Lo que Lema no quiere ver
Veamos algunos números que permiten poner en contexto cuál es la situación de Maldonado.
Según el último censo, Montevideo tiene 1.384.000 habitantes y Maldonado 190.078, es decir 7 veces menos. Montevideo tiene 8.466 funcionarios y Maldonado 3.500, más una cifra imprecisa de contratados a través de la Fundación A Ganar, pero que se estima en por lo menos 500 más. O sea, con 7 veces menos población, tiene la mitad de funcionarios.
La Intendencia capitalina recauda unos 2 millones de dólares diarios. La de Maldonado, medio millón cada día. A julio pasado, Montevideo tenía un déficit de 439 millones de pesos. Al cierre del 2023, Maldonado acumulaba un déficit de 6.511 millones de pesos, es decir unas 15 veces más que la capital.
Antía ha insistido con la falsedad de que la Administración frenteamplista 2005-2015 le heredó un déficit de 93 millones de dólares, pero el TCR sostuvo que el déficit al cierre del 2014 era de 47 millones, de los cuales casi 30 millones se los había heredado él en el 2005 al gobierno de Óscar de los Santos.
Pero además, Antía tiene varios fideicomisos y préstamos que afectan y afectarán sus ingresos.
La periodista Mónica Robaina informó en agosto del 2020 que la Intendencia de Maldonado había solicitado autorización a la Junta Departamental para prorrogar el vencimiento de préstamos contraídos con cinco instituciones financieras, hasta junio de 2021. Los bancos República, Heritage y Bandes, más las corredoras de bolsa Renmax y Nobilis concedieron a la Intendencia créditos por 61,5 millones de dólares que la Administración debía pagar el 25 de noviembre de ese año, tras incumplir anteriores vencimientos. Pero no hay dinero y la mejor solución a la vista del Partido Nacional era postergar los plazos hasta el próximo gobierno, que volvió a comandar Enrique Antía.
En febrero del año 2021 el reelecto intendente logró que, sin mucho trámite, la Junta Departamental le aprobara un fideicomiso por 95 millones de dólares pagaderos en 15 años. Pero en este caso no eran para ninguna obra, sino para licuar el déficit que él mismo había generado en el período 2015-2020.
Como en este departamento el Partido Nacional cuenta con 21 ediles, mayoría absoluta, no necesita negociar nada con ningún otro partido.
A fines del 2020 el TCR hizo público el resultado de una auditoría realizada a la Intendencia de Maldonado. El informe revela datos escandalosos, aunque no tuvieron mayor trascendencia.
El máximo organismo de contralor constató un verdadero caos administrativo en la intendencia más rica del país, que se violaron varias leyes, que se cobraron impuestos de más y que dijeron tener superávit pero en realidad el déficit entonces había crecido 201 %.
El martes pasado la edila frenteamplista Marie Claire Millán informó que “el déficit de la Intendencia de Maldonado al cierre del año 2023 es de 6.511 millones de pesos, es decir, el doble de lo que tenían al cierre del 2020”.
La edila se preguntó “¿dónde está la plata de Maldonado? Porque en estos diez años no se han hecho grandes obras de infraestructura”. A fines del 2023 el Gobierno de Maldonado le debía 35 millones de dólares a sus proveedores.
En agosto del 2023 los 21 ediles blancos aprobaron un nuevo fideicomiso por 45.500.000 dólares “para obras”. La deuda se saldará dentro de los próximos 20 años con recursos surgidos de la cesión de derechos por cobro de Sucive más ingresos por la cobranza de tasas, impuestos y contribuciones departamentales.
La obra más importante de este gobierno ha sido el realojamiento del asentamiento Kennedy. Pero esa obra no se hizo con fondos propios sino con otro fideicomiso financiero por 35 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF) que aportó 28 millones, y el Banco de la República (BROU) que aportó 7.
Fuentes del TCR estimaron que al final de este período el déficit de Maldonado superaría los 250 millones de dólares, es decir unos 10.000 millones de pesos. A lo que se debe agregar un endeudamiento por fideicomisos cercano a los 200 millones de dólares. Esos montos comprometen la recaudación entera de dos años.
Con estos números, un kiosco estaría fundido.
Antía dijo a un programa radial de Maldonado que “sumados los fideicomisos de oferta privada, pública, el del realojo del Kennedy y el de obras, se pagarán unos 16 millones de dólares al año. Esa cifra se licúa con el pago de contribución inmobiliaria de los edificios a los que se les otorgaron exoneraciones para permitir su construcción y que en enero de 2025 pagarán 18 millones y medio de dólares, cifra que, de cara a los próximos años, aumentará al menos a 24 millones de dólares por año cuando estén las obras finalizadas”.
