En la Dirección Nacional de Arquitectura fue nombrado director Santiago Borsari, una dirección fundamental en lo que tiene que ver con las obras públicas y que ha funcionado como una cueva de poder de arquitectos nacionalistas. Pero el nombramiento es ajustado a derecho dentro de las designaciones políticas que se pueden realizar… Entonces viene la gauchada.
En el 2020 el flamante ministro Luis A. Heber tenía de chofer a un hombre de apellido Barragán, cuya hija, Joseline Barragán Maldonado, técnica prevencionista, es militante del herrerismo. Joseline Barragán va a trabajar como asesora en la División Arquitectura con la firma de Santiago Borsari y, en una triangulación perfecta, va a integrar la Fundación A Ganar, que va a ser adjudicada en el 2020 y en el 2022.
El periodista de La Diaria Leandro Fernández va a denunciar, en un artículo del 2022, la conexión Borsari–Barragán y la instalación de un aparato de militantes nacionalistas en la Dirección Nacional de Arquitectura.
“A partir de dos licitaciones abreviadas similares publicadas en 2020 y 2022, la Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) impulsó la contratación de una asociación civil o fundación para llevar a cabo un programa de inclusión socioeducativa laboral. En ambos casos, la ganadora de los llamados fue la Fundación A Ganar. En agosto, La Diaria informó que el Tribunal de Cuentas (TC) observó la licitación de 2022, pero no hizo lo mismo con la de 2020, pese a que el objeto de ambas es idéntico. La licitación observada se publicó el 25 de abril de 2022 en la web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) y su objeto fue la contratación de ‘organizaciones no gubernamentales con personería jurídica vigente (asociaciones civiles o fundaciones) para la gestión de un programa de inclusión socioeducativa laboral y de contratación de personal técnico/profesional’. En este caso, se solicitó la contratación de hasta 25 personas de forma simultánea por un período de dos años. Sólo se presentó la Fundación A Ganar y la oferta rondó los 15.000.000 de pesos”.
En el artículo de Fernández figuran algunos de los militantes contratados: “La mayoría del personal que ingresó a la DNA por intermedio de la fundación son militantes del Partido Nacional (PN), específicamente de las listas 33 y 71 –la lista que integra Santiago Borsari, titular de la DNA–. El concejal suplente del Municipio A de Montevideo por la lista 71 e hijo de Adriana Balcárcel, edila de Montevideo, Franco Canti; la suplente de edil y también integrante de la 71, Natalia Borrazás, y el exedil de Canelones por la lista 33, Daniel Correa Mariossa, fueron algunos de los beneficiados en el ingreso de 2020”.
En la copia de pagos, que está en poder de Caras y Caretas, figuran varias ejecuciones de gastos en una lista a nombre de Joseline Barragán. Además, ingresó a la DNA a partir de ese llamado. Lo mismo ocurrió con Natalia Borges Ordeig, secretaria de Nueva Generación, un “centro de estudios” que tiene como presidente a Enrique Arezzo, exedil de Montevideo por el PN y funcionario del Parlamento del Mercosur. Según el documento, la cifra total que le solicitó la Fundación A Ganar a la DNA fue de 1.195.213 pesos para hacerse cargo de “salarios, salario vacacional, viáticos, nómina de BPS y BSE” de mayo de 2022.
2af9c5f9-1445-4c2c-a88d-f6f831793a95.jpg
7f58316b-7e65-4895-a1f8-60269cbb18d2.jpg
Acosos
Cerca de dos mil denuncias de acoso laboral tiene la Dirección Nacional de Trabajo de funcionarios del MTOP en todo el país, y que básicamente provienen de las direcciones de Obras y Vialidad. Caras y Caretas pudo tomar contacto con dos de ellas en Montevideo que, de confirmarse las denuncias que se están realizando, las nuevas autoridades del Ministerio deberán abonar 150 mil dólares.
En uno de los casos, un funcionario que posee una discapacidad motriz, y ejercía funciones de asistencia como técnico prevencionista a pesar de ser ayudante de arquitecto en la Dirección Nacional de Arquitectura, recibió el encono de uno de los arquitectos, lo que se suma a un historial de situaciones de acoso.
Antes de pasar a algunos detalles del acoso, hay quienes valoran que los técnicos prevencionistas, cumpliendo su tarea, vinieron para ser un problema en la gestión de algunos arquitectos de la Dirección Nacional de Arquitectura que se sienten los dueños absolutos de definir los procesos de algunas obras, no importa que el técnico advierta que se deberían tomar algunas medidas de seguridad. Hay quienes aseguran, además, que algunos arquitectos que hacen trabajos particulares han logrado paralizar alguna obra pública para poder realizar, en su lugar, su obra privada.
Un debate de estas características entre un antiguo arquitecto de la Dirección y un técnico prevencionista fue a la que asistió el acosado que, por decirlo de alguna manera, fue objeto de la ira del arquitecto cuestionado, militante del Partido Nacional, que tuvo como asistente a Joseline Barragán, ya mencionada más arriba.
“Marcos” relató una serie de hechos de violencia psicológica que vivió en su espacio de trabajo, además de padecer una patología congénita que afecta toda la parte izquierda de su cuerpo y genera una discapacidad motriz en su pierna y brazo izquierdos.
A principios de 2023, trabajaba en la Oficina de Coordinación y Control, que se ubica en el edificio central del MTOP. El ayudante de prevencionista señaló que el arquitecto Paulino Lessa, por entonces jefe de la sección Construcción 3, lo agredió de forma verbal y física repetidas veces entre el 6 y 13 de febrero de 2023. Luego de un largo proceso que incluyó una investigación administrativa en el ministerio y denuncias en la Justicia, manifestó que, en vez de recibir asistencia por ser víctima de agresiones, fue perjudicado por la Dirección en la que trabaja. Indicó que, luego de las situaciones de maltrato, vio afectada su carrera funcional, ya que lo apartaron de su puesto durante casi 18 meses y no le asignaron tareas.
Lo más extraño de la resolución de la investigación administrativa interna y de las medidas previas es que colocan a los dos funcionarios en un pie de igualdad, obviando la discapacidad de Marcos y la jerarquía del arquitecto Lessa, traslada del lugar físico al agredido y no al agresor, y como Lessa se jubila (lo que termina siendo un beneficio), decide hacerle sumario a “Marcos”, cuya resolución está siendo impugnada en la Justicia.
El otro caso es un funcionario que ejercía funciones en Vialidad y que también padece TDAH, y que, a pesar de los méritos alcanzados en su trabajo como prevencionista (funcionario del MTOP desde el 2008), las situaciones de acoso que empezó a sufrir provocaron nuevos trastornos. El funcionario de apellido Miño está a la espera de la conciliación fijada para el 21 de mayo de 2025, pero hasta el momento no ha habido una solución efectiva.
Al igual que en varios casos de denuncias de acoso (Miño agrega racismo), hay un problema de funcionamiento de la Comisión encargada de llevar adelante las investigaciones y las primeras medidas cautelares. Nuevamente es Miño quien es irradiado de su lugar de trabajo y no el agresor; además, las autoridades decidieron archivar su denuncia de acoso en lugar de investigarla, y lo sometieron a un psicotest fuera del Ministerio, sin las mínimas garantías de objetividad.
Presentó denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que ya se expidió sobre el psicotest y coinciden (según Miño) en que es una represalia por haber denunciado. A su vez, denunció que el Ministerio se ha negado a entregar documentos clave a su patrocinante legal.
La Comisión ha sido incapaz de dar solución a las más de 2 mil denuncias de acoso que hay en el Ministerio, situación que la nueva administración de la ministra Lucía Etcheverry tiene en agenda.
Falero
Quizás entre las zonas grises de la gestión del exministro Falero se encuentre el sistema de controles, cuya desmantelación da lugar a grandes suspicacias. Escribíamos en febrero del 2022: “El actual Gobierno (de Lacalle) ya venía anunciando el fin del sistema de control; el tímido avance en la regulación del rubro de transporte a instancia de los trabajadores implicó que el Gobierno de Tabaré Vázquez y el ministro Víctor Rossi empezara con la instalación del Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (SICTRAC), bautizado popularmente como el ‘Gran Hermano’”.
En el 2017 habían arribado a un acuerdo la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC), el Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA), los ministerios de trabajo, la DGI y el BPS. El sistema implicaba la instalación de un dispositivo de control que verificaba la ruta de cada camión, el tipo y el volumen de la carga, la duración de los viajes, el gasto de combustible y los tiempos de espera entre carga y descarga, lo que también permitía verificar las jornadas laborales realizadas por los trabajadores.
El 9 de marzo del 2020, el entonces ministro de Transporte Luis Alberto Heber anunciaba a la prensa que plantearía al Gobierno suspender el SICTRAC. Heber afirmó que se iba a revisar en profundidad el sistema y que nadie iba a ser penalizado por no ajustarse al mismo: “No va a ser exigible por ahora”. No puedo asegurar que estuviera en los planes de Heber sustituir a Larrañaga, pero genera suspicacias dejar sin efecto este sistema de controles estando en el horizonte Falero (que estaba en la OPP) como ministro de Transporte.
En el mismo artículo del 2022 decíamos: “En nombre de la libertad, la filosofía del Gobierno, y sobre todo del herrerismo, es desregular, dejar a la libre competencia del mercado los destinos de capitales y trabajadores. El Estado será tomado en cuenta si resulta beneficioso para los intereses de los grupos empresariales, y el transporte de carga no iba a ser la excepción. Para asegurarse el proceso de suspensión del SICTRAC y la informalidad en el sector, el Gobierno designó a un herrerista de ley y conocedor del sector. Pablo Labandera es el actual director nacional de Transporte del Ministerio y era el abogado asesor del ITCP; no hay puntada sin hilo. Con gran poder de adaptación, pasó de estar a favor del sistema, participando en el proceso de negociación, a estar radicalmente en contra, cuando la correlación de fuerzas en la directiva del ITCP soplaba a favor del nacionalismo”.
Y recordábamos de Falero, el flamante ministro de Transporte cuando Heber pasa al del Interior: “José Luis Falero, integrante de una de las poderosas familias de transporte de carga, entre otros rubros del lechero, la madera, contenedores marfret y arroz (…) en el caso de Falero se encuentra en la delgada línea entre el interés público y privado, en lo éticamente ruidoso estar de los dos lados del mostrador, se agrega que se venía suspendiendo toda forma de control. José Luis Falero era director de la empresa de transporte fundada por su padre y nombre de la empresa, Omar Falero S.A. A la muerte de éste, la empresa cambia de razón social y dos hermanos del exintendente maragato, Fernando y Daniela, poseen la empresa Menifrut con la adquisición de nuevos camiones, lo que permite tener una flota de al menos 25 camiones, y la compra de la estación de servicio Axion en Capurro, sobre la ruta 11. No poseemos elementos que nos permitan asegurar que la empresa de los Falero esté dentro de las 95 % de empresas desreguladas; por lo menos la empresa de su primo Miguel Falero, que se abrió del clan familiar y se dedica al transporte internacional, tenía instalado el dispositivo de SITRAC. Tampoco surgen elementos para vincular el crecimiento exponencial de la empresa de los hermanos con la gestión ministerial, pero lo que es seguro es que no hay cómo controlarlos”.
