Su padre era policía y seguramente eso influyó para que, apenas cumplió los 18 años, se presentara para dar el exámen de ingreso al Instituto de Enseñanza Profesional, que así se llamaba entonces la Escuela de Policía.
“De adolescente, y para ayudar en casa, porque el sueldo del viejo era muy magro, vendí diarios, fui paquetero, mozo en locales bailables, auxiliar y mandadero en un