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ASOCIARMEDetrás de la belleza de Maldonado subsiste un impune mundo oscuro que el visitante jamás verá. Parte de ese mundo sobrevive en la Junta Departamental.
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Por estas horas, Maldonado asiste a un nuevo acto de corrupción cometido por un edil blanco. La maniobra es tan burda pero se hizo por tanto tiempo que permite sospechar que se contó con la protección que genera la impunidad.
José Luis Sánchez, expresidente de la Junta Departamental, cobró unos 240.000 pesos mensuales durante varios años que provenían de una empresa en la que su hijo era socio y prestaba servicios en el edificio del Legislativo. ¿Qué servicios? Todos los que tienen que ver con mantenimiento edilicio, desde cambiar cueritos, destapar caños, reponer vidrios rotos, reparar cerraduras, etc.
Lo primero que llama la atención es la magnitud del contrato, porque se cobraban varias facturas al mes y una de ellas era la que finalmente percibía el edil Sánchez. Es decir, primero cobraba su hijo y luego depositaba en una cuenta de su padre.
Según la denuncia realizada el pasado fin de semana por el periodista Jorge Bonica, “de esta forma Sánchez cobró millones de pesos”.
El edil intentó explicarse públicamente señalando que “le había prestado dinero a su hijo y los depósitos eran las devoluciones de ese préstamo”.
Lo segundo que llama la atención es que nadie en la Junta se hubiera percatado de que Sánchez, como presidente, era el ordenador del gasto y, por lo tanto, estaba favoreciendo a su hijo.
Los blancos están dispuestos a “entregar” a este edil e incluso ya lo habrían retirado de la campaña del candidato Miguel Abella, promovido por el intendente Enrique Antía.
En conversaciones con ediles frentistas dijeron que “aceptarían la formación de una comisión investigadora pero no el pase a la Justicia”. ¿Por qué? Pues porque habría otros ediles blancos vinculados a la misma maniobra.
Por lo pronto, la presidenta de la Junta, Verónica Robaina, le reconoció a Bonica que las facturas cobradas por Sánchez que le exhibió eran originales.
Los blancos temen que un Sánchez aislado pueda hablar de otras cosas en Fiscalía que ellos no tienen interés en que se conozcan. Por ejemplo, los sueldos encubiertos que cobran la mayoría de ediles o los aportes de dinero millonarios entregados a medios y periodistas durante los últimos años.
El Partido Nacional se vio sorprendido por esta denuncia realizada en plena campaña electoral, pero no puede esgrimir desconocimiento sobre otras acciones irregulares de este mismo edil y otros.
El miércoles a la noche los ediles frentistas firmaron la denuncia penal contra Sánchez, que presentarán en estos días ante la Fiscalía.
En julio del 2015, apenas asumió el nuevo gobierno encabezado por el intendente Enrique Antía, y a propuesta de varios ediles blancos, la Junta decidió votar una “partida de dinero” para cada edil. La decisión es violatoria de la Constitución de la República y del Estatuto del Funcionario Público. El gasto es observado todos los años por el Tribunal de Cuentas y la Jutep, encabezada por Ricardo Gil Iribarne, condenó “por ilegal” lo que denominó “sueldo oculto”. Pero además es ilegal por donde se lo mire, ya que ninguna autoridad electa puede votar su salario, sino que éste se establece en el período anterior.
La propuesta de los blancos fue acompañada por los ediles frentistas que respondían a Darío Pérez y por uno de los dos ediles colorados. Hoy ese sueldo supera los 120.000 pesos, no paga aportes al BPS ni tampoco IRPF. En realidad, ni siquiera se sabe quién lo cobra. Todos los meses el presidente de la Junta ordena depositar en una cuenta bancaria, y a un nombre determinado por cada bancada, una cifra que surge de multiplicar el sueldo establecido por la cantidad de ediles. Luego cada una hace el reparto. Hay ediles que aseguran que no lo cobran, pero nadie ha explicado qué se hace con el dinero.
El Legislativo departamental ha gastado aproximadamente 1.000.000 de dólares por año con ese único destino. El dinero, como todo el presupuesto de la Junta, lo aporta la Intendencia de Maldonado.
