El fiscal Franco López señaló que “los inversores desconocían el negocio ganadero y tampoco contaban con capital como para invertir en otro sector. El ofrecimiento resultaba en extremo atractivo, principalmente para aquellas personas con escaso capital eran el público objetivo del emprendimiento por su baja tendencia a ejercer un control exhaustivo de los negocios en los cuales ha invertido capital”, afirmó el fiscal.
Como se verá, esta característica es común a todas las otras grandes estafas descubiertas en el último año.
De acuerdo al dictamen fiscal, “el imputado siempre tuvo pleno conocimiento de que los costos contractuales, así como la cobertura de riesgos que asumía, le impedían utilizar el total del capital invertido en la adquisición de ganado. Naturalmente, parte de esas inversiones debían ser destinadas a cubrir costos operativos, salarios, infraestructura, publicidad, así como solventar los gastos de la operativa ganadera. No se trata ya de un incumplimiento contractual, sino de la plena certeza por parte de los responsables del Grupo Larrarte de que el negocio se tornaría inviable si cada inversión efectuada era destinada a la compra de animales”.
El fiscal destacó la arbitrariedad con la que el imputado disponía del dinero depositado en la cuenta del Grupo Larrarte. Refirió a la creación de una nueva sociedad, llamada Virtin SA, dedicada a la mejora genética. Larrarte dijo que invirtió 250.000 dólares en la instalación del laboratorio de esa empresa, que en 2024 fue trasladada a su pareja, sin motivo aparente y sin que existiera una contraprestación.
Lo mismo ocurrió con la marca Beef Love de cortes de carne premium que promocionaba el Grupo Larrarte, cuya operativa consistía en remitir animales a frigorífico para su faena y en solicitarle que produjera cortes de carne de alta calidad empaquetados en forma individual. El fiscal dijo que Larrarte admitió que ese negocio “no requirió de gran inversión, dado que no existía una actividad productiva real detrás de la marca”. También adquirió una estancia donde vivía con su pareja y reformaron el casco de la misma que “estaba en ruinas”, según dijo en fiscalía.
El fiscal López señaló que el mecanismo utilizado por Larrarte fue el conocido como “estafa piramidal” o esquema “Ponzi”, que requiere una alta inversión en publicidad e infraestructura para generar confianza en los inversores. El monto de la estafa en este caso se sitúa entre los 15 y 20 millones de dólares.
Una curiosidad común a todas las otras estafas es que hubo muchos inversores que no se presentaron a reconocer sus créditos, algo que estaría indicando que no podrían probar el origen legítimo del dinero invertido.
Conexión Ganadera
El caso de este fideicomiso es el más complejo por la cantidad de personas que involucra y por el monto de la estafa que se ha establecido en poco más de 400 millones de dólares. Unos 4.500 inversores son los afectados por el fallecido Gustavo Basso, su esposa Daniela Cabral, Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow. Para estos tres últimos el fiscal Enrique Rodríguez solicitará en breve la imputación por varios delitos, seguramente con prisión.
Por ahora nadie ha podido precisar con exactitud cuáles serían los activos de esta empresa y cuál sería el monto de los mismos con el objetivo de resarcir a los afectados. Sin embargo, diversas fuentes consideran que “hay que hacerse a la idea de que los inversores no podrán recuperar su dinero”. Al igual que en el Grupo Larrarte, la mayoría absoluta de quienes invirtieron son personas que no conocían el negocio agropecuario, que creyeron en el “boca a boca” que señalaba a la empresa como “cumplidora” con sus obligaciones, que veían en Basso a un exitoso empresario, aunque no era más que un vil usurero, y en Carrasco y su esposa, los de mayor visibilidad pública, a personas con conocimiento y solvencia.
Probablemente muy pocos leyeron los contratos que firmaban, ni tampoco se percataron de que con su dinero Carrasco e Iewdiukow ampliaban su propio negocio con tiendas de carne, una marca premium y un proyecto para instalar restaurantes, además de exportar hacia EEUU. Ambos fueron los que recogieron la mayor cantidad de dinero invertido desde una oficina ubicada en Basilio Pereira de la Luz 1074, Pocitos. Su slogan señalaba que “Conexión Ganadera tiene desde 1999 la misión de permitir a personas que no son expertas en ganadería realizar negocios en este sector”.
Un poderoso “llamador”, más teniendo en cuenta que públicamente la actividad ganadera es presentada como una de las más pujantes y exitosas del país.
Basso mantenía su actividad en Florida, donde, desde un cambio de su propiedad, se dedicaba a tomar y prestar dinero, y con su escritorio rural manejaba las tierras arrendadas para ubicar el ganado adquirido por los inversores. Adquirió un frigorífico que faenaba ovinos en Paso de los Toros, y todavía no está claro si compró o le prestó dinero al frigorífico Casa Blanca en Paysandú. Ambos establecimientos están cerrados hoy y un número muy importante de trabajadores quedaron desempleados.
