Como ya es costumbre en él, en campaña electoral, prefiere ocultar su apellido.
Papá golpista y artífice del Plan Cóndor
Pedro es uno de los 7 hijos de Juan María Bordaberry Arocena (fallecido en 2011) sobre quien pesa el capítulo político más triste de la historia reciente de Uruguay.
Bordaberry Arocena fue proclamado presidente en 1971, luego de unas más que dudosas elecciones en las que resultó ganador, como segunda opción del sector pachequista del Partido Colorado (que no pudo avanzar en la reelección de Jorge Pacheco), en detrimento del candidato nacionalista, Wilson Ferreira Aldunate.
Tras del aparente fraude electoral, desde marzo de 1972, el mandatario generó alianzas con la oligarquía y los sectores militares más conservadores. Pero su autoridad empezó a perder peso a medida que se incrementaba la influencia de las Fuerzas Armadas (FFAA), que reprimían y desmantelaban al MLN Tupamaros.
En febrero de 1973, Bordaberry Arocena terminó cediendo y pactando con las FFAA en el llamado Acuerdo de Boiso Lanza, que fue el prólogo del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, cuando el padre de Pedro disolvió el Parlamento -al que sustituyó por un Consejo de Estado- con apoyo de militares y policías, incrementando la supresión de las libertades de todos los ciudadanos uruguayos.
Pero lo que comenzó como un “proceso cívico-militar", de civil solo quedó la complicidad de aquellos que permitieron que los militares ocupen los principales cargos de responsabilidad y comenzaran a ejecutar acciones de Terrorismo de Estado, un concepto que desde el Gobierno de Luis Lacalle Pou se ha intentado borrar de los libros educativos, en una avanzada orwelliana para suprimir un pedazo de historia, que gran parte de la sociedad jamás olvidará, porque todavía buscan verdad y justicia por un familiar, amigo o conocido, que aún no apareció.
Antes de que la Junta de Oficiales de las FFAA lo destituyeran en junio de 1976, Bordaberry Arocena participó de varias reuniones que dieron origen y articularon lo que años más tarde se conoció como Plan Cóndor. Una coordinación de prácticas represivas entre inteligencias militares de las dictaduras sudamericanas, que tomó forma en 1975 con la colaboración de la CIA, mercenarios fascistas y exnazis que participaron de la Operación Gladio en los 60’, que en Europa tuvo a Italia como el teatro de operaciones anticomunistas y vieron en el Chile de Salvador Allende el lugar propicio para replicar esas acciones en Sudamérica.
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Hugo Banzer, Juan María Bordaberry, Ernesto Geisel y Augusto Pinochet.
Justamente en Santiago de Chile, el 28 de noviembre de 1975, jefes militares de las dictaduras (entre los que estuvo el coronel del Ejército José Fons, por Uruguay) suscribieron el acta fundacional del Plan Cóndor. Pero reuniones previas entre los dictadores Bordaberry, Augusto Pinochet (Chile) Hugo Banzer (Bolivia) y Ernesto Geisel (Brasil), prepararon el terreno para que sea posible la coordinación represiva y genocida en el Cono Sur, en la que también tuvieron un importante rol protagónico el golpista argentino Jorge Rafael Videla y Alfredo Stroessner, líder de la dictadura paraguaya entre 1954-1989 (la más larga de la región).
Encuentros entre Stroessner y su par uruguayo fueron frecuentes entre 1975 y 1976. Como muestra del estrecho vínculo, el 12 de agosto de 1975, Bordaberry Arocena creó, y le otorgó a Stroessner, la Condecoración "Protector de los Pueblos Libres General José Artigas".
Las tierras mal habidas en Paraguay
El Paraguay de Stroessner, oficiaba de guarida de varios exgenerales nazis, ultraderechistas europeos y luego, de los primeros grandes narcotraficantes de la región, que eran apañados por el mafioso General Andrés Rodríguez, conocido, no solo por haber derrocado a Stroessner entre el 2 y 3 de febrero de 1989, sino porque a los pocos años empezó a ser señalado por Estados Unidos (EEUU) como un prominente facilitador del contrabando y el narcotráfico, desde pistas clandestinas controladas por su gente en Hernandarias (Ciudad del Este), algo que está bien narrado en el documental “Paraguay, droga y banana”, de Juan Manuel Salinas.
