ley. De esta manera, sólo quedaría una mujer: M.I.E.
El caso de M.I.E.: Una mujer 31 años sometida por el Opus Dei
M.I.E. “conoció” el Opus Dei en un ómnibus. Tenía 17 años, era 1984 y viajaba con una hermana mayor desde su Bolivia natal hacia Buenos Aires. En la capital argentina estaba una tía esperándolas y la oportunidad de estudiar. Ninguna de las dos había hecho más que la escuela primaria y su deseo era poder cursar allí la secundaria.
so fue lo que le contaron a la mujer que se les acercó durante el viaje y enseguida les dijo que ella conocía un lugar al que podían ir a vivir y estudiar. Lo mismo le dijeron a la tía de las adolescentes cuando las acompañó a conocer el lugar, una casona en el barrio de Belgrano llamada “Los Aleros”. Y con esa promesa ingresaron, pero nunca ocurrió.
En cambio, las pusieron a trabajar en tareas domésticas mientras las obligaban a asistir a misa, confesarse y conversar con directoras. Ellas insistían en que querían “estudiar, estudiar y estudiar”, contó M.I.E. en su declaración. El primer intento de irse fue al año de estar allí. Lograron salir, pero volvieron a buscarlas y las llevaron a otra residencia, llamada “La Ciudadela”, en el barrio porteño de Recoleta.
Otra vez pasó lo mismo, mientras se intensificó la persecución espiritual: les decían que tenían vocación de ser numerarias auxiliares –la categoría más baja de la organización, que es la del servicio doméstico–, que dios las quería para la Obra. Ellas decían que no, pero su voluntad no servía de argumento. Al tiempo, las dos terminaron asumiendo compromisos de castidad, pobreza y obediencia. De allí las mandaron a Laya, una residencia pegada a la sede central del Opus Dei en la Argentina, donde vive la jerarquía religiosa y de miembros laicos de la organización.
En los siguientes años, las hermanas siguieron caminos distintos. A cada una la fueron moviendo por distintas residencias del país. Las dos volvieron a intentar irse en varias ocasiones, pero las volvían a buscar una y otra vez. En una oportunidad, M.I.E. fue autorizada a visitar a su familia en Bolivia, y una vez allí decidió quedarse y no regresar. Pero fueron a buscarla hasta ese país.
En 1993 la llevaron a Roma, donde sirvió a la jerarquía internacional de la Prelatura bajo las mismas condiciones de precariedad, sin pago ni seguro médico, sin comunicación con su familia. Volvió en 2000, ya intentando sobrellevar una gran crisis de salud mental. Para el año siguiente, su hermana logró irse definitivamente, pero ella no. No lo consiguió hasta 2015, cuando tenía ya 47 años y una década de depresión que el Opus Dei atendió con una psiquiatra propia y con una montaña de pastillas.
El 'modus operandi' para la captación de mujeres
PROTEX y la Fiscalía describen la existencia de un sistema de captación engañoso, planificado y deliberado, dirigido a proveer a los miembros varones de un servicio doméstico equiparable al de una servidumbre, ya que no contemplaba ningún pago por la tarea ni derechos laborales básicos.
El modus operandi del Opus Dei para someter a las mujeres, según la acusación, consistía en un plan de varias etapas: captación de niñas y adolescentes de entre 12 y 16 años mediante una selección engañosa, que “consistía en presentar una propuesta falsa relacionada con la posibilidad de continuar y completar sus estudios primarios y secundarios, así como recibir formación profesional para obtener oportunidades laborales, todo ello en un contexto de enseñanza religiosa”.
Además de la dinámica de ingreso al Opus Dei, la investigación enumera y describe la situación de las víctimas dentro de los “centros” de la organización, las prácticas de manipulación psicológica, el sistema de creencias, el “control disciplinario mediante elementos de castigo” y una serie de “normas de vida” que debían llevar las mujeres y que implicaban un sistema de charlas, confesiones y oraciones, además de la obligación de la castidad, el aislamiento de los vínculos familiares, la restricción de sus comunicaciones y cualquier contacto con el mundo exterior, el control psicológico y condicionamiento conductual, como también el control de la salud física y mental mediante visitas médicas supervisadas y suministro de pastillas psiquiátricas.
Por todo eso pasaron las 44 mujeres incluidas en la denuncia. Todo eso se pudo probar en los cuatro casos analizados. Todo eso se pudo probar en el caso de M.I.E.
El caso de M.I.E. podría ser el primero en el mundo que reúna las condiciones para que el Opus Dei tenga que enfrentar a la Justicia de un país acusado por trata de personas para servidumbre.
Con esa historia se podría avanzar en la investigación de lo que decenas de mujeres de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia denunciaron en 2021, primero en la prensa argentina y después en una presentación ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano que aún no tuvo respuesta.