El 28 de noviembre pasado chocó con su automóvil Tesla contra una máquina vial ubicada al medio de la ruta 5, en construcción. La Fiscalía de Florida, después de varias pericias en Uruguay y en el Reino Unido, logró probar que no se trató de un accidente sino de un suicidio, ya que Basso se desplazaba a 211 kms por hora y jamás dejó de acelerar, aún después de embestir varias señales de tránsito.
La muerte de Basso fue el acabose para Conexión Ganadera, cuya operativa estalló a principios de enero de este año.
¿Por qué decidió suicidarse? Al respecto hay dos teorías. Una difundida por el columnista de La Mañana, Felipe Caorsi, quien dijo haber recibido el llamado de un ciudadano paraguayo, presuntamente narcotraficante e inversor, en el que se le informaba que Basso había recibido un ultimátum: “Elegí a cuál de tus hijas vamos a matar”. El empresario dijo entonces que “cambiaba su vida por la de sus hijas y que su socio le pagaría”. La otra teoría proviene de personas cercanas a Basso en Florida, que lo habían visto muy mal dos o tres días antes de morir. Según estas fuentes “creía que el triunfo del Frente Amplio el 24 de noviembre marcaba el fin de su negocio”.
Si bien no tenía militancia política, lo señalan como votante del Partido Nacional. En cambio, Carrasco no solo adhería a la lista 40, sino que, además, era un duro crítico de la izquierda y defensor de las políticas implementadas por Luis Lacalle Pou. Incluso el senador Sebastián da Silva reconoció públicamente “que había aconsejado a varias personas invertir en Conexión Ganadera”.
Después de muerto, muchos lo señalaron como “un empresario ejemplar y de honestidad sin igual”. Algo que ahora ni el cura que le daba la comunión todos los días cree, porque también está en la lista de estafados.
¿Dónde está el dinero de Conexión Ganadera? Nadie lo sabe. Uno de sus contadores dijo en Fiscalía que las inversiones no figuran en los balances de la empresa. Además, se descubrió un entramado de empresas que ahora la investigación intenta desentrañar qué esconden. También se buscan propiedades en Punta del Este y en el exterior, así como depósitos de dinero en paraísos fiscales como Andorra.
¿De dónde vino el mayor volumen de dinero? Varios testimonios indican que la empresa recibía importantes cantidades de dinero que ingresaba oculto al país desde Paraguay y desde Argentina. Si la mayoría absoluta de inversionistas uruguayos, unos 4.000, colocaron entre 15.000 y 100.000 dólares, para llegar al monto total de los 400 millones estafados es obvio que hay un grupo significativo que colocó millones de dólares.
En esta ocasión también hubo muchos que no se presentaron a reconocer sus créditos. Todo indica que al final Conexión Ganadera fue un formidable esquema de lavado de dinero sucio.
República Ganadera
A mediados de marzo, la jueza Constanza Farfalla decretó el concurso necesario de República Ganadera y desplazó a sus propietarios, Nicolás Jasidakis y Mauricio Mussio, como autoridades del fondo ganadero, disponiendo que la administración de la empresa quede a cargo de la síndica Zamira Ayul. Ambos directivos son investigados por el Juzgado de Lavado de Activos y tienen un cierre de fronteras, en principio hasta el próximo 22 de agosto.
A solicitud del fiscal Enrique Rodríguez, la Justicia decretó el levantamiento del secreto bancario de las cuentas asociadas al fondo ganadero y la realización de varios informes a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay y a la Senaclaft, ya que el fiscal analiza si Jasidakis y Mussio cometieron los delitos de estafa y apropiación indebida por los que están siendo investigados.
La operativa era la misma que las dos reseñadas antes, y en este caso el monto de la presunta estafa ronda los 80 millones de dólares.
Sara Goldring
A fines del 2023, la corredora de Bolsa Sara Goldring fue imputada por un delito continuado de apropiación indebida. Nacida en Argentina hace 76 años, manejó junto a su hijo mayor una sociedad fundada en los años 80 por su marido, el contador Mauricio Cukier. Así llegó a ser la primera mujer en operar en la Bolsa de Valores de Montevideo y en ocupar un lugar en el directorio.
La abogada Patricia Regules, representante de más de un centenar de estafados, dijo al semanario Voces que “la mayoría de sus clientes son personas mayores, comerciantes de clase media, con un perfil conservador, que invirtieron sus ahorros y jubilaciones con Goldring pensando en tener un respaldo futuro. Entre ellos estaban sus escribanos, arquitectos, exempleadores, familiares, médicos y amigos de la familia, entre otros”.
Regules relató que “en los años 2000 Goldring se aventuró a invertir en la Bolsa de Valores americana. Como no tenía licencia para operar directamente, lo hacía a través de varios bancos de inversión americanos que le brindaban la plataforma operativa para comprar y vender en el mercado de acciones.
