Caras y Caretas consultó al constitucionalista José Korzeniak, quien consideró que “el proyecto conocido como ‘Neptuno-Arazatí’ es violatorio del artículo 47 de la Constitución
en cuanto dispone que los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos y el decurso del expediente judicial en trámite. Con las discrepancias notorias, demuestran que estos requisitos no se han cumplido de manera aceptable”.
Korzeniak agregó que el “abastecimiento de agua” potable “para el consumo humano” no puede interpretarse como el mero acto de conexión por OSE al usuario, sino que significa todo un proceso de potabilización que asegure que ese consumo es un derecho humano “saludable”. Esta afirmación resulta ineludible si se lee con razonabilidad interpretativa todo el texto del artículo 47 de la Carta dedicado a los recursos hídricos.
Definitivamente, dijo Korzeniak, “el proyecto ‘Neptuno-Arazatí’ implica un desplazamiento de actividades que deben ser necesariamente estatales, a manos de un consorcio privado”.
La toma de agua y el lugar a negociar
Según conoció Caras y Caretas, se negocia que OSE se haga cargo también de la etapa inicial del proceso que es la toma de captación de agua bruta, tanto del Río de la Plata como del pólder, que será la reserva de agua dulce útil para los meses en que la salinidad de la zona no permita la potabilización. Esa etapa inicial de la toma de captación de agua bruta, según fuentes consultadas, “es fundamental porque de ella depende que se cumpla el artículo 47 de la Constitución que establece que el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano será prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Otro punto de la negociación es el lugar donde se instale la planta potabilizadora. El consorcio privado la proyecta en Arazatí pero las negociaciones a esta hora también giran alrededor de la posibilidad del cambio de lugar. Se plantea que la planta potabilizadora se ubique más hacia el oeste del país para evitar la salinidad, la construcción del pólder y el nivel de cianobacterias. Según pudo conocer Caras y Caretas, tanto las empresas que conforman el consorcio privado, Aguas de Montevideo, como el Gobierno de Lacalle Pou insisten en que el lugar sea Arazatí.
El detalle del abastecimiento
El punto está en la gestión de la toma de captación de agua bruta, la estación de bombeo de agua bruta, la reserva de agua bruta y obras conexas, las tuberías de aducción de agua bruta y del transporte y disposición final de lodos de potabilización que serán por cuenta del contratista. Las organizaciones ambientalistas representadas por Juan Ceretta indican que hay bases para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable. Según el contrato, OSE sólo podrá operar la planta a partir de que el contratista ponga a disposición la cantidad de agua bruta necesaria para esa producción y la infraestructura y demás componentes del proyecto.
Korzeniak coincidió en la posición del profesor grado cuatro de Derecho Administrativo, Álvaro Richino, quien sostuvo que “cuando hablamos del servicio público de abastecimiento de agua potable se hace referencia a toda la cadena del servicio, que incluye todas las fases o etapas desde la toma de agua, la potabilización, el transporte, hasta las etapas de distribución y comercialización”. La obra Plan Arazatí tiene un costo total para OSE de U$S 890 millones a pagar en 20 años, esto es, según se informó públicamente: 300 millones de dólares más que si el mismo proyecto fuera gestionado por OSE y construido por el mismo consorcio privado.
