La denuncia los acusa, además, por la emisión de facturas falsas, manipulación de información contable, lavado de dinero, abuso de confianza y falta de transparencia por parte de los mencionados.
Luego de acumular una deuda superior a los 40 millones de dólares junto a la afectación por la implicancia de uno de sus dueños en los audios antes mencionados, la financiera Factop comenzó el proceso de liquidación.
El 8 de abril fueron detenidos Daniel Amir Sauer Adlerstein, Ariel Isaac Sauer Adlerstein, Rodrigo Topelberg Kleinkopf, Alberto Sauer Rosenwasser, Darío Aníbal Cuadra Junes y Luis Patricio Flores Cuevas.
La Fiscalía Metropolitana de Santiago de Chile atribuyó a los hermanos Sauer, junto a Rodrigo Topelberg, el crear un grupo de empresas con operaciones mayormente lícitas.
“Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a defraudar a sus clientes, personas naturales y jurídicas, afectando además el normal funcionamiento del mercado”.
Desde la SII se informó que los delitos imputados podrían ir más allá de lo tributario, abarcando también estafas, ejercicio ilegal de la actividad bancaria y lavado de dinero.
Una megaestafa de ricos y poderosos
El periódico digital chileno El Mostrador reveló esta semana más información sobre la investigación a la empresa Factop, que ahora involucra a profesionales y empresas radicadas en Uruguay y Panamá.
“La persona que más información maneja es Darío Cuadra”, dijo Rodrigo Topelberg a la Fiscalía el 28 de noviembre pasado, asegurando que el abogado de Factop era el que más conocía sobre todas las sociedades que los socios de la empresa tenían en el extranjero, razón por la cual lo había liberado del secreto profesional para aclarar cualquier tipo de duda ante el Ministerio Público.
El abogado Cuadra, cerebro del esquema societario de Factop, también está detenido. Fue citado a declarar y reveló los nombres de las sociedades de la financiera en el extranjero, los abogados reclutados y años en que funcionaron.
“Desconozco la existencia de otras sociedades en el extranjero, pero no las descarto”, afirmó...
Esas sociedades, como eventual ruta de dineros provenientes de Factop, ya habían sido mencionadas por la abogada Villalobos, quien sostuvo que existían sociedades constituidas en Islas Canarias, Miami, Panamá y Uruguay, todas suscritas al amparo de quien ha sido sindicado como el cerebro en el esquema societario de Factop: Darío Cuadra Junes.
El abogado, además, figura como representante de Inversiones Guayasamín SpA, una de las emisoras de facturas falsas más importantes del engranaje montado por la empresa Factop y que contabiliza 321 facturas emitidas por un total de unos 33 millones de dólares.
Cuadra es uno de los dos detenidos, del total de seis, que tiene arresto domiciliario nocturno y el único de los 51 mencionados en el audio incautado a Hermosilla, a quien la abogada Villalobos dijo “temer” más después de que declarara sobre los viajes al extranjero que Cuadra realizaba con los dueños de Factop, a quienes asesoró en distintas sociedades de inversión constituidas en Uruguay y Panamá.
Uruguay, su seguro lavador
Según informa El Mostrador, el abogado Cuadra declaró que “el 18 de diciembre de 2014 se enteró de la existencia de dos sociedades de inversión, propiedad de los hermanos Sauer y constituidas en Uruguay: Cribery Trading S.A. y Zasfud S.A. No recuerdo bien a quién correspondía cada una”, señaló.
“Mi función fue coordinar el pago de los impuestos que les correspondía a los hermanos Sauer y contactarme con los abogados de Uruguay para gestionar dichos pagos que correspondían a administración, servicio de directorio y pago de impuesto anual”, precisó el abogado.
Su contraparte en Uruguay era el abogado Juan Carlos Blanco, de la oficina Blanco & Etcheverry, con su bufete ubicado en Acevedo Díaz frente a 21 de Setiembre en Montevideo, encargado de las sociedades que –según Cuadra– fueron generadas antes de que él comenzara a trabajar con Factop.
El abogado de la financiera afirmó que “en el año 2015 realizaron un proceso de auditoría a las sociedades en Uruguay y que en un viaje realizado ese mismo año a Montevideo, junto a Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg, decidieron cambiar de bufete, traspasando la representación a Patricia Comañesa y a la escribana María Eugenia Barreiro”.
Cuadra agregó que “en su rol de asesor externo entre 2016 y 2019 se mantuvo en contacto con las profesionales mencionadas, quienes le reportaban sobre el pago de impuesto de las sociedades, gastos de representación y administración, entre otros servicios, hasta que a mediados de 2019 los dueños del factoring cerraron las empresas, pues a esa altura ‘no mantenían ningún tipo de movimiento’”.
Ellos eran “muy herméticos con los temas de dinero e inversiones”, comentó el abogado.
Según el Diario Oficial, la empresa Cribery Trading S.A. fue inscripta el 15 de agosto del 2006 con un capital inicial de 500.000 dólares y tenía como objeto realizar inversiones en títulos, bonos, acciones, letras “y en general todo documento análogo”. “También podía importar y exportar, realizar operaciones financieras y agropecuarias, adquirir empresas y realizar todo tipo de operaciones inmobiliarias”.