El narcotráfico no paró de crecer en Paraguay desde la época del Gral. Rodríguez, quien tenía como piloto personal (también lo fue de Stroessner) a Eligio Viveros Cartes, tío del expresidente de Horacio Cartes (2013-2018) y hermano de Juan Domingo “Papacho”, conocido por ser el primer socio regional de Sebastián Marset -Ambos cayeron en 2013, por transportar grandes cargas de marihuana paraguaya-.
Por mucho tiempo, el principal accionista del Banco (del Grupo Cartes) Amambay (después llamado Basa) era el padre de Cartes, Ramón Telmo Cartes, también señalado en Paraguay como un piloto de aviación que estuvo vinculado con el narcotráfico en los 80 y tuvo la representación en Paraguay de los aviones Cessna.
Algo que tampoco cambió en Paraguay desde la época de Stroessner, pasando por la de Rodríguez y luego por la presidencia de Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) fue la indiscriminada y arbitraria adjudicación de tierras mal habidas (muchas de ellas en el Chaco) a sus aliados políticos, militares y oligarcas locales y extranjeros.
Se estima que entregaron a los amigos del poder, alrededor de ocho millones de hectáreas, aproximadamente un tercio de las tierras arables de todo el país. Paraguay es uno de los países más desiguales de la región.
El 1,6% de la población es dueña del 80% del suelo, de acuerdo a informes de Oxfam y el Indert paraguayo.
Entre los principales beneficiarios de esas tierras mal habidas estaba Rubén Viveros Cartes, (tío abuelo de Horacio) y el empresario Humberto Domínguez Dibb, padre de Alejandro (titular de la Conmebol), quien era yerno de Stroessner, propietario de varios medios de comunicación y presidente del Club Olimpia.
Los nexos entre Bordaberry y Cartes
En el reparto también fue beneficiado uno de los hijos del dictador, Juan Martín Bordaberry Herrán (hermano de Pedro), que durante muchos años fue esposo de Sarah Cartes, hermana de Horacio. Según una investigación del “El Surtidor”, Bordaberry recibió en 1994, en el gobierno de Wasmosy, de manera ilegal, 7.285 hectáreas en el distrito Bahía Negra del departamento Alto Paraguay (Chaco).
El estrecho vínculo entre las familias Bordaberry y Cartes, en parte, tienen que ver con el negocio ganadero. Juan Martín Bordaberry es director del Grupo Bertin SA (propietario de los frigoríficos San Antonio e Ipfsa) y vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Carne (CPC). Mientras, Cartes, dentro de sus variados negocios, es propietario en ese país de tres estancias dedicadas a la producción de ganado.
Juan Martín no es el único de los hermanos Bordaberry con agronegocios en Paraguay. Quien lleva el mismo nombre del dictador de los 70’ también es un importante terrateniente y, a su vez, los siete hermanos forman parte de la cabaña “El Baqueano”, que también exporta caballos mestizos de polo hacia Paraguay. En el rubro agrícola ganadero, los Bordaberry comercializan desde Paraguay y Uruguay productos de origen bovino, ovino y porcino desde la sociedad Pagolle.
Los vínculos empresariales entre Cartes y Juan Martín Bordaberry permitieron que, sobre mediados de febrero del 2012, quien se convertiría en 2013 en presidente paraguayo, tuviera un encuentro con varios dirigentes del Partido Colorado, en Uruguay, cuando Pedro se preparaba para ser candidato presidencial en 2014. Meses después, la fórmula Bordaberry-Coutinho se reunió con Cartes en Paraguay.
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Bordaberry, Cartes y Coutinho.
Cuando ganó Cartes (21 de abril de 2013), Bordaberry -pionero del sistema político en twitter- posteó: “Interesante primer discurso de Horacio Cartes, Pte. electo del Paraguay, prioridades son: salud, pobreza, el trabajar x los que menos tienen”.
La opinión de Pedro Bordaberry no pasó desapercibida. Si bien ganó por amplio margen, su vida empresarial ya concitaba bastante sospechas en Sudamérica y EEUU. Sobre la mesa del análisis político de la región ya estaban las causas abiertas, aunque nunca investigadas a fondo por la Justicia paraguaya, sobre Cartes, en operaciones de narcotráfico, comercio ilícito de tabaco y lavado.