Entre esos bancos se encontraba Jefferies LLC. La operativa era, a muy grandes rasgos, la siguiente: Goldring captaba depósitos de sus clientes, los giraba a la cuenta de una de sus empresas en bancos de inversión en Estados Unidos, para así conseguir precios más competitivos, menores costos operacionales, etc.
En el ambiente en el que se desenvolvía, especialmente entre la colectividad judía, Sara Goldring era reconocida por llevar a cabo operaciones bursátiles muy sofisticadas, las cuales eran tan complejas que lamentablemente la mayoría de sus clientes no las entendían completamente.
La estructura empresarial robusta y bien organizada de Goldring, combinada con la aparente regulación y supervisión del Banco Central de Uruguay, contribuyó a la confianza depositada por los clientes”, afirmó la abogada.
Por su parte, Búsqueda relató que “la corredora de bolsa Sara Goldring monitoreaba en la mesa de United Brokers (UB), en Aguada Park, seis pantallas de Bloomberg con los precios de las principales acciones. Llegaba sobre la hora 10:30 y se quedaba hasta las 17 —salvo que cambiara el horario en Estados Unidos— y almorzaba en su escritorio para no perderse el minuto a minuto. Desde allí, Goldring vio cómo la invadió un ‘tsunami’: el derrumbe del valor de los títulos de empresas tecnológicas que cotizaban en Nasdaq. Fue una ‘debacle’, como ella misma definió, que decidió ocultar a sus clientes”.
El monto de la estafa en este caso también es impreciso, pero la mayoría de las fuentes lo sitúan como cerca de los 300 millones de dólares.
El rugbista y las criptomonedas
Desde unos días antes de las elecciones de octubre pasado, en Carrasco se vivía un shock. Un conocido rugbista, hijo de una reconocida familia vinculada al Partido Nacional, había estafado a casi 200 personas, casi todos vecinos del barrio. Entre ellos hay amigos, compañeros de deporte, pero también importantes empresarios, además de ciudadanos argentinos y brasileños.
Gonzalo Campomar (37 años), importante jugador de rugby en Los Teros, con algún pasaje por la Selección, es el protagonista de una estafa piramidal cuyo monto total se ha estimado en unos 65 millones de dólares, aunque hasta que no se investigue seriamente no se sabe exactamente. Tampoco se sabe qué pasó con el dinero. En realidad son muchos los detalles de la maniobra que aún son desconocidos.
Todo empezó entre fines del 2020 y principios del 2021 cuando Campomar (a) “el Lechuga”, comentó entre sus conocidos que estaba iniciando un negocio de muy alta rentabilidad. Se trataba de colocar dinero por el que se pagaría un 2 % mensual. Una cifra que tentó a muchos que, sin pensarlo, y al tratarse de un conocido, se involucraron. Así empezó a recibir dinero que él decía que invertía en criptomonedas, y de ahí la rentabilidad. Al principio todo iba bien, los inversores empezaron a llegar y a cobrar las cifras pactadas. Pero en un momento la cadena comenzó a enlentecer y si no conseguía que ingresara más dinero, no podría cumplir con los intereses pactados previamente.
Para conseguir más inversores recurrió a dos argumentos, según relató a Caras y Caretas una de las personas afectadas. El primero fue empezar a decir que “contaba con el respaldo de Francisco de Posadas”, titular del Grupo Magnolio, algo de lo que nadie dudó porque sabían que ambos jugaban rugby y además las familias eran amigas y tenían vínculos políticos. Pero según informó el periodista Eduardo Preve, De Posadas no estaba en conocimiento de que era mencionado, señaló que nada tenía que ver con la maniobra, aunque sí reconoció haberlo ayudado presentándole a algunos empresarios.
El otro argumento fue incrementar los porcentajes de los intereses que pagaba, llegando en algún caso hasta a ofrecer un 6 % mensual. Y además también empezó a pagar un porcentaje a quienes le arrimaban clientes. Así llegó el empresario puntaesteño Elbio Rodríguez, el amigo del exministro de Turismo Germán Cardoso e investigado por el asunto Kirma. Rodriguez es un conocido prestamista en Maldonado y jugador profesional de póker. Éste le consiguió inversores argentinos que entregaron unos siete millones de dólares. También llegó algún “inversor” brasileño.
Pero el mayor problema fue el arribo de un inversor “peligroso”, quien, finalmente, sería el responsable de la huída de Campomar. El “inversor peligroso” sería un pesado del narcotráfico con vínculos en Paraguay. Este hombre le reclamó todo el dinero que había entregado en un plazo no mayor a 48 horas, “si no, habría represalias contra la familia”.
Inmediatamente Campomar envió a su esposa e hijos a Italia, donde tienen familia, y él viajó a EEUU vía Panamá. Desde entonces no hay señales suyas.
Campomar solo tiene una denuncia penal por libramiento de cheques sin fondos, un delito por el que obviamente no será requerido.
¿Y los 65 millones? Hasta el momento, sin novedades.