Pero no explicó cómo solucionará el déficit de unos 200 y pico de millones de dólares que le heredará al gobierno que lo sustituya dentro de unos meses.
El exintendente Óscar de los Santos dijo a Caras y Caretas que “la Intendencia invierte entre el 7 % y el 8 % de lo que recauda en obras, el 92 % restante se va en gastos de funcionamiento”.
En Maldonado hay un gobernante prepotente y un Gobierno poco republicano
Si los datos sobre gestión fueran insuficientes para entender a Maldonado, hay otros que revelan a un gobernante prepotente que no tiene diálogo con nadie (ni siquiera con el actual presidente Luis Lacalle Pou), que abusa infamemente de su poder y que considera enemigo a cualquier ciudadano que no piense como él.
En noviembre del 2001, Enrique Antía expresó a viva voz en el teatro de la Casa de la Cultura, con la recomendación a los periodistas de que «lo publicaran», que daba por terminada cualquier instancia futura de diálogo. “Mientras yo sea intendente, no pienso recibir más al diputado Darío Pérez”, dijo el jefe comunal. “Yo recibo gente y el diputado no es gente”, señaló.
La molestia del jerarca se vinculaba a declaraciones públicas del diputado a propósito de una licitación en la que participa la empresa Parques y Jardines, que fuera propiedad de Antía.
Pérez sostuvo, en una nota de opinión publicada por el semanario Realidad, que “una vez que el concesionario fue electo intendente, para evitar suspicacias y alejar todas las dudas en cuanto a corrupción, lo menos que debió haber hecho fue llamar a una nueva licitación en forma inmediata a su asunción”.
Con el paso del tiempo, y en el segundo gobierno 2015–2020, el socio de Antía en esa empresa pasó a ser director de Parques y Jardines.
Y más recientemente Darío Pérez renunció al FA, pasó al PN, le fue mal en las internas y en octubre y ahora integra el sector de Enrique Antía.
Para el intendente, es la pertenencia partidaria lo que convierte “en gente” a la gente.
Al principio de este nuevo mandato, el intendente le dijo a la comunicadora Laura Martinez en Canal 11 que “él andaba con una libretita donde anotaba los nombres de sus adversarios”. Poco después calificó como “enemigos de Maldonado” a los ediles frentistas que no votaron el fideicomiso que planteó para licuar su propio déficit. Y ordenó publicar sus nombres en la web de la Intendencia.
En enero de este año dijo que "el Partido Colorado en Maldonado no existe y hay algunos dentro del Frente Amplio que, si se muerden la lengua, se envenenan".
En setiembre de este año, vecinos de La Capuera, hartos del desastre que cometió una empresa contratada para construir el saneamiento y calles del barrio, cortaron la ruta y luego increparon al intendente por la falta de soluciones. Antía no escatimó en críticas a ediles frenteamplistas y a vecinos, a quienes acusó de “dar manija” y de “politizar” el asunto debido a que transcurría una campaña electoral. Sin embargo no tuvo más remedio que reconocer el incumplimiento de una de las empresas, pero dijo que antes de fin de año “las obras estarían terminadas”.
El lunes pasado, luego de las importantes lluvias del domingo, los vecinos de La Capuera mostraron fotos que revelan que la obra no ha avanzado nada y que las calles están destruidas y convertidas en barriales intransitables.
Maldonado: el reino de la arbitrariedad
En este departamento los ediles se votaron su propio sueldo encubierto.
Por este departamento es diputado Rodrigo Blás, un defraudador a la DGI, tal como lo probó el fiscal Luis Pacheco, aunque no lo procesó para cumplir con una norma interna de Fiscalía, pero aclarando que “el delito se había cometido”.
En este departamento la mayoría de ediles blancos integrantes de la Comisión de Obras de la Junta Departamental, que decide el ordenamiento territorial, son propietarios de inmobiliarias.
En este departamento el intendente le regaló un departamento administrado por la Intendencia a una pequeña empresaria que figura en sus listas y fue convencional departamental. Y, por si fuera poco, también le dio trabajo en el Municipio de Punta del Este.
En este departamento se votaron importantes excepciones para la construcción de edificios que son administrados por un estudio del que es socia-propietaria una de las hijas de Antía.