En noviembre de 2019, la Justicia brasileña emitió una orden de captura preventiva contra el expresidente paraguayo Cartes como parte de una investigación por corrupción, que lo vincularía con el caso «Lava Jato». A través de un comunicado, la Policía Federal de Brasil afirmó haber encontrado alrededor de 20 millones de dólares, propiedad de Cartes y presuntamente ocultos por la red criminal.
El 14 de enero de 2022, se confirmó que la fiscalía de Panamá inició una investigación a Cartes por presunto lavado de dinero. El 26 de enero del mismo año, el ministro de Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzo, presentó una denuncia en contra del expresidente ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por presunto «lavado de dinero proveniente del contrabando», «enriquecimiento ilícito en la función pública» y «declaración falsa».
Un extenso informe de esa oficina, en colaboración con la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay (Senad) concluyó, en primer lugar, que las vías de transporte que utilizó durante años la empresa Tabacalera del Este (Tabesa) para contrabandear cigarrillos era “la misma” que se utilizaba “para el tráfico de drogas, armas y personas” grupos criminales como el “Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil (pero con tentáculos en Paraguay Uruguay) y el Primer Cartel Uruguayo (Marset), en complicidad con funcionarios públicos corruptos”.
La Seprelad concluyó que entre 2014 y 2021, Tabesa transfirió a Uruguay casi 43 millones de dólares, en efectivo, que eran ingresados en avionetas y luego se enviados en vuelos de línea, desde el Aeropuerto de Carrasco, a EEUU o Europa.
En julio de 2022, el gobierno de EEUU comunicó que Cartes estuvo involucrado en importantes actos de corrupción y lo declaró «significativamente corrupto» y le prohibió su ingreso al territorio estadounidense y le congeló sus activos en el país. EEUU también lo investiga por sus vínculos con el narcotráfico, el lavado de activos y el contrabando de cigarrillos de las tabacaleras del Grupo Cartes.
La excuñada de Pedro a la cabeza del grupo empresarial
Tras las sanciones, en el esquema de ocultamiento, la que tomó mayor protagonismo en el Grupo Cartes fue la excuñada de Pedro Bordaberry. La Seprelad detalló cómo las empresas del Grupo Cartes pasaron a ser dirigidas por Sarah y cuáles fueron las estrategias de “simulación de ventas” que aplicaron.
Sarah Cartes es egresada en administración de empresas de la Barry University (Miami), y hace una década asumió las riendas del Grupo Cartes, uno de los holdings empresariales más importantes de Paraguay, mientras su hermano ejercía la presidencia y ella se convertía en una de las empresarias más poderosas del país.
Pero Sarah, no solo pasó a ser testaferro de su hermano. “Sarah y Horacio Cartes se registraron como contribuyentes en la misma fecha, cuatro días después de ganar las elecciones del 2013. Anteriormente ambos se movían en negro, nunca habían pagado impuestos personales”, expresaba el medio El Independiente de Paraguay.
Actualmente, Sarah dirige decenas de sociedades, entre medios de comunicación, empresas y hasta un banco. Su nombre apareció su nombre en los Panama Papers, donde se la denunciaba porque en 2011 había abierto dos empresas offshore. En 2015 Sarah adquirió el paquete accionario de medios de comunicación, entre los que estaba Grupo Nación de Comunicaciones (GNC), de Alejandro Domínguez.
Con las nuevas sanciones a Tabesa del Departamento del Tesoro de EEUU, la maniobra del tabaco ilegal pasó a otra empresa del grupo (Veneto) y la participación de Sarah y la tabacalera uruguaya Montepaz, siguen siendo parte del opaco esquema.
Pero los negocios de Horacio Cartes van más allá. Está muy vinculado al fútbol desde que en 2001 asumió como presidente del Club Libertad (Asunción). Ejerció el cargo de director de selecciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, durante las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2010 y en 2017 se asoció con el “Grupo Insfrán”, una poderosa organización de traficantes y lavadores de dinero paraguaya, que “legalizaba” activos a través de los clubes de fútbol River Plate, Rubio Ñu y Deportivo Capiatá (en estos últimos dos jugó al fútbol Marset).
