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Política cárceles | territorios | crimen

La mano derecha del Estado

Mercado, territorios y cárceles: Cuando han fallado todos los planes

Se acaba el gobierno de la coalición multicolor y el balance demostró que ni se acabó el recreo ni se pudo impedir la penetración del crimen organizado en las instituciones, ni se dejaron de violar los derechos humanos en las cárceles.

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“Que las celdas dejen de ser cavernas”, expresó en octubre del 2020 a Caras y Caretas el novel director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González. En un rapto de demagogia política, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, había realizado una campaña de difusión que llegó al propio Parlamento para mostrar la “la herencia” que había recibido en el tema cárceles de la gestión Bonomi.

Larrañaga lo denominó el Plan Dignidad, “acompañado por todo el Poder Ejecutivo desde donde está respaldando el Mides, el Ministerio de Ganadería, ASSE, Salud Pública, UTE, OSE y todos quienes puedan ayudar. Todo el mundo ve con alegría que se puedan empezar a coordinar políticas estatales dentro de las cárceles”, decía González en esa oportunidad.

La población privada de libertad en el momento de la entrevista era de 12.873 PPL más 13.000 procesados con medidas alternativas. Casi 25 mil personas estaban cumpliendo alguna pena en diciembre de 2024. El año 2024 cerró con más de 16 mil personas privadas de libertad (PPL), lo que constituye un récord en Uruguay, y en muchas unidades penitenciarias sigue habiendo “cavernas”.

No fue el único plan de propaganda; en marzo de ese año, apenas asumido el Gobierno y antes de que ingresara con fuerza la pandemia del covid-19, Jorge Larrañaga de nuevo había prometido un combate frontal a las “bocas” de venta de pasta base y otras sustancias. Sin embargo, todo el mundo advertía al Gobierno que no se veía una estrategia clara de combate al gran narcotráfico, desde el exdirector de la Policía Nacional Mario Layera, cuestionando que las políticas contra el narcotráfico llevadas a cabo por el Gobierno se enfoquen únicamente en desmantelar bocas en vez que "ir contra los grandes distribuidores” y "los canales del tráfico internacional", que "es lo más grave"; hasta el alcalde del Municipio D, donde se encuentran los barrio Villa Española y Marconi, advirtiendo que, “si bien las situaciones de violencia y criminalidad que sufren los habitantes del Municipio son llevadas adelante por el narcomenudeo y las "bocas", “quienes abastecen dichas bocas son los narcotraficantes que no viven en el Marconi, que como ha sido detectado pueden vivir en Punta Carretas y son quienes envían los contenedores a Europa”.

Más allá de las cifras de incautaciones de droga y sus correspondientes facturas políticas partidarias, ya dejó de ser un secreto a voces la presencia del crimen organizado internacional en Uruguay. Una presencia que, al mismo tiempo, demuestra la debilidad institucional de un sistema político que creía que en Uruguay no iba a pasar mucha cosa, o la impericia y responsabilidad del Gobierno saliente. Entonces la lista es larga: se puede empezar por el narcotraficante Marset y el Primer Cártel Uruguayo, seguir por Astesiano y los pasaportes rusos y, por qué no, Conexión y República Ganadera y el Grupo Larrarte.

“Mexicanización” territorial

Por fuera del debate de las agendas partidarias y electorales, por aquel concepto utilizado de no informar sobre suicidios para no contagiar de los mismos, la pérdida de espacios territoriales del Estado y la situación de zona liberada por el narcotráfico en algunos barrios del país está dejando de ser una realidad reconocida entre dientes.

Pero el domingo 16 de febrero del 2025 se movió el eje. Mientras los ajustes de cuentas productos de la guerra entre bandas se daban en los barrios periféricos de Montevideo y el interior, el fenómeno se venía naturalizando; pero cuando esa guerra llega hasta la zona de la rambla en el Buceo y amenaza con salir de “fronteras”, entonces se toma en cuenta la dimensión del asunto, largamente advertido por los “sabuesos” veteranos de la Policía. Ese día, un comando interceptó y disparó contra un joven y su pareja por una disputa por el control territorial de Cerro Norte, pero la guerra llegó varios kilómetros más lejos y hacia una zona pudiente de la capital. Nadie en esos sectores de clase media privilegiada quiere ver la guerra en su territorio.

Las declaraciones no se hicieron esperar. El futuro ministro Carlos Negro afirmó que “la guerra contra el narcotráfico está perdida". Explicó que fue convocado para “conversar sobre temas relativos al sistema penitenciario, la situación de urgencia que está viviendo; a plantear eventuales situaciones que trascienden lo administrativo y la gestión y requieren de normativas donde las Cámaras y el Parlamento intervienen”. Subrayó que su diagnóstico se basa en el informe realizado por la Dra. Ana Vigna, autora del Libro Blanco de Reforma Penitenciaria, documento encargado por el actual Gobierno.

El ministro del Interior aun en funciones, Nicolás Martinelli, respondió a Negro a través de una publicación en X, en la que escribió: “Carlos, no podés entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados, pero bajar la vara no es el camino”.

Uno de los que intervino en la discusión entre ambos, en la misma red social, fue el senador blanco Sebastián da Silva. “La doctrina de izquierda: arreglar con los narcos. Controlar el mercado es una especie de regulación del tráfico de drogas con la utopía de que así los delincuentes se van a portar bien”, tuiteó el integrante de Alianza País.

En ese sentido, parece oportuna la intervención de un funcionario del actual Gobierno que permanecerá en el de Orsi, como es Diego Sanjurjo, que expresó a los medios: “La seguridad de Uruguay empeoró cualitativamente desde hace unos 15 años más o menos. Nos estamos, de alguna forma, aferrando todavía a una seguridad que a veces parece que mejora un poco, a veces parece que no”, cuestionó entrevistado este miércoles en el programa Arriba Gente (Canal 10).

Si bien indicó que “estamos lejos todavía de lo que hay en otros países”, afirmó que “eso no significa que en cualquier momento” no se pueda “ir hacia ahí”. Y agregó: “Hay que darse cuenta de que hay países que pierden el control de la criminalidad y en uno o dos años se les duplican o triplican los homicidios”. Asimismo, reveló que “ninguna” democracia en América Latina ha logrado revertir el “proceso” de crecimiento en los homicidios. Por eso, consideró que “este tiene que ser un tema” que se debe mirar “con seriedad” y como algo en lo que los uruguayos se juegan “la vida”.

Tal vez su advertencia sea hora de tomarla en cuenta, ya que las anteriores han caído en saco roto: “Si seguimos el mismo camino que los demás países de la región, los homicidios ya no van a ser en la periferia de Montevideo y cada tanto uno en Buceo. Va a empezar a haber homicidios de periodistas, jueces, policías, políticos. Eso es lo que pasa en toda América Latina y no podemos dejar que se llegue a eso”.

Pacificar territorios

En una entrevista realizada por Caras y Caretas a la actual subsecretaria del Ministerio del Interior Gabriela Valverde sobre la propuesta del Frente Amplio de pacificar territorios, expresaba: “Para pacificar, vamos a tener que hacer una intervención que no es solo con Policía. La pacificación o el construir este nuevo tejido social no es sólo con Policía. El policía es un actor más dentro de todas estas políticas. Y ahí estamos pensando en temas de educación, de trabajo, de vivienda, de cultura, de expresiones culturales que tiene que haber en los espacios públicos. Y esas cuestiones hay que construirlas con policías, sí, pero además con terrenos que no estén baldíos; que haya lugares con luz, luz en la vereda, caminos abiertos, calles asfaltadas, o sea, no puede ser que haya niños que salgan de su casa y pisen el barro o agua y que lleguen a la escuela en esas condiciones, que no tengan alimento. Es un abordaje para la pacificación que primero tiene que construir nuevamente ese tejido social. Y eso es de largo aliento, que es una de las políticas en las que tenemos que llegar a acuerdos para mantenerlas”.

Lo que no es de largo aliento es el desarrollo dinámico del crimen organizado y, dentro de él, del narcotráfico.

Pero también habría que sacudir una percepción que poseen varias autoridades de “clase media”; en el barrio Maracaná, al oeste de Montevideo, cinco jóvenes mueren ejecutados. La primera señal del consolidado abismo social es el comentario del jefe de Policía que acudió a la zona donde cinco personas fueron acribilladas: “Esto no parece una casa”, dijo sobre la precaria vivienda (una construcción de tablas de costaneros y techo de chapas con piso de tierra), arquitectura usual en los barrios con población marginal, sobre todo si ésta vive sobre las costas de una cañada y zona pantanosa como son los médanos del Maracaná norte. Gente que construye precariamente por falta de ingresos económicos que permitan una construcción más sólida y porque, desamparados de la mano del Estado, no tienen cómo combatir lo abnegado del suelo cuando llueve y los desbordes de la cañada que todo lo inunda.

Una pobreza gris, la contracara de la “pobreza romántica” a la que suelen referirse los candidatos políticos, una miseria consolidada que prometen combatir todos los gobiernos, que es, además, “el líquido amniótico” de por lo menos tres generaciones criadas en la marginalidad, donde han caído como una maldición el consumo y el narcotráfico.

Entre los varios artículos escritos, en “Los tajos de la miseria: el Uruguay sin la gloria de Maracaná” en Caras y Caretas describimos la postal de lo marginal desde el territorio.

La trazabilidad del “Yonha” no es muy distinta a la de otros gurises con sus mismas carencias materiales y culturales; el entrar y salir de la casilla sin horarios preestablecidos con la panza con la única comida de la escuela (a esa sí no faltaba) se convirtió en su “trille” habitual; luego juntarse en las esquinas a pedir unas monedas, socializar en el consumo de las primeras sustancias, disputar espacios a lo malevo en yunta con su hermano, “colarse” de pesado en las canchas para ir a ver a Cerro y empezar a arrebatar alguna cartera, algún celular, para hacerse unos pesos para seguir consumiendo. Habitué de una de “las bocas” y con varias demostraciones de coraje junto a su hermano, “el Kevin”, las puertas de ese fugaz venturoso futuro que dura 10 minutos, una semana, un año, en definitiva hasta recibir un primer disparo certero, se les abrieron cuando los “Ricardito” los reclutaron como “perros”.

Hasta el momento, todos los planes vienen fracasando con total éxito.

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