En abril de ese año, el Banco Transatlántico declaró la cesación de pagos. Como un castillo de naipes y en los meses siguientes cerraron los bancos Rural, Atlántico, Uruguayo de Administración y Crédito, de Producción y Consumo, del Sur y el Americano Israelí. La inestabilidad del sector aún habría de prolongarse y se coronó en 1971 con la primera estafa del Grupo Peirano y la quiebra del Banco Mercantil.
El investigador Miguel Lagrotta recuerda que “ya en 1958 —también gobernaban los blancos en mayoría del Colegiado— había quebrado el Banco Italiano, en 1962 lo hizo el Banco de Comercio Minorista y Agrario, a fines de 1963 le llegó el turno al Banco Industrial, y en abril de 1964 al Banco Regional”.
El historiador Vivian Trías, en su libro “Imperialismo y rosca bancaria en Uruguay”, realizó una formidable investigación que muestra cómo los dueños de los bancos eran, a su vez, los dueños de la tierra. Todos eran conocidos, apellidos que aún hoy mantienen una muy fuerte presencia política, partidaria y empresarial.
¿Por qué ocurrían estas quiebras? Lagrotta lo explica señalando que “fueron el fruto de una economía en crisis que en su conjunto se caracterizó por la especulación y la alta inflación”. Es decir, nada nuevo, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.
En 1966 se realizaron elecciones y se aprobó una reforma constitucional por la que se regresó al régimen presidencialista. Los blancos perdieron a manos del general Óscar Gestido, candidato del Partido Colorado, quien falleció 9 meses después de asumir, por lo que accedió a la presidencia Jorge Pacheco Areco, entonces vicepresidente. Después tuvimos 12 años de dictadura cívico-militar.
El Partido Nacional recién regresó al gobierno en 1990, cuando fue elegido Luis Alberto Lacalle Herrera. Y terminó acusado por los escándalos con los bancos Pan de Azúcar (BPA) y Comercial. El primero fue vendido a una fiduciaria suiza llamada Banknord, encabezada por el empresario francomarroquí Stéphane Benhamou. La historia es larga y retorcida. Julia Pou de Lacalle, esposa del entonces presidente y madre del actual, fue investigada por el fiscal Hugo Barrios y el juez José Balcaldi por haber recibido una "donación" del 3,33 % del paquete accionario del BPA.
En tanto, el asesor presidencial Daniel Cambón fue condenado por conjunción de interés público y privado, ya que recibió el 6,66 % de la venta del BPA, comprobado con una transferencia bancaria. Durante la investigación judicial quedó en evidencia que tanto Cambón como Pou participaron de reuniones en Lugano (Suiza) con los compradores del banco.
Pou no fue procesada porque ,según explicó el juez Balcaldi, “en ese momento no existía la ley anticorrupción que, entre otras cosas, tipificaba el delito de tráfico de influencias. Pero Julia Pou no era funcionaria pública”. Luis Lacalle Herrera siempre negó estas circunstancias y dijo que “todo era un invento de una revistita llamada Tres”. Esta era una publicación propiedad de un grupo de jóvenes vinculados al “sanguinettismo”.
En los mismos años, la venta del Banco Comercial a los hermanos José y Carlos Rohm provocó una crisis política en el Partido Nacional y el procesamiento con prisión del exministro de Economía de Lacalle, Enrique Braga.
El expresidente defendió la venta, aseguró que Braga era inocente y acuñó el término “embestida baguala” para calificar todas las denuncias contra su gobierno y las varias causas judiciales.
Siete años apenas habían pasado cuando los Rohm dieron razón al entonces legislador herrerista Jorge Machiñena y robaron su propio banco provocando, a principios del 2002, la mayor crisis bancaria en la historia del país.
Machiñena fue un duro opositor a esta venta, calificó como delincuentes a los Rohm, se peleó con Lacalle, tomó a golpes de puño en el Palacio Legislativo a Jaime Trobo y a Luis Alberto Heber. Falleció sin ser reconocido.
Treinta años después, encabezado por otro Lacalle, volvió el PN al gobierno y, casi como un designio, su gestión culmina con el estallido de la mayor estafa privada en la historia del país.
La investigación fiscal aún no comenzó y por ahora no hay información que vincule al Gobierno; sí a alguno de sus integrantes que recibieron fondos de campaña y recomendaron invertir en esta empresa. Pero todo puede cambiar cuando se conozca el contenido del expediente por el cual se procesó por corrupción en su país al senador estadounidense Bob Menéndez. Según han informado agencias internacionales, “por lo menos un empresario uruguayo pagó sobornos a Menéndez para que gestionara el acceso de carnes uruguayas a EEUU”. Pablo Carrasco, de Conexión Ganadera, fue uno de los que exportó carne al país del norte. Menéndez estuvo en Anchorena invitado por Lacalle Pou.
En tanto, siguiendo la línea de tiempo, la muerte de Gustavo Basso, el otro propietario de Conexión Ganadera, genera inquietud.
Una estafa piramidal disfrazada como negocio ganadero
Conexión Ganadera surgió en 1999. Sus socios fundadores fueron el empresario rural Gustavo Basso; su esposa, Daniela Cabral; el ingeniero Agrónomo Pablo Carrasco y su esposa, también agrónoma, Ana Iewdiukow Artagaveytia.
