Destapando ollas: la murga del humo se va

A un Gobierno mal aspectado le cayeron arriba cuatro de las siete plagas del Apocalipsis. Pero las otras tres plagas crecieron acá: Marset y su pasaporte, Astesiano y Penadés.

Si en algo resultó muy exitoso este Gobierno fue en la autopublicidad. Tanto como para hacernos creer que días antes de la segunda vuelta el 50 % de los ciudadanos aprobaba la gestión de Luis Lacalle Pou y apenas el 31 % la desaprobaba. Pero resulta que perdió las elecciones por unos 100.000 votos, con casi el 50 % de los votos válidos. ¿Cómo se aprueba la gestión de alguien a quien no se va a votar? Es algo difícil de entender, salvo para los encuestadores.

Uno de los presidentes más jóvenes de nuestra historia mostró desde el principio de su gestión una actitud diferencial. Con el inicio de la pandemia Lacalle Pou aparecía todas las noches durante el horario central de TV aportando datos sobre el desarrollo del COVID e informando diferentes medidas.

Luego de levantarse la emergencia sanitaria, y tal como lo había hecho durante la campaña electoral, ahora como presidente, se tomó selfies con todos los que se acercaron. Casi siempre trató bien a los periodistas y daba extensas declaraciones allí donde estuviera. Se mostró practicando deportes, circulando en su moto Harley-Davidson, comprando en una frutería de La Paloma o en la fiambrería de un super de Punta del Este, o almorzando en un restaurante de Carrasco. Siempre solo.

Esa actitud descontraída le granjeó simpatías. No se parecía a su padre, pero tampoco a Mujica, a quien también solía verse con su compañera almorzando en Belvedere o en un boliche detrás de Casa de Gobierno.

También se armaron coberturas de prensa para mostrarlo caminando por la avenida 18 de Julio junto a quien entonces era su esposa. La máquina propagandística funcionaba a pleno. En la propia Torre Ejecutiva se armó un numeroso equipo de fotógrafos, cameramen, comunicadores y editores que difundían a través de las redes todo lo que hacía el presidente. Y hasta otorgó entrevistas en inglés (o algo parecido) a la BBC en Londres y a periodistas de la derecha en Buenos Aires.

Tal vez ahora, en algún momento, sepamos cuánto costó esa estructura propagandística que dirigía su asesor, Roberto Lafuf.

Problemas irresueltos: pobreza y seguridad

Esas coberturas no mostraban el crecimiento de la pobreza infantil, ni a los miles que podían comer si iban a una olla popular, o a los miles que viven en la calle. Si bien es cierto que hay problemas que ya parecen endémicos, por varias razones algunos se profundizaron. Entre ellos la pobreza infantil y el número de gente que vive en situación de calle.

Maldonado es un buen ejemplo que demuestra cómo la pobreza no es un problema de recursos sino de su distribución. En el departamento más rico del país la pobreza infantil creció el 115 % durante los últimos cinco años.

En plena pandemia, con absoluta falta de empatía, el Mides dejó de apoyar a un número importantísimo de ollas populares barriales con la excusa de que “eran usadas políticamente por el Frente Amplio”.

La gente en situación de calle, en su mayoría exreclusos y adictos, generan problemas de convivencia con los vecinos, son objeto de estudio y declaraciones, pero, en rigor, nadie se ocupa seriamente de ellos. No para sacarlos de la calle y meterlos en un sucucho, sino para ayudarlos a construir otra forma de vida.

La seguridad fue otro fracaso. Malgastaron tiempo y recursos para intentar demostrar que los delitos bajaban en relación a los existentes durante los gobiernos frenteamplistas. Pero, ¿cuánto bajaban? ¿En serio creían que a la gente dejaba de preocuparle la inseguridad porque se registraban 1.000 rapiñas menos en un total de 30.000? Además, no fueron pocos los jerarcas policiales que alteraban los datos de registros.

Se mantuvieron y crecieron los números de homicidios, pero con el agravante de que se hicieron habituales los asesinatos brutales y los crímenes por encargo. El 2024 cerrará como el año en que se cometieron más homicidios desde que se registran oficialmente.

El miedo está más que instalado en nuestras ciudades y pueblos. Un empresario de Piriápolis, un lugar parecido a la imagen del paraíso, dijo semanas atrás que “en invierno, al caer el sol, los comerciantes cerraban por temor a ser asaltados”.

El miedo es visible en cámaras, rejas, alarmas, perros y armas, sobre todo armas, en poder de gente común. Para los actuales gobernantes todo era “un legado de Bonomi”.

Como para ellos se trataba de “un problema ideológico”, incrementaron las condenas, llenaron las cárceles, empoderaron a la Policía y arremetieron contra la Fiscalía.

