Pero empecemos a analizar los números del déficit fiscal. Al cierre de 2019, el déficit consolidado del sector público registraba un 3.2%, aunque, corregido por el efecto “cincuentones”, este se elevaba al 4.3%. Según los últimos números presentados por el MEF, el déficit fiscal cerraría el 2024 en niveles cercanos al 4.2%, lo que no parecería marcar una gran diferencia. Es cierto que el déficit ha disminuido, pero no de la forma anunciada ni con la magnitud con la que se presenta, y ha sido el resultado de recortes y otras restricciones a nivel de las cuentas públicas. Podemos afirmar que el diablo siempre está en los detalles, y que al realizar estos anuncios se pasan por alto las aristas más complejas de la realidad fiscal actual.
Un aspecto relevante es que las inversiones en las empresas públicas brillaron por su ausencia. Sin ir más lejos, y considerando un tema que ha afectado a todos los uruguayos, el caso más emblemático es el de OSE. Sin embargo, en mayor o menor medida, lo mismo ocurrió con ANTEL, UTE, ANCAP y el BROU. Podemos revisar cada uno de los casos de las empresas públicas. Además, en los últimos meses se han producido importantes atrasos en los pagos a ciertos sectores del sector público, siendo el caso más notorio el de ASSE, que enfrenta problemas críticos en el ámbito de las compras. Debido a estos atrasos, ASSE se encuentra con problemas de disponibilidad y precios más elevados.
Lacalle Pou también olvidó subrayar que el BCU había logrado disminuir la inflación, un objetivo muy codiciado por la doctrina neoliberal y aparente única causa de insomnio para los más conservadores. Los neoliberales nos venden el relato de que, controlando el déficit fiscal y la inflación, todo el resto de la economía se resuelve como por arte de magia. Sin embargo, en la realidad, el costo fiscal es más alto, se pierden otros objetivos macroeconómicos, hemos sufrido la mayor pérdida de competitividad en términos cambiarios y estamos en un país caro, con crecientes niveles de desigualdad. Si bien la inflación al consumo fue del 8.8% en 2019, en 2024 descendió al 5.5%. Pero es solo hasta aquí que llegan las buenas noticias para el equipo económico. Faltó avisarles que la gestión macroeconómica es un poco más compleja y debe atender otras variables.
Siguiendo el análisis de la gestión fiscal y monetaria, aunque el déficit fiscal de este último año aparenta ser menor que el del cierre de 2019, para evaluar la situación fiscal es necesario estudiar también la evolución del endeudamiento público. En este caso, las variaciones comienzan a ser significativas. Concretamente, la deuda pública bruta pasó de representar el 59.9% del PIB en 2019 al 70.8% en 2024. Y esto antes de que la ministra Arbeleche solicitara autorización en el último trimestre para exceder los límites de deuda impuestos por la LUC. Una variación similar exhiben las cifras de deuda neta, que pasaron del 29.6% al 41% del PIB en el mismo período. Teniendo en cuenta que, medido en dólares, el PIB pasó de 62 a 79 mil millones durante este lapso, esto implica que el endeudamiento total del sector público aumentó en aproximadamente 19 mil millones de dólares. Esto de ninguna manera puede considerarse evidencia de un “buen resultado” fiscal; más bien, es todo lo contrario. ¿Qué es lo que estamos financiando los uruguayos con semejante incremento en la deuda?.
Es cierto que parte de este endeudamiento se explica por los gastos ocasionados por la pandemia, pero su impacto podrá evaluarse con certeza solo cuando se tenga acceso a los números del “fondo coronavirus”. Sin embargo, la clave para entender el aumento de la deuda radica en analizar lo que ha ocurrido con la estructura de la producción y el consumo en nuestro país en los últimos cinco años. Por ejemplo, el peso del sector de agricultura, pesca y minería ha disminuido del 6.7% del PIB al 5.8%. Una situación similar se observa en la industria manufacturera, cuyo aporte al PIB retrocedió del 10.6% en 2019 al 9.5% en 2024. A pesar del considerable aumento en el precio de las materias primas provocado por la guerra en Ucrania, las exportaciones se mantuvieron en niveles cercanos al 27% del PIB. En contraste, las importaciones exhibieron un crecimiento "saludable", pasando del 21.7% al 24.2% del PIB. Esto se traduce en un marcado deterioro de la cuenta corriente en bienes y servicios, que pasó de un superávit de 1.3% en 2019 a un déficit de 1.9% en 2024.
Para los malla oro y purasangre
Como país, nos estamos endeudando para adquirir bienes importados, en detrimento de la industria nacional. Esta situación es provocada, entre otras cosas, por una apreciación significativa del tipo de cambio real, que alcanzó un 20% en el último lustro. En épocas anteriores, este auge en las importaciones habría permitido aumentar la recaudación y reducir el déficit fiscal. Sin embargo, en la actualidad, con una COMAP que subsidia grandes superficies, automotoras, cadenas de farmacias y la importación en general, la recaudación proveniente de muchos de estos sectores ha disminuido notablemente. Esto representa quizás el único experimento conocido en la historia económica de subsidio a la importación de bienes de consumo. Tal vez sea por ahí de donde provienen los premios...
No nos podemos olvidar tampoco del sector financiero, que registró ganancias récord en el período, cómodamente giradas a las casas matrices de bancos extranjeros que producen cientos de millones de dólares al año intermediando el ahorro de una parte de los uruguayos y endeudando a otra gran parte a tasas exorbitantes. Por supuesto que siempre con la ayudita de un BCU que mantuvo tasas reales de interés en pesos en niveles excepcionalmente altos. A modo de ejemplo, las Letras de Regulación Monetaria a 1 año, que llegaron a rendir 14%, rinden en la actualidad en el entorno del 9%, 3.5% por encima de la inflación. El mismo instrumento rendía al cierre de 2019 8.5% en términos nominales, lo que representaba una remuneración real cercana a cero o negativa. Habría que recordarle a la inteligencia bancocentralista que la clave para las pymes no es una menor inflación, sino tasas de interés reales lo más bajas posibles.
Cuando analizamos las estadísticas de empleo y salarios, las cosas ya son menos claras. Es cierto que la tasa de desempleo bajó del 8.9% en el último año de Vázquez al 8.4% actual, pero no es correcto decir que el aumento del salario real fue mayor. Concretamente, el aumento real de los salarios fue de 3.8% en los últimos cinco años, por debajo del casi 5% de incremento logrado en el último período de Tabaré Vázquez.
Lo absolutamente cierto en todo esto es que esta gestión económica, que está por hacer su retirada, ha dejado bien claro para quiénes gobernó: el sector financiero, los importadores y las grandes empresas extranjeras. Ha dejado de lado a la gente, los salarios e incluso al empresariado nacional. La nueva conducción que asuma a partir del primero de marzo tendrá la responsabilidad de trascender un modelo que atiende de forma exclusiva y parcial la inflación y el déficit, para imponer una gestión de las funciones fiscales de manera complementaria y articulada. Entienda la política macroeconómica como una herramienta fundamental para crear las bases del desarrollo equitativo y sostenible, siendo la estructura que permita la concreción de políticas públicas efectivas y de largo aliento.