Según explicaron, su idea era que “personas que no vivían en el campo ni sabían nada sobre él pudieran invertir en un negocio que aseguraba alta rentabilidad”. Así llegaron profesionales, pequeños comerciantes, ciudadanos argentinos y, ¿por qué no?, hasta narcos. Porque era una propuesta perfecta para lavar dinero, ya que no se debía justificar su origen ni eran controlados por el Banco Central.
Cómo traían su dinero los argentinos es algo que la Justicia deberá indagar, porque está prohibido ingresar dinero al país sin declarar.
Felipe Caorsi, columnista del semanario La Mañana, explicó que “a diferencia de lo que suele creerse, Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera no invertían directamente en el agro, no aportaban valor al mismo. Ofrecían rentas altas por adelantado a los propietarios de los campos, desplazando a productores medianos y pequeños. De hecho, Larrarte, entre sus activos, cuenta con la devolución de la renta de un campo que pagó por adelantado. Estos fideicomisos ganaderos no invertían en productores y, como ya sabemos, compraban muy poco ganado, adulterando guías y haciendo negocios con algunos consignatarios amigos. Eran fondos de inversión que captaban capital sin ser regulados por el BCU. Esto último por ser negocios rurales”.
Agregó que “muchos argentinos, huyendo del infierno fiscal kirchnerista, encontraban una solución en estas empresas a la hora de sacar dólares de su país. No había que declarar en BCU, la AFIP no se enteraba. De hecho, hoy muchos de ellos no tienen siquiera las guías en papel. Se calcula que Conexión Ganadera movía una caja de U$S 1.500 millones de dólares. Inversores que vienen de la construcción y de otros rubros que manejan efectivo, hasta actividades ilícitas, podían tentarse con tener dinero en cabezas de ganado, un activo líquido, que se podía vender en una feria, frigorífico o a un productor de forma muy rápida”.
Con dinero de los inversores, pero sin que recibieran los beneficios, Basso y Carrasco crearon un importante entramado de empresas. Basso tenía un escritorio rural en Florida que amplió, y había heredado el 50 % del Cambio Varzy en la misma ciudad. Junto a Carrasco y sus respectivas esposas, adquirieron el frigorífico Bamidal en Paso de los Toros, dedicado a la faena de ovinos.
Crearon la marca Stradivarius de carne premium que vendían en un almacén de carnes que también habían creado, con sucursales en Montevideo y Punta del Este. Con esta marca exportaron a EEUU y estaban en negociaciones para hacerlo a Brasil. También tenían en proyecto crear una cadena de restaurantes Además, crearon Hernandarias S.A., una empresa que se encargaba de comprar o arrendar predios directamente para Conexión Ganadera, evitando de esa forma tener que arrendar a un tercero y pagar el monto que implicaba esa intermediación de otro productor propietario de un inmueble rural.
Pero ya el año pasado algo andaba mal. Porque a mediados de año hicieron un movimiento sorprendente: les pasaron a sus esposas las acciones de sus empresas. Pero no a la esposa propia, sino a la del otro. Una cesión de bienes cruzada.
Una muerte que genera inquietud
Algún tiempo atrás, el abogado Jorge Fernández Reyes, esposo de la vicepresidenta Beatriz Argimón, los había asesorado para modificar los contratos firmados con los inversionistas para presentarse como un negocio ganadero y no financiero, porque, en este caso, debían someterse a los controles del BCU.
El 14 de noviembre pasado, exactamente 14 días antes de morir, la revista Forbes publicó una extensa entrevista a Gustavo Basso. En ella habla de sus proyectos y del mercado local y mundial de la carne. Pero la última pregunta es significativa:
¿Qué tema, como empresario agropecuario, te genera más atención para la próxima administración de gobierno?
Y la respuesta fue: “Lo primero que me gustaría es que existiera la menor regulación posible, ya que ese es un factor determinante para el futuro del país. Hay que dejar que el privado pueda desarrollarse, no limitarlo, porque es por ahí donde el país puede crecer de forma más eficiente y rápida y no se pierda el desánimo para invertir y mejorar la productividad del país en su conjunto. El Uruguay que yo me imagino está en condiciones de tener un ingreso per cápita similar al de España. No tengo dudas de que eso se puede lograr”.
Sin regulación y sin controles tal vez salvarían el negocio.
Ya había pasado la primera vuelta electoral y el PN había salido bien parado. Seguramente Basso, su socio, y centenares de miles de uruguayos esperaban que Álvaro Delgado fuera elegido presidente en el balotaje del 24 de noviembre. Pero, por una importante diferencia, la ciudadanía eligió al frenteamplista Yamandú Orsi.
Cuatro días después, Basso se dirigía a Montevideo muy temprano a la mañana, en su automóvil Tesla de 100.000 dólares. A la altura del kilómetro 115 de la ruta 5, chocó violentamente contra una máquina vial que estaba ubicada al medio de la carretera con varias señalizaciones. El empresario falleció en el acto.
Lo que genera inquietud es que Basso ya sabía que Conexión Ganadera se caería y ahora no tendría ningún apoyo político para intentar salvarla.
¿Circulaba a alta velocidad mientras pensaba en todo lo que se venía, se distrajo y chocó o, para evitar la vergüenza, decidió suicidarse?
Por lo pronto, el fiscal de Florida, Hermes Antúnez, solicitó información a la empresa Tesla para conocer detalles del vehículo y tratar de aclarar cómo ocurrió el siniestro.