Además, del club griego Atlético Trikala (con el que hacen transferencias) y de la iglesia denominada Centro de Avivamiento, del Pastor José Insfrán (hermano de Miguel), preso por la causa A Ultranza Py, vinculada con narcotráfico y lavado.
El interventor
Bordaberry inició su participación en el fútbol mientras era senador. Si bien, a diferencia de su padre, sintonizó con el democrático sistema político uruguayo, participó del golpe de Estado en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), por orden de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que en 2018 lo nombró interventor, luego de una trama de espionaje y chantaje a dirigentes y empresarios, nunca antes vista en el país, por la que suspendieron las elecciones previstas.
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Domínguez (Conmebol), Infantino (FIFA) y Bordaberry (exinterventor de la AUF).
En ese nombramiento, tuvo mucho que ver el vínculo que Pedro Bordaberry mantenía con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y con Cartes, dijo, en febrero de 2023, en el programa Las Voces del Fútbol, el empresario vinculado al fútbol, Álvaro Chijane, quien aseveró que, en Uruguay, los “padres de la intervención” fueron "Bordaberry, Diego Lugano y Eduardo ‘Turco’ Ache", quienes también tienen importantes negocios agropecuarios en tierras paraguayas.
Al igual que Pedro, Ache fue senador por el Partido Colorado. Además, fue dirigente del Club Nacional de Football y tiene buen vínculo con Alejandro Balbi, actual presidente de Nacional, que ofició de abogado de Marset en la controversial tramitación de un pasaporte al narcotraficante, en una gestión en la que fue protagonista su sobrina, Carolina Ache, quien se desempeñaba como subsecretaria de Cancillería y recibió a Balbi en su despacho quien le consultó sobre el trámite.
Un año antes de ese escándalo político e internacional con “mediación” de Lacalle Pou, por su buen vínculo con el entonces presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, Conmebol obtuvo 50 mil vacunas de Sinovac para la Copa América, lo que fue celebrado por Domínguez, que dijo que el rol de Lacalle Pou “fue crucial para concretar el acuerdo, de enorme importancia para el fútbol sudamericano”.
El favor fue devuelto por Domínguez adjudicando a Montevideo y Maldonado como sedes de las finales de la Copa Sudamericana y Libertadores de ese año. Además, resurgió la idea de que realizar el mundial 2030, aunque luego se aprobó en FIFA, la realización de algunos partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay.
El asesor ciudadano
En paralelo a su rol como presidente de la Comisión Regularizadora de la AUF -que le allanó el terreno para la llegada del Ec. Igancio Alonso, a partir de la instalación de un nuevo estatuto “exigido” por la FIFA, en las que obtuvieron mayor poder las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y los “grupos de interés” del fútbol local- Pedro Bordaberry pasó a ser Asesor Consejero del Montevideo City Torque, SAD del fútbol uruguayo que pertenece al City Group, grupo que gerencia el Manchester City y otros equipos a nivel global, que a diferencia del equipo inglés, no se desviven por los resultados deportivos, sino que su fin son las transacciones.
Actualmente, el Manchester City, y por ende el City Group, enfrenta 115 acusaciones en la Premier League de fraude e infracciones financieras.
Después de seis años de investigaciones, postergaciones y comenzó la semana pasada, una audiencia sobre los alegatos en contra del Manchester City que lo acusan de una conspiración para hacer trampa durante varios años.
Las repercusiones podrían ir mucho más allá de la competencia inglesa. Al acusar al dueño del City, el viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), de presidir años de incumplimiento de las normas, el caso podría llegar a los más altos niveles de la diplomacia internacional y podría impactar fuertemente en todos los brazos del grupo, del que forma parte el Montevideo City Torque.
La mayor parte de las infracciones por la que está acusado el grupo refiere al reglamento financiero, por no proporcionar información financiera precisa; presentar cifras infladas por acuerdos de patrocinio que involucraban a empresas emiratíes, como la aerolínea Etihad Airways y la empresa de telecomunicaciones Etisalat; y ocultar pagos extraoficiales que complementaban los salarios de entrenadores y jugadores. Otros cargos acusan al City de no cooperar durante la investigación, que tardó casi cuatro años y millones de dólares en completarse.
