Pero en medio, Alciaturi se encontró con comunicaciones entre esos dirigentes gremiales y el intendente Besozzi que llamaron su atención. Entonces la investigación se amplió al Ejecutivo departamental y, con autorización judicial, se recurrió al Guardian para monitorear las comunicaciones de varias personas, entre ellos el entonces intendente.
Durante meses la fiscal procesó esa información que consignó en un expediente que tiene medio metro de altura. Es interesante señalar que, durante ese tiempo en que Alciaturi trabajó con su equipo, con la Policía técnica y con la Justicia, no hubo una sola filtración. Tanto así que Besozzi se enteró el pasado jueves 13, cuando con orden judicial fue detenido por la Policía. Ese mismo día fue imputado por reiterados delitos de peculado, reiterados delitos de tráfico de influencias, un delito de concusión, reiterados delitos de omisión de denunciar delitos, un delito continuado de cohecho simple y reiterados delitos de abuso de funciones, y como coautor de un delito de cohecho calificado, todos en régimen de reiteración real. Por esas razones debe cumplir con 180 días de arresto domiciliario con uso de tobillera.
Besozzi cumple esa pena en una chacra que dijo ser de su propiedad pero que no figura en las declaraciones juradas presentadas ante la JUTEP.
El domingo dio una conferencia de prensa en ese lugar y se definió como “casi un preso político”. Hizo su propio análisis de los hechos que se le imputan, de los que, obviamente, se declaró inocente, y agregó una sentencia: “Por las mismas razones podrían ser imputados todos los intendentes”. No hizo mención a que son 34 las personas imputadas por este caso, entre las que hay dirigentes de Adeom, varios funcionarios municipales y 6 directores de la Intendencia. Ni reconoció que la fiscal no lo investigaba a él sino a funcionarios de su Intendencia, pero se lo encontró en medio del barro.
La reacción blanca
La reacción de los nacionalistas no se hizo esperar. No aprendieron nada del caso Penadés cuando, desde el presidente para abajo, salieron a defenderlo de las acusaciones de pedofilia solo por ser amigos. Pero en su memoria debe estar lo que hicieron con Carlos Moreira cuando fue acusado por abuso sexual poco antes del balotage de noviembre del 2019. El oportunismo electoral llevó a que el Directorio nacionalista resolviera separarlo del Partido mucho antes de que hubiera una acusación judicial. Moreira no esperó y renunció antes. Pero como no estaba impedido de usar el lema, en mayo del 2020 fue nuevamente elegido intendente.
En cambio, Pablo Caram, intendente de Artigas, y Valentina Dos Santos, diputada por ese departamento, fueron defendidos por algunos y criticados por otros nacionalistas cuando se les imputó y condenó por graves hechos de corrupción. A ambos les prohibieron usar el lema, pero no volver a integrar un eventual gobierno blanco.
Detrás de estas inconsistentes posturas está su preocupación por los votos y por no perder las elecciones en esos departamentos. Entonces, iniciaron una gigantesca operación contra la Fiscalía General de la Nación y en particular contra la fiscal Alciaturi.
Los máximos exponentes partidarios, como Álvaro Delgado, Javier García, Sebastián Da Silva y, por supuesto, Graciela Bianchi, denunciaron “una operación política” de la Fiscalía y afirmaron que “estaba encabezada por el Frente Amplio”.
En su lógica, la Fiscalía General de la Nación se mueve como un cuerpo único que acepta órdenes desde afuera. Pero no comprenden que, si así fuera, varios otros intendentes blancos también podrían ser imputados porque han hecho lo mismo y más que Besozzi.
En los pasados cinco años de gobierno blanco, fue la senadora Bianchi la que encabezó una furibunda campaña contra la Fiscalía y algunos fiscales. Lo mismo hizo el exsenador Guido Manini Ríos, acusando particularmente a los fiscales Rodrigo Morosoli, que pretendía imputarlo en el año 2019, y a Ricardo Perciballe por lograr las imputaciones de decenas de terroristas de Estado. Pero, además, decían que “los fiscales no actuaban en causas contra exgobernantes frenteamplistas”, y ponían como ejemplo el Antel Arena.
