Por ahora, en Uruguay nadie ha encontrado la fórmula para colocar a la economía en una senda de crecimiento en el mediano plazo; por el contrario, el crecimiento se ha mantenido en cifras muy modestas que no satisfacen a nadie y que parecen insuficientes para garantizar un nivel de vida digno para toda la población al menos con una distribución desigual del ingreso que no ha tenido grandes variaciones en las últimas décadas.
El sistema político expresa permanente, y casi obsesivamente, la necesidad de fomentar el crecimiento. Las consultoras económicas lo secundan con estudios sesudos y modelos extranjeros a ser imitados, proponiendo alternativas y opciones como el modelo irlandés, el neozelandés, el chileno, el australiano, el canadiense y cualquier fuente de inspiración proveniente de un mundo anglosajón que ha permitido al neoliberalismo enquistarse en su entramado legal y regulatorio.
Tal vez a alguien se le ocurría darle chance a un modelo que tenga en cuenta nuestra inserción en el mundo, nuestra geografía, el tamaño de nuestro mercado, nuestros valores ideológicos y culturales, nuestra idiosincrasia y nuestras ventajas competitivas para intentar diseñar algo que podría llamarse el modelo uruguayo.
A pesar de sus variantes, el enfoque neoliberal del crecimiento pasa por recetar estabilidad macroeconómica y “reglas de juego estables”.
El argumento es sencillo: para crecer se necesita inversión, y para atraer inversiones se necesita estabilidad económica y previsibilidad política.
El ideal para esta propuesta neoliberal sería poder sustituir a las autoridades electas por una tecnocracia educada en la doctrina impuesta por las elites del poder. Pero hoy día eso no es posible por “antidemocrático”, por lo que el resultado es que la visión tecnocrática debe venir impuesta por los organismos internacionales y la inversión extranjera.
Para que vengan inversiones extranjeras ofrecemos renuncias impositivas, exoneraciones y rebajas de las que no disponen los emprendimientos locales y pagamos intereses con tasas que son muchísimo más altas que las que paga el Estado cuando se financia en el mercado financiero internacional, como sucede en las llamadas PPP (Participación Público Privada), que no es otra cosa que deuda externa carísima financiada, vestida con otro nombre.
¿Por qué no preguntarse por qué no podemos financiar las inversiones nosotros mismos sin tener que recurrir a tanto capital extranjero?
Después de todo, el Estado uruguayo es considerado un buen crédito a nivel internacional y se puede financiar directamente a tasas muy ventajosas.
Tengo entendido que aunque parezca intuitivo el vínculo entre estabilidad macroeconómica y crecimiento, no está firmemente establecido por la teoría macroeconómica. Esto parecerá un poco extraño a juzgar por la casi unanimidad que existe en nuestro sistema político, los Think Tank y la Academia Nacional de Economía.
Eran otros tiempos, pero los más viejos recordamos que Brasil experimentó sus mejores años de crecimiento conviviendo con alta inflación, indexación y devaluación. Paradojalmente, el crecimiento pasó a ser mediocre a partir de los ‘90, cuando empezó a adoptar los preceptos del Consenso de Washington. El “milagro” se extinguió y el crecimiento del PIB per cápita pasó a ser absolutamente mediocre.
No creo estar diciendo nada extraordinario, simplemente advertir que no hay recetas mágicas para aumentar la productividad, se necesita inversión. Pero en un país relativamente pequeño como el nuestro, las economías de escala y las finanzas son una limitante para que ésta pueda ser encarada adecuadamente por el sector privado. Esto, guste o no, deja al Estado con la iniciativa y la mayor carga del financiamiento. ¿O acaso las obras del Ferrocarril Central no las pagaremos todos los uruguayos? ¿O será que esta “iniciativa privada” del proyecto Neptuno la pagarán los privados en lugar de OSE? ¿Y las carreteras y la obra pública quién la paga? ¿Y el dragado, la obra portuaria y la vivienda?
Lo paradójico es que, contando con un Estado preparado para desarrollar grandes obras de infraestructura, en los últimos tiempos esta tarea ha sido delegada a consorcios privados que pasaron a controlar los diseños de ingeniería, las obras, las finanzas y prácticamente todo. Eso sí, el Estado paga “por disponibilidad” a largo plazo y con intereses siderales.
En el otro extremo se encuentra la multitud de pymes y trabajadores que encuentran un Estado cada vez más ausente en su vida comercial y privada. En ese sentido, debemos una vez más insistir sobre la naturaleza crecientemente regresiva de un sistema fiscal que, COMAP mediante, permite que las grandes empresas paguen una tasa de impuesto a la renta efectiva menor que las que abonan el resto de las empresas y la población. Esto fomenta la concentración empresarial y la erosión del empleo, ya que, por más informes de consultoría y otros adornos para la COMAP, un número significativo de estos proyectos no logra demostrar una generación de empleos que compense a los que destruye con la concentración. Mucho menos la generación de empleos de calidad.
Ni hablemos de las ganancias de los bancos privados y las AFAP que nadie habla de tocarlas y que las mencionamos una vez más para no olvidarlas.
La doctrina neoliberal fue logrando imponer el principio de que las agendas productivas y de distribución del ingreso deben correr por carriles separados.
Pero la creación de oportunidades de empleo productivo para aquellos a la base de la pirámide de ingresos es un aspecto fundamental de las políticas de distribución. A menudo, cuando pensamos en productividad, tendemos a asociar la incorporación de tecnología y los empleos a la cima de la pirámide de ingresos. Pero para mejorar la productividad agregada, resulta tanto o más importante mejorar la productividad en la base de la pirámide, en las actividades más intensivas en mano de obra.
Pensar que vamos a mejorar la productividad automatizando actividades que reduzcan las oportunidades de empleo calificado sin hacer algo a la base es una quimera. Es por ello que no se puede descartar así nomás la idea de reducir la jornada laboral, ya que, más allá de que sea un reclamo sindical, aplicada inteligentemente puede llegar a contribuir a incorporar mejor la inteligencia artificial.
Lo cierto es que, dada la importancia que el Estado tiene en la movilización de la inversión, la agenda de infraestructuras no puede quedar sólo en manos del sector privado. Esta combinación promueve peligrosamente la búsqueda de rentas y la concentración, lo que conspira contra el objetivo de un mercado competitivo y una economía balanceada. Una agencia de infraestructuras que todo lo concentre puede llegar a exacerbar este efecto y, sobre todo, a reducir las áreas de actuación y decisión del Estado.
El Estado tiene ya las instituciones para promover inversiones en diferentes rubros. Por ejemplo, tenemos un Banco Hipotecario del Uruguay que tenemos olvidado y recortado como un bonsái. Pero la correlación entre la emasculación del BHU y la inmovilidad en la construcción de la vivienda social en las últimas dos décadas es muy alta. Quizás sea momento de revitalizar esta institución, más antigua aún que el BROU, dándole más piola para que lidere planes de vivienda social que lleguen allí donde no llega hoy la llamada vivienda promovida.