Un ciudadano de origen colorado, indignado con esta situación, presentó una documentada denuncia ante la Fiscalía a cargo de Schubert Velázquez. Sin embargo, el fiscal tuvo la investigación encajonada más de un año, nunca citó a nadie y a mediados del año 2021 ordenó el archivo. Luego fue traslado a Montevideo para hacerse cargo de la Fiscalía Penal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 1° Turno.
Cualquier ciudadano que vaya al cine en Maldonado o Punta del Este se verá sorprendido por la publicidad de la Intendencia, que en realidad es publicidad encubierta del candidato Miguel Abella. Y lo mismo ocurrió en el reciente Festival de Cine de Punta del Este.
Hay que destacar la magnífica calidad de la pieza publicitaria, que debe haber costado una buena suma, pagada por Juan Pueblo.
A fines del año 2020, el entonces votado como presidente de la Junta, José Luis Sánchez, decidió adjudicar una partida de unos 500.000 dólares para ser repartida entre medios y periodistas sin plan publicitario alguno y con el argumento de “que en plena pandemia había que ayudar a los medios que atravesaban un mal momento”.
El edil herrerista Darwin Correa asumió la presidencia de la Junta entre el 27 de noviembre del 2022 y el 23 de noviembre del 2023. En ese período continuó con la misma práctica y adjudicó otros 500.000 dólares de publicidad a medios, periodistas y productores. El día que asumió había prometido “realizar varias campañas públicas”, aunque los criterios de distribución del dinero y el verdadero sentido y conveniencia de esas campañas nunca fueron explicados. Porque, además, el Legislativo no tiene nada para publicitar y sus recursos financieros son aportados por la Intendencia.
Pero los documentos a los que accedió Caras y Caretas muestran la arbitrariedad con que se destinaron esos fondos. Por ejemplo, la empresa Marengreen S.A., propietaria de la FM Cadena del Mar, cuyo titular ante la URSEC es Francisco Sanabria, expropietario de Cambio Nelson, recibió el equivalente a 50.000 dólares entre el 1 de diciembre del 2022 y el 30 de noviembre de este año. En tanto a Rodrigo Silva, gerente de esa emisora, y testaferro de Sanabria, se le adjudicaron en el mismo período otros 10.000 dólares.
FM Milenium, una radio adjudicada a un testaferro de Sanabria, también recibió sumas importantes. Además, el periodista Marcelo Umpiérrez, que se desempeña como productor y periodista en Cadena del Mar, y a su vez era corresponsal de Telenoche 4, recibió en este año 776.530 pesos, es decir 61.000 pesos por mes. Algunas de sus facturas establecen que se prestó “servicio de promoción institucional en redes, radio, TV y notas”.
También recibieron publicidad, entre muchos otros, un periódico de Rocha, dos de Montevideo y otro de Lavalleja; una periodista montevideana; dos radios comunitarias de Maldonado y varios medios, productores y periodistas del departamento. Aunque ninguno iguala lo que cobraron las radios vinculadas a Sanabria.
Por si fuera poco, el presidente de la Junta Departamental ordenó un gasto de 16.000 pesos para unas placas y cartel de reconocimiento a la Liga Mayor de Fútbol, que también él presidía.
Las asignaciones de dinero continuaron en el tiempo y generaron un importante desfinanciamiento.
A fines de julio del 2024, la mayoría nacionalista de la Junta Departamental de Maldonado aprobó una transposición de rubros por 8 millones de pesos (equivalentes a 200.000 dólares) para ser gastados en publicidad. Según el expediente 445/2024, “la directora del Departamento Financiero Contable, contadora Gabriela Quintero, solicita autorización para efectuar una transposición de rubros por un total de 16.500.000 pesos”. De acuerdo al documento, “8.000.000 de pesos serán destinados a publicidad” y estaban destinados presupuestalmente a “limpieza y fumigación” (2.250.000 pesos); otras edificaciones (4.800.000 pesos) y refuerzo de rubros (1.200.000 pesos).