El miércoles pasado, y en un rapto de sinceridad, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo a radio Sarandí que “es cierto que estando adentro las cosas son más complejas a como se ven desde afuera”.

Muchas ollas para destapar

El Gobierno entrante perderá credibilidad rápidamente si no se ocupa de investigar y aclarar todas las denuncias por presuntos actos de corrupción que ha denunciado en estos años. La lógica política imperante siempre ha determinado que no se debe actuar con revanchismo, porque sobre todo a la hora de lograr mayorías para asuntos de interés es mejor “mirar para otro lado” en determinadas circunstancias. Ejemplos sobran en todo el país.

Pero ocurre, casi siempre en campaña electoral, que los actores políticos se acusan mutuamente por actos de corrupción. Y esas acusaciones inciden en las decisiones que toman los votantes.

Durante este último tiempo asistimos a cómo Yamandú Orsi, presidente electo, fue víctima de una abyecta y falsa campaña ideada —¿solo por ella?— por la militante nacionalista Romina “Celeste” Papasso. La mentira duró poco, pero hizo mucho daño. Piensen solo cómo habrán vivido ese tiempo los pequeños hijos de Orsi.

Dos personas, más propias de una farándula berreta que del Senado de la República, como Graciela Bianchi (a), “la reina de las fake news”, y Sebastián Da Silva mintieron e intentaron ridiculizar a Orsi. Les fue mal, pero como no aprendieron nada, persisten y se supone que persistirán hasta que alguien se agote, los denuncie ante la Justicia y logre su condena.

Uno de los primeros asuntos graves para aclarar es la concesión de la Terminal Portuaria por 60 años a la empresa belga Katoen Natie. Ya hubo una decisión judicial archivando una denuncia realizada por senadores del FA. Pero si aparecen datos nuevos, eso puede cambiar.

Por lo pronto, esta misma semana la futura ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry, anunció que “el programa del FA establece la posibilidad de llegar a tener acceso a la información a los efectos de ver qué márgenes hay que permitan recuperar soberanía, sobre todo para la operativa de adentro”. Etcheverry señaló que “luego de asumir espera acceder a información de primera mano sobre el acuerdo. Una vez que tengamos acceso a esa información de quienes protagonizaron esta decisión, que para nosotros es controvertida y cuestionable, vamos a ver qué margen de acción se tiene”.

El caso Astesiano es otro que necesita ser aclarado en su totalidad. Si bien por decisión de la fiscal de Corte adjunta, Mónica Ferrero, ya no podremos conocer el contenido de los chats entre Lacalle Pou y su exjefe de seguridad, Alejandro Astesiano, en los audios difundidos públicamente y que están en la carpeta fiscal surgen datos sobre arreglo de licitaciones que involucran al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al de Defensa y a UTE, por lo menos.

El otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset aún tiene una acción judicial pendiente que involucra directamente al asesor presidencial Roberto Lafluf, con terminantes acusaciones en su contra formuladas por la exvicecanciller Carolina Ache. No se ha descartado que haya más personas involucradas en la rotura de un documento público.

Todavía está pendiente la investigación sobre el uso y destino de los 8 millones de dólares en horas extras adjudicados por el exintendente Pablo Caram, a solicitud de su sobrina y exdiputada blanca, Valentina Dos Santos. Es imprescindible saber si parte de esos dineros fueron apropiados o pagaban la campaña electoral.

¿Qué va a pasar con los más de 30 “acomodados” en Salto Grande por Carlos Albisu, expresidente de la Comisión Técnica Mixta y electo diputado?

¿Qué va a pasar con el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, denunciado por periodistas de ese departamento por un presunto delito de abuso de funciones?

¿Qué va a pasar con el intendente de Maldonado acusado por entregar bienes públicos a una amiga y militante de su sector?

¿Qué va a pasar con el exsenador herrerista Gustavo Penadés, actualmente en prisión, acusado por 22 delitos sexuales contra menores?

Varias de estas causas están ya en la órbita judicial, por lo que el poder político no debería intervenir más que para asegurar los recursos necesarios para culminar las investigaciones y proteger la independencia de los poderes.

Sin embargo, ante un cambio de gobierno muchas personas que podrían aportar datos ya no sentirán la presión que ahora se pudo ejercer sobre ellas.

Hay corrupción en la Policía y en las Fuerzas Armadas; hay corrupción en varias intendencias y en diferentes organismos públicos.

El nuevo Gobierno no puede destinar todo su esfuerzo en esas investigaciones porque hay tareas urgentes para la gente. Pero, a la vez, debe hacerlo, porque combatir la corrupción es imprescindible para mantener instituciones sanas. Y sobre todo para evitar que el ciudadano termine pensando que son todos iguales.