El proyecto Arazatí viene siendo un tema caliente en la transición de gobierno y en las últimas horas tuvo un nuevo capitulo. Este martes se llevó a cabo una reunión de transición en el Ministerio de Ambiente y el tema Arazatí fue uno de los centrales. La construcción de una planta potabilizadora que tomará agua del Río de la Plata, en la costa de San José, es el tema que divide al gobierno saliente de Lacalle Pou con la nueva administración de Yamandú Orsi, y así quedó de manifiesto una vez más en las declaraciones del ministro actual Robert Bouvier y quien será su sucesor, Edgardo Ortuño.
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Tras la reunión, Bouvier dijo en rueda de prensa que el actual gobierno le deja al entrante “una solución”, en referencia a Arazatí.
El futuro jerarca de la cartera ambiental, Edgardo Ortuño, manifestó que el intercambio fue preparado previamente con “un pedido de más de 100 consultas” elaboradas por su equipo. Calificó la instancia como “positiva”, agradeció las respuestas, también relató que pidieron “solicitudes de información adicional” y que charlaron sobre “temas que nos vienen preocupando y ocupando, como ¨Puanta Ballena”.
Contrato de Arazatí
Sobre la construcción de la planta potabilizadora de Arazatí, Ortuño afirmó que se requiere “un análisis responsable” y que “no corresponde hacer declaraciones contundentes hasta no estudiar el texto y los acuerdos finalmente aprobados y firmados por el gobierno con el consorcio, hacer las evaluaciones técnicas, que ya no son sólo los aspectos que se han conversado públicamente, sino también los temas económico-financieros y jurídicos”.
Por otra parte, el futuro ministro no descartó rescindir el contrato entre los privados y el gobierno saliente y recordó que hay un proceso pendiente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “El contrato se firmó con las características del proyecto original. No se incorporaron cambios, a pesar de que se ofrecieron y plantearon. El gobierno mantuvo la posición en la que venía. Lo que se hizo fue firmar una declaración de intención de analizar a futuro posibles modificaciones, que es una declaración a la que le damos valor político, pero es bueno tener claro que no tiene valor jurídico. Lo que pesa es lo que se firmó en el contrato, y lo que se firmó en el contrato tiene las mismas características técnicas que se vienen discutiendo hace tiempo y que nosotros hemos criticado”, acotó.
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