Con este “refuerzo presupuestal”, la Junta de Maldonado habrá destinado otros 500.000 dólares en publicidad durante el año, aunque siguen sin conocerse los criterios de adjudicación.
Militante nacionalista desde hace muchos años, Darwin Correa cobró impulso político cuando se sumó al grupo encabezado por el actual senador herrerista, exdiputado y ex edil, Rodrigo Blás.
Durante el primer gobierno de Antía (2000-2005), Correa integraba el sector que lideraba el edil herrerista Alfredo Lara. Ambos fueron durísimos opositores a la gestión del intendente. Lara terminó como director en el primer gobierno del frenteamplista Óscar de los Santos, y Correa apenas se desempeñó como tercer suplente de Blás en la Junta.
Con el regreso de Antía al gobierno, Correa pasó a ser un ferviente defensor de la gestión. Creció económicamente y ahora no vacila en obtener beneficios de la Intendencia para dos instituciones deportivas que integra. Recientemente se adjudicó un predio público para que se construyera un lugar de entrenamiento para la Liga Mayor que preside. También el club de rugby Lobos obtuvo un predio en el fraccionamiento del mismo nombre ubicado en la rambla de la Brava y Av. Roosevelt.
A principios del año 2014, la periodista Mónica Robaina denunció en el semanario Brecha una trama de defraudación contra la DGI por un monto estimado en unos 500.000 dólares. El principal protagonista era Rodrigo Blás, quien, a través de su inmobiliaria, vendió el fraccionamiento Valle Di Saronno, contiguo a Laguna del Diario, subfacturando cada lote. Junto a él estaba Correa, entonces edil, a cargo de la sucursal de Blás Propiedades en la ciudad de Maldonado. Una inspección de la DGI le encontró a Correa varias cuadernolas en las que constaban los montos de las ventas y lo verdaderamente declarado.
Después de más de un año de investigación, el organismo recaudador le aplicó una multa cercana a los dos millones de dólares al titular de la inmobiliaria, es decir, a Rodrigo Blás, y además lo embargó para cobrar los adeudos. A la vez, presentó una denuncia penal contra el titular y varias personas integrantes de la misma empresa, entre los que estaba Correa, acusándolos de haberse organizado para defraudar a la DGI.
El 15 de mayo del 2019 el fiscal del Crimen Organizado, Luis Pacheco, resolvió archivar el caso a pesar de que encontró culpable a Blás. La decisión se basó en el artículo 11 de la Instrucción de Priorización de la Persecución Penal en el sistema no acusatorio. Lo curioso es que el mismo día que Pacheco archivó, la instrucción de Fiscalía cambió. Si Pacheco lo hubiera tomado en cuenta, Blás habría terminado procesado.
A fines del 2020 Correa, descontento con una intervención en el pleno de la Junta por parte del edil Nelson Lages (FA), aprovechó que éste salió de sala y lo golpeó desde atrás, provocándole lesiones, además de la rotura de un vidrio. En mayo del 2021 el juez Diego González lo procesó “como autor penalmente responsable del delito de lesiones personales intencionales”. Las mujeres políticas del Frente Amplio de Maldonado lo denunciaron públicamente por “ejercer violencia política y de género”.
Correa era, además de edil y operador inmobiliario, presidente de la Liga Mayor de Fútbol de Maldonado. En agosto del 2022 la Organización del Fútbol del Interior (OFI) lo suspendió 17 partidos por amenazar a un árbitro. La sanción implicaba la prohibición del ingreso a los partidos que disputara la Selección de Maldonado en todas sus categorías y en cualquier escenario en que juegue el equipo.
A pesar de este currículum, el Partido Nacional no sólo nunca lo sancionó, sino que, además, lo cobijó como uno de sus principales operadores.
Uno de los organismos más ambicionados por los ediles es la Comisión de Obras, donde se discuten y deciden los proyectos edilicios que serán autorizados, previa discusión con los inversores o constructores. Así, a mediados de los 90, en la parada 2 de la Mansa se levantó por más de diez pisos un edificio que sólo tenía permiso para cuatro. O se construyeron cuatro penthouse sobre un edificio que sólo tenía permiso para colocar un “sombráculo” que protegiera del sol a los propietarios que querían tomar mate mirando el mar.
Para algunos ediles ha representado la posibilidad de tener información privilegiada sobre el desarrollo de la ciudad. Hubo un edil blanco, constructor él, que llegó a votar en sala el proyecto de una residencia millonaria que luego su empresa construyó. Su nombre también apareció en carteles de obra de edificios con excepciones aprobadas por la Junta que él integraba.
Así fue como apareció una empresa de transporte de pasajeros, propiedad de dos empresarios notoriamente ligados al Partido Nacional, antes de que hubiera una casa en el barrio que iba a servir. En el 2015, a los mismos empresarios les entregaron la administración de todas las terminales de autobuses del departamento. Antes autorizaron una estación de servicio en medio de la nada, donde casualmente años después se construiría un barrio para cerca de 20.000 personas, o ser la única frente a donde se construyó la perimetral. Tal vez era casualidad que su dueño entonces fuera un importante aportante del Partido Nacional, estrechamente vinculado al fallecido exintendente Domingo Burgueño.
Así también aparecieron ediles dueños de inmobiliarias donde trabajan otros ediles y un director de la Intendencia, antes edil. Tal es el caso del actual senador blanco y exedil Rodrigo Blás y sus empleados, el edil Darwin Correa y Alejandro Lussich, exedil y hoy director de Vivienda en la Intendencia.
Hay más casos. Por ejemplo, un exedil frentista, luego director, propietario de una inmobiliaria, que hacía viajes oficiales para traer inversores y, cuando se concretaba, justo su inmobiliaria tenía la exclusividad de venta.
En la Comisión de Obras se trata todo lo referido a nuevas construcciones, fraccionamientos y desarrollo urbano del departamento. También se consideran y aprueban las excepciones a las ordenanzas requeridas por los inversores. Normalmente el plenario del legislativo vota todo lo aconsejado por su comisión.
Después de dejar la presidencia, Darwin Correa, socio en Blás Propiedades, volvió a integrar dicha comisión, de la que es miembro desde el 2015.
Javier Sena es inmobiliario y presidente de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este. Fue quien propuso “regalarle 40 metros más de altura al proyecto Cipriani”.
Luis Artola es un poderoso empresario que opera en varios rubros, también el inmobiliario, y es el propietario de un exclusivo club privado que funciona en la costa sobre la parada 3 de playa Mansa. Alejandro Infante también es empresario inmobiliario.
En tanto, el edil Christian Estela, otro integrante de la referida comisión, debe ser el más conocido de todos a nivel nacional. Aparece periódicamente en los videos de Zin TV diciendo “le dio pa’ que tenga, pa’ que guarde y pa’ que ponga a enfriar”. Curioso personaje que hace unos 20 años operaba un pequeño almacén en el barrio San Antonio, lugar de trabajadores ubicado en la periferia de la ciudad. Al final del primer gobierno de Antía pasó a residir en la avenida Roosevelt frente al sanatorio Mautone. Para explicar el cambio, dijo públicamente que “un amigo le regaló un jacuzzi y no tuvo más remedio que construir una casa arriba”. Un testigo lo acusó como “prestamista” durante las audiencias judiciales que terminaron con Ricardo Dutra, director de Cultura del primer gobierno de Antía, preso por una millonaria estafa realizada desde su profesión de escribano.
En el segundo gobierno de Antía, Estela pasó a operar el parador municipal Papa Charlie, ubicado en parada 8 de la Brava. La adjudicación está a nombre de su esposa y hace dos años fue extendida por 10 años más.
Sin embargo, en los últimos 33 años solo dos ediles, uno blanco y otro colorado, fueron procesados con prisión acusados como “coimeros” en el caso conocido como “La Juanita”, por lo que se les sometió a juicio político en el Senado, que los despojó de sus bancas.
Leonel Fazzio, el edil colorado procesado entonces, dijo: “Me siento como una mojarrita en una pecera llena de tiburones”. Tal vez tenía razón.
