En Uruguay se cumplen 40 años de las ex presas y presos políticos

Dictadura

Durante los años de la dictadura, la estrategia represiva privilegiada durante el terrorismo de Estado en Uruguay fue la extensión de la tortura y la detención y prisión prolongada de sus habitantes.

Miles de personas de todas las edades, estratos socioeconómicos, identidades sexuales o étnicos raciales fueron perseguidas y recluidas en cárceles, centros clandestinos de detención y tortura y unidades militares como cuarteles. Algunas personas fueron detenidas y desaparecidas, su búsqueda continúa.

En la comisión de Derechos Humanos de Diputados la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley que propone: "Declárase al 14 de marzo como día de la ex presa y del ex preso político en reconocimiento al papel llevado a cabo en la lucha por la democracia, la libertad y el Estado de derecho a las miles de personas que, desde el 13 de junio de 1968 hasta el 28 de febrero de 1985, fueron privadas de su libertad, enfrentando la actuación ilegítima del Estado, la dictadura civil militar de Juan María Bordaberry y el terrorismo de Estado".

En la fundamentación de motivos se expresa que : "La privación masiva de la libertad, en muchos casos, de manera prolongada, siempre asociada a la tortura, a violaciones y a los malos tratos, fue la característica diferencial de la represión desatada en Uruguay con respecto a otros regímenes similares en el Cono Sur. Fue la metodología deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para destruir a los opositores y disciplinar a la sociedad en aras de promover su proyecto socio económico al servicio de los dueños del poder. Desde el 13 de junio de 1968, momento en que el presidente de la época Jorge Pacheco Areco decretó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) hasta el 28 de febrero de 1985 Uruguay vivió un enorme clima de violencia, de actuación ilegítima del Estado, de dictadura civil militar encabezada por Juan María Bordaberry y de terrorismo estatal desembozado. Las cifras son elocuentes. Hubo 197 detenidos desaparecidos, 200 asesinados y más de 20.000 presas y presos políticos. Más de 7.000 personas, incluso menores, fueron condenadas a prisión prolongada por tribunales militares sin garantías legales de ningún tipo. Fueron recluidas en centros carcelarios diseñados para la destrucción física, síquica, moral e ideológica de las personas recluidas. El rasgo distintivo de todas y todos los prisioneros fue haber enfrentado al gobierno abusivo de Jorge Pacheco Areco, haber enfrentado a la dictadura y al terrorismo estatal dentro y fuera de las fronteras nacionales. Su compromiso con la libertad y la democracia, por el cual pagaron un duro precio, fue decisivo para contribuir activamente a la salida que se logró mediante las elecciones restringidas de noviembre de 1984. Las ex presas y los ex presos políticos como parte de la lucha de todo el pueblo uruguayo permitieron que Uruguay retornara a la democracia y a la libertad. Para preservar la memoria histórica de lo ocurrido, en el marco de lo dispuesto por la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que nuestro país suscribió en diciembre de 2005, el Estado tiene la obligación de rendir el debido homenaje a quienes sufrieron gravísimas violaciones a los Derechos Humanos, catalogables como Crímenes de Lesa Humanidad, por su activa participación en la defensa de las libertades, de los derechos y de la institucionalidad democrática.

En razón de ello, al cumplirse 40 años de la liberación de las últimas y últimos presos políticos el día 14 de marzo de 2025 se aprueba el presente proyecto de ley".