Los intentos por politizar a la Justicia no son nuevos. En los 90, Manuel Flores Silva, director de la revista Posdata, ya denunciaba por eso a Julio María Sanguinetti. Flores Silva terminó procesado y preso. A mediados de esa década fue Luis Alberto Lacalle Herrera quien acuñó el término "embestida baguala” para cuestionar las investigaciones judiciales sobre él, su esposa Julia Pou y su exministro de Economía, Enrique Braga. Después de dejar la presidencia, envió una carta pública dirigida a la Suprema Corte de Justicia expresando su malestar por las denuncias y las investigaciones judiciales.
Al fiscal Hugo Barrios, que investigaba a Lacalle y a su esposa por la venta del Banco Pan de Azúcar, se le terminó su carrera con ese caso. En el 2023 los herreristas se negaron a votar el ascenso como ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del juez José Balcaldi, quien en los 90 había procesado a Enrique Braga.
Amedrentar es la consigna
En el año 1998 una jueza de Maldonado pretendía procesar a un médico y dirigente colorado por un caso de mala praxis. El médico, que también era candidato a la intendencia, recurrió a sus contactos políticos y hubo una reunión en la sede del Ministerio de Turismo, entonces a cargo de Benito Stern. Allí el senador Wilson Sanabria dijo que “él se iba a encargar de correr a esa jueza de Maldonado”.
Uno de los participantes de esa reunión relató a este cronista lo ocurrido en esa reunión. La información fue publicada en un semanario de Maldonado. Esa misma noche, ya tarde, Sanabria, muy destemplado, llegó a mi casa con la intención de que le dijera quién había sido mi fuente. Como no lo logró, a los gritos dijo: “A esa mina la voy a (irreproducible) y después la voy a correr de acá”. El médico fue procesado, pero poco después la jueza fue trasladada.
El objetivo siempre es el mismo: intentar amedrentar a los que los investigan. Es lo que pretenden hacer ahora con los fiscales. Han trancado las carreras de jueces que no lograron controlar. El mensaje es claro: no te metas con nosotros porque te destruímos.
Lo han hecho con muchos periodistas en todo el país. Las listas negras de periodistas existen. También usan las asignaciones de publicidad oficial con el criterio de premio o castigo a determinados medios de comunicación. Ahora lo hacen con funcionarios públicos que también dependen de sus decisiones para ascender en sus carreras.
Un debate a futuro
El caso Besozzi abre la puerta a lo que debe ser un imprescindible debate nacional: ¿Cómo se deben gestionar las intendencias? El clientelismo político, sustento del poder en el interior del país, no es un invento de los intendentes, aunque ellos lo han perfeccionado.
No muchos recuerdan hoy que, décadas atrás, para conseguir un empleo, para obtener una línea telefónica y hasta para gestionar la jubilación, era imprescindible lograr la tarjeta de un político que lo recomendara. Por ejemplo, Bari González, diputado blanco por Canelones, era conocido entonces por tener casi “un BPS paralelo”. Pero no era el único. El favorcito, la gauchada, son formas de gobierno que provocaron la imputación de Besozzi. Y algo más original: la omisión de denunciar.
Todos los funcionarios públicos están legalmente obligados a denunciar cualquier presunción de delito cometido por otros funcionarios que fuera de su conocimiento. Besozzi sabía lo que estaban haciendo dirigentes de Adeom estafando a sus propios compañeros, pero no lo denunció.
Ahora algunos gobiernos departamentales perfeccionaron el clientelismo usando fundaciones con las que, increíblemente, contribuyen a desfinanciar la previsión social porque no pagan los aportes patronales. Y, si se empieza a tirar de esta piola, nos encontraremos con arbitrarias adjudicaciones de viviendas, con la contratación de múltiples pequeñas empresas siempre dirigidas por alguien vinculado al partido de gobierno para llegar a gigantescas decisiones como los permisos de construcción, con enormes excepciones otorgadas a empresarios que financian campañas.
Este modelo de gobierno se cae a pedazos porque es injusto y solo genera corrupción. ¿Por cuál debe ser sustituido? Es un debate, no solo de políticos, sino también de toda la sociedad. Porque, justo es decirlo, también una parte importante de la sociedad es responsable de ese modelo clientelista.
