Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMEEl Partido Nacional decidió resolver el problema político en el que está metido por culpa de los actos de corrupción cometidos por Guillermo Besozzi y, en lugar de asumir sus responsabilidades, la emprendieron contra la fiscal Alciaturi.
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Guillermo Besozzi (PN), exintendente de Soriano, fue imputado hace dos semanas por siete delitos vinculados a corrupción.
Hace menos de un año fueron procesados el intendente blanco de Artigas, Pablo Caram, y la diputada del sector, Valentina Dos Santos.
El intendente frenteamplista de Salto, Andrés Lima, fue denunciado penalmente por entregar terrenos municipales a militantes de su sector. La investigación aún no se ha iniciado.
Nicolás Olivera, intendente blanco de Paysandú, fue denunciado hace dos años por los contratos con la Fundación A Ganar. La causa aún no tiene fiscal asignado.
El intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra (PN), tiene una denuncia penal por abuso de funciones, pero no hay un fiscal que quiera asumir la investigación.
Alejo Umpiérrez (PN), exintendente de Rocha, también fue denunciado por sus contratos con la Fundación A Ganar, pero la causa duerme en un escritorio fiscal.
Hace una semana fue denunciado en Fiscalía el expresidente de la Junta Departamental de Maldonado, el blanco José Luis Sánchez, por la presunta apropiación de fondos públicos. Pero la causa abarca a otros dos ediles del sector que también presidieron el legislativo departamental. Aún no se asignó fiscal.
El miércoles pasado, los senadores blancos Sergio Botana, Álvaro Delgado, Javier García, Graciela Bianchi, Luis Alberto Heber, Sebastián da Silva, Carlos Camy, Gloria Rodríguez (suplente de Nicolás Olivera) y Nicolás Martinelli (suplente de Martín Lema) denunciaron ante la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, a la fiscal de Soriano, Stella Alciaturi, por unos reposteos de humor crítico contra el Partido Nacional que habría realizado en Facebook. Inmediatamente Ferrero ordenó una investigación administrativa.
El mensaje que se da es muy grave: no se metan con el poder porque serán destruidos. El ciudadano tiene derecho a preguntarse qué fiscal iniciará una investigación contra un intendente si será inmediatamente investigado.
La corrupción es un grave problema endémico en las intendencias del interior del país, 15 de ellas gobernadas por blancos. Más que un gobernante democrático, el intendente actúa tal como si fuera un patrón de estancia. Desde ese cargo decide sobre vida propia y ajenas. Por ejemplo, quién tiene derecho a trabajar o no en la Intendencia u otras oficinas públicas; quién puede o no acceder a una vivienda, qué empresario o inversor puede desarrollar proyectos; qué medios de comunicación sobreviven.
Los ejemplos se suman por miles en todo el país, pero nadie hace nada porque, o están “agarrados por la cola”, o se declaran imposibilitados o temen ser perseguidos.
La mayoría automática que otorga la Constitución al partido triunfador para la integración de las Juntas Departamentales comienza a ser visualizada como un problema de diseño institucional. A eso se suman ahora los municipios, que proliferan y también son vistos como pequeños centros de poder local. De hecho, hay más candidatos a alcalde que a intendente.
Es cierto que no son pocos los que afirman que las denuncias por corrupción son usadas como campañas de desprestigio contra determinadas figuras. Y en muchos casos parece haber sido así. En el año 2015 el intendente de Maldonado Enrique Antía ordenó realizar cuatro denuncias penales contra su antecesor, el frenteamplista Óscar de los Santos, y para ello gastó unos 200.000 dólares de dineros públicos. Una tras otra las denuncias fueron archivadas por falta de méritos y estos dictámenes fueron confirmados por diferentes Tribunales de Apelaciones. O sea, el exintendente jamás fue imputado. Pero el prestigio de De los Santos fue afectado entre propios y ajenos. Tal vez ese era el objetivo, quitarse de arriba al único que podría arrebatarles el gobierno departamental.
Diferente parece ser la situación de Besozzi, ya que fue imputado por 7 delitos vinculados a corrupción. Los elementos probatorios que han trascendido son contundentes. La fiscal Alciaturi parece haber hecho lo correcto, es decir, recibió una denuncia por un hecho —el incendio en un teatro público— e, investigando, encontró elementos probatorios de otros delitos por los que ya lleva más de 30 imputados, entre los que hay dirigentes de Adeom Soriano, varios jerarcas de la Intendencia, además de conocidos empresarios y particulares.
Curiosamente, Federico García, candidato blanco a la intendencia de Soriano, dijo a M24 el pasado martes que “hubo irregularidades durante la gestión de Guillermo Besozzi en la Intendencia”.
Para completar este tétrico panorama, ayer Búsqueda informó que el abogado de Besozzi fue destituido del Poder Judicial por gastarse U$S 20.000 de una cuenta del juzgado. Según la publicación, Nelson Rosa se desempeñaba como juez de Paz de Mercedes hasta febrero de 2024, cuando la Suprema Corte de Justicia lo destituyó tras concluir que “carece de nociones básicas de ética y moral”.
Pero para los blancos el problema mayor es si la fiscal es frenteamplista, de Peñarol y Aguada, mira dibujos animados o lee a Onetti, cuando en realidad se debería analizar si actuó ajustada a derecho. ¿Por qué van solo contra la fiscal y no contra la jueza que avaló todas las solicitudes fiscales? Pues porque no quieren aparecer como interviniendo en otro poder del Estado.
Para los mismos dirigentes, nunca mereció objeción que la entonces fiscal Gabriela Fossati le diera “like” a posteos contra Fernando Pereira, presidente del FA. Luego ella explicó lo sucedido y todos le creyeron.
Alciaturi también dijo que no hizo esos reposteos, pero a ella no le creen. Esto se llama cinismo.
Es cierto que ni la Fiscalía ni la Justicia son un todo igual ni actúan de la misma forma en cada lugar. La denominada independencia técnica permite que tanto un fiscal como un juez actúen según su leal saber y entender de acuerdo a las leyes. Pero ocurre que el Estado no tiene una política para enfrentar la corrupción política. La Jutep, el organismo encargado del control de los gobernantes y funcionarios públicos, no recibe ni los recursos ni la atención que merece.
Faltan leyes. Por ejemplo, no están calificados como delitos el enriquecimiento ilícito ni la corrupción. Por eso se recurre a una figura genérica como el abuso de funciones, que tiene una condena ridícula.
Existen normas para controlar el financiamiento de los partidos políticos, pero son ociosas porque no hay sanción y pueden declarar cualquier cosa porque la Corte Electoral, organismo que debería controlar, se ha declarado incapaz de hacerlo.
Nunca escuchamos que la Senaclaft investigara por lavado a un gobernante o a un político. Francisco Sanabria, dueño de Cambio Nelson, fue procesado por lavado de dinero, pero nunca se abrió una investigación porque sus testaferros y empresas subsidiarias siguen funcionando como si nada.
El clientelismo es un grave problema y afecta a los ciudadanos más pobres, los más interesados en obtener trabajo o una vivienda.
A fines de los 90, un director de Vivienda durante la gestión del intendente blanco Camilo Tortorella en Maldonado, fue procesado con prisión por adjudicar viviendas a militantes blancos a los que encima coimeaba en miles de dólares.
En Cerro Pelado, un barrio periférico construído por Domingo Burgueño en las afueras de la ciudad de Maldonado, hubo campañas de terror para que las casas lucieran banderas partidarias so pena de quitarles la adjudicación.
La Jutep tiene a estudio una denuncia presentada contra el intendente Antía por adjudicarle una vivienda a una amiga personal, a la que también dio empleo en el Municipio de Punta del Este.
En este departamento hay una empresa de construcción, bastante nueva, que obtiene casi todos los contratos de obra pública. Según revelaron dirigentes de Adeom, “el suplente del alcalde de Aiguá es el propietario de uno de los más grandes talleres mecánicos de Maldonado donde, sin licitación, van a repararse la mayoría de los vehículos livianos de la Intendencia”.
El clientelismo se verifica en los datos aportados por la OPP. En el año 2022, en Soriano ingresaron 327 funcionarios por designación directa, no hubo ni un concurso. En Artigas entraron 173 y solo uno concursó; en Río Negro fueron 122, en Rivera 90, en Durazno 58, en Cerro Largo 195, todos por designación y sin ningún concurso.
En Maldonado, Antia logró en el año 2015 que la Junta Departamental le aprobara que “el 30 % de los nuevos ingresos sean por designación directa”.
En departamentos donde hay varios candidatos blancos, como por ejemplo en Tacuarembó y Lavalleja, se están denunciando entre correligionarios por perseguir a opositores y ejercer clientelismo político.
Los permisos de construcción son otro ámbito de posible corrupción. Maldonado está lleno de casos y la denuncia contra Ezquerra en Tacuarembó se relaciona a un predio de su propiedad vendido a una empresa forestal para el que él mismo solicitó una recalificación del suelo.
En el interior casi todos sabemos qué empresas son de qué políticos y también cómo se lograron. El asunto es si resistirán una investigación sobre su patrimonio.
Pero claro, el mayor problema hoy es la fiscal Alciaturi y sus reposteos humorísticos. Es decir, la política del tero.