La otra empresa uruguaya, Zasfud S.A., fue inscripta el 19 de abril del 2012 con un capital inicial de 800.000 pesos y “tenía como objeto industrializar y comercializar mercaderías, arrendamiento de bienes, servicios y obras, compraventa, arrendamiento y construcción de inmuebles excepto rurales”.
Una fuente de la Fiscalía chilena que aceptó hablar con Caras y Caretas, aunque dijo que podía dar muy poca información, sostuvo que “tienen probada la constitución de estas empresas en Uruguay y otras en Panamá. Trabajamos con la hipótesis de que a través de ellas fugaron dinero del país, que como tiene la estafa como delito precedente entre otros, toda operación que se haya realizado con ese dinero es lavado”.
La fuente agregó que “aún no sabemos si parte de ese dinero se usó en Uruguay, pero es muy probable que solicitemos ayuda a las autoridades de su país para saber si estas personas hicieron inversiones o movieron ese dinero a través del sistema financiero legal”.
¿Quién es el abogado Hermosilla?
El abogado Luis Hermosilla está detenido con prisión preventiva, acusado por los delitos de lavado de activos, soborno, fraude tributario y revelación de secretos. Pero antes era un hombre muy poderoso. Hijo de un importante abogado penalista chileno, en su juventud fue militante del Partido Comunista, pero en la Universidad Católica conoció a Andrés Chadwick, pinochetista, luego líder de la derecha y más adelante ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera.
Según informó la periodista Fernanda Paul, “esas amistades que entabló Hermosilla durarían décadas y también estarían ligadas a quien era su profesor, el abogado Jaime Guzmán, quien jugó un rol clave en la redacción de la Constitución vigente en Chile, creada en 1980 bajo el régimen de Augusto Pinochet”.
Paul informó que “a pesar de sus amistades, cuando Hermosilla salió de la universidad en 1980, comenzó a asesorar a la Vicaría de la Solidaridad, un organismo de la Iglesia Católica que prestaba asistencia a las familias víctimas del régimen de Pinochet. El abogado demostró muy temprano su capacidad de transitar de un mundo a otro con facilidad.
En 1996 tomó la representación de la familia de Jaime Guzmán, quien fue asesinado en abril de 1991 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo armado clandestino de izquierda radical”.
Así, poco a poco, Hermosilla se fue haciendo un nombre. Durante la transición a la democracia a partir de los años 90, se fue convirtiendo en una persona muy influyente en el ámbito político y también en el judicial. Luego fue asesor en los dos gobiernos de Piñera y especialmente vinculado a Andrés Chadwick, entonces ministro del Interior. “Era un hombre muy requerido. Se le conocía por las redes que manejaba. Conectaba círculos políticos influyentes con círculos empresariales y judiciales. Hizo de puente entre distintas élites”, agregó la periodista Paul.
Pero en los últimos años su trabajo no sólo se limitó a los líderes de la derecha. En 2023 tomó la defensa de Miguel Crispi, jefe e asesores del presidente Gabriel Boric, en el marco de la investigación por unos cuestionados convenios entre fundaciones y organismos del Estado, conocida como “Caso Convenios”.
A la izquierda lo vincula su hijo, uno de los fundadores de Revolución Democrática (RD), uno de los partidos fundadores, a su vez, del Frente Amplio chileno.
Su suerte cambió radicalmente el 14 de noviembre de 2023. Ese día, el Centro de investigación Periodística Ciper hizo público un audio de una conversación privada en la que Hermosilla menciona supuestos pagos irregulares “en sobres” a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con el presunto fin de obtener información privilegiada.
En el audio, el abogado les dice a sus contrapartes —el empresario Daniel Sauer, de la financiera Factop, a quien representaba, y la abogada Leonarda Villalobos— que lo que están haciendo es un “delito”. “Aquí estamos haciendo una huevá que es delito, y es la única manera de hacerlo”, dice el penalista en el audio dado a conocer por Ciper y que hoy forma parte de la investigación que lleva en su contra la Fiscalía.
Un año después, y como consecuencia de otros muchos audios publicados, la situación de Hermosilla se complicó y no sólo por el caso de la financiera. El exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Sergio Muñoz, está en prisión preventiva acusado de filtrarle información reservada en delicadas causas. También le entregó información sobre la polémica compraventa de la minera Dominga, que involucraba al expresidente Sebastián Piñera, y otras causas de alta connotación pública en Chile.
Según Ciper, en los mensajes del celular de Hermosilla también se hallaron pruebas de su influencia en el nombramiento de ministros del Poder Judicial en Chile en 2021.
En los audios publicados, el financista Daniel Sauer (principal de Factop) le pide ayuda para que Andrea Molina, exdiputada y exconductora de TV, pudiera entrar al gabinete del segundo gobierno de Sebastián Piñera.
En enero de 2018, Sauer le transmitía a Hermosilla que lo que “Andreita quiere” es el Ministerio de la Mujer. También le señala que “la Coca” (se refiere a Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la derechista Unión Demócrata Independiente) la estaba ayudando en la gestión. Pero según informó Ciper, ni la intervención de la “Coca” ni la petición de Sauer tuvieron éxito: Molina no entró al Gobierno.
En el archivo interno de la financiera, que contiene las operaciones realizadas por esa empresa entre 2015 y 2023, la exdiputada figura con unos 7 millones de dólares, cifra que ella y su abogado rechazan porque, a su juicio, fue víctima del sistema de estafa piramidal elaborado por Factop.
