Según han informado las autoridades de Salud Pública, la comparecencia de las autoridades de Salud Pública en el Parlamento será para tratar la situación del CASMU y posiblemente para poner en conocimiento de los parlamentarios los informes que han realizado los interventores a la Presidenta de la Junta Nacional de Salud Cra. Alicia Rossi y los descargos que ha efectuado la Junta Directiva del CASMU en un largo documento que recibió la Ministra hace un par de semanas.
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Como sucedió en la reunión convocada hace ya unas cuantas semanas, las declaraciones del subsecretario y de la ministra de Salud Pública parecen sugerir novedades y actuaciones del ministerio que no se pueden anticipar y que en el caso de la reunión anterior estuvieron lejos de concretarse.
Por lo pronto, hoy se sabe por declaraciones del Secretario General de la FUS, Jorge Bermúdez, que ni el informe de los interventores ni los descargos fueron puestos en conocimiento del plenario de la Junta Nacional de Salud y por ende tampoco fueron considerados por dicho organismo.
Tampoco se ha dado vista a las autoridades del CASMU de las últimas actuaciones del ministerio ni se conoce el trámite que han tenido los descargos ni si los mismos han merecido objeciones.
Mientras tanto se ha sabido que el CASMU apenas ha recibido la mitad de los recursos que oportunamente se votaran por Ley procurando resolver las urgencias financieras que arrastraba la institución.
Este incumplimiento, que no hay como interpretarlo sino como un ninguneo de lo que es la voluntad de los legisladores, está ocurriendo por obstáculos que han puesto los interventores ante los servicios técnicos del BROU en una extralimitación evidente de las facultades de que disponen por la ley y por las resoluciones ministeriales.
Si se necesita aún más elementos para entender que hay un propósito evidente del Ministerio de Salud Pública y del gobierno para poner obstáculos a la gestión del CASMU, debe saberse que ASSE debe al CASMU al día de hoy casi 9 millones de dólares por servicios que ya se han prestado, un equivalente a trescientos y tantos millones de pesos que el Ministerio de Economía no desembolsa para cumplir con su regla fiscal y para hacer una “transición prolija”, que, por otra parte, deja para los que vienen un campo minado con más de veinte instituciones de salud a las que hay que prestar asistencia por la incompetencia de las autoridades de Salud Pública, que han sido incapaces para encontrar soluciones al sistema y del gobierno que ha estado omiso de cumplir con todas sus obligaciones institucionales en lo que se refiere al Sistema Nacional Integrado de Salud, incluyendo, según ha trascendido, una deuda de cerca de 200 millones de dólares que mantiene con otras instituciones de salud, proveedores, servicios tercerizados y laboratorios