El que algunos medios han descrito como el “juicio del siglo”, durará 10 semanas, a puertas cerradas, dentro de un edificio del distrito financiero de Londres que alberga el Centro Internacional de Resolución de Disputas. Lugar en el que el Grupo City desplegó a los más experimentados abogados para su férrea defensa.
El rol de Pedro en el Marset Gate
Si alguien sabe bien cómo se orquestó la trama del pasaporte otorgado a Marset por parte del Gobierno de Lacalle Pou, ese es Pedro Bordaberry; que cuando se la obligó a renunciar por el escándalo a Carolina Ache, fue el único colorado en salir a respaldarla a capa y espada, apuntando a quienes buscaron un “cabeza de turco” para desactivar la bomba política. Pero meses más tarde explotaría otra, por parte de Ache, Bordaberry y el Dr. Jorge Díaz, contra el canciller Francisco Bustillo.
Ache presentó audios que incriminaban a Bustillo en la ocultación de pruebas y al asesor presidencial y de Conmebol, Roberto Lafluf, en la destrucción de documentos, lo que a la postre terminaron con sus cargos en el gobierno.
En su declaración en la Fiscalía de Delitos Económicos de 1er Turno, el excanciller se manifestó “indignado” por lo que consideró una “trama” en su contra organizada por la exviceministra Ache, su abogado, Jorge Díaz y Pedro Bordaberry.
“Ache me tiró mierda encima”, dijo Bustillo al fiscal Alejandro Machado que aún investiga la causa que tiene como foco una reunión el piso 11 de Presidencia.
“Desde el punto de vista judicial, esta causa no tiene sustento porque no cometí ilícito alguno. Es una causa política. Que terminemos todos como indagados es razonable. Pero la única persona que supo en el Ministerio de Relaciones Exteriores que había una persona de apellido Marset, que era un narcotraficante, era Ache”, remarcó Bustillo, acompañado por su abogado Gonzalo Fernández.
Además, el canciller presentó una línea de tiempo que demostraba que, en los momentos claves en la tramitación del pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset, él estaba de viaje y la ministra interina era Ache.
“Cuando armaron el relato, Bordaberry, Díaz y Ache no se dieron cuenta que yo viajaba mucho. Cuando se entregó el pasaporte al hermano del abogado Alejandro Balbi (Carlos Balbi), Ache era la ministra”, contratacó Bustillo en Fiscalía.
La denuncia contra la AUF y el préstamo del BROU
El último caso que en el que sonó el nombre de Bordaberry es sobre la denuncia penal de trece clubes del fútbol uruguayo contra dirigentes de la AUF, que investiga el fiscal de delitos económicos Gilberto Rodríguez.
Entre los principales apuntados por el desvío de 30 millones de dólares que habían ingresado a la AUF de parte de Conmebol (como parte de un adelanto por los derechos de la Copa América) están el actual presidente de la AUF, Ignacio Alonso y el turco Ache, dirigente muy cercano a Bordaberry en los asuntos vinculados con Paraguay y la Conmebol.
La denuncia apunta a que existen indicios de que se presentaron "balances fraudulentos" y que existió ocultamiento de información, a partir de diferencias notorias detectadas entre los balances de la Conmebol y los de la AUF.
Los clubes también cuestionaron un préstamo solicitado al Banco República (BROU) por 9 millones de dólares, que fue aprobado por mayoría simple (3-2) por el directorio del banco con los votos blancos (presidente Salvador Ferrer y vicepresidente Alejandro Lafluf) y el colorado (del sector de Pedro Bordaberry), el vicepresidente 2°, Max Sapolinski. Mientras que votaron en contra el cabildante, Pablo Sitjar, y el frenteamplista Leandro Francolino.
La línea crediticia fue congelada por el BROU durante 20 días, luego de conocer la referida denuncia penal del grupo de clubes que acusaba a la asociación y a sus actuales y pasados jerarcas por la elaboración de balances falsos y desvío de fondos.
Sin embargo, en las últimas horas, el BROU resolvió habilitar de nuevo la línea de crédito a la AUF.
