La situación que dejara el gobierno saliente en la Administración de los Servicios de Salud del Etado (ASSE) pareocupa a las nuevas autoridades y fundamentalmente a su presidente, Álvaro Danza.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
En el marco del inicio de la transición, el martes se reunieron el directorio de ASSE y las nuevas autoridades del prestador, entre ellas, su presidente, quien lo acompañará, Daniel Olesker, e incluso la ministra de Salud Pública designada, Cristina Lustemberg.
“Fue la primera reunión formal con todo el directorio y el gerente general, la lógica fue intercambiar visiones generales y les dejamos una serie de preguntas sobre la situación presupuestal, asistencial, planes a futuro y a corto plazo”, detalló Danza. Agregó que lo que se espera es “una foto actual de ASSE para saber con qué nos vamos a encontrar” al asumir.
Hay 100 millones de dólares comprometidos
El gobierno entrante maneja desde hace semanas que ASSE tiene comprometidos unos US$ 100 millones para proveedores que aún no ha pagado, aunque desde el equipo económico mantienen que todos los datos continúan siendo en base a "información oficiosa" que las autoridades actuales todavía no han oficializado.
Danza expuso que también consultaron por la "presupuestación de funcionaraios que han entrado a ASSE, qué tareas van a desempeñar y dónde van a estar". El directorio aprobó a fines de enero la presupuestación de 484 personas mediante Comisión de Apoyo o Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental; varios de ellos vinculados a jerarcas políticos de esta administración.
El futuro presidente de ASSE detalló que también solicitaron saber "la demanda de espera por departamento", la "situación de los niños, niñas y adolescentes", puntos referidos a la salud mental, al estado actual de la flota de SAME 105 y la flota automotora dedicada a servicios de asistencia.
Danza agregó que no se estableció un plazo puntual para que las autoridades actuales respondan las preguntas, aunque “se acordó un tiempo razonable de respuesta de entre una semana y diez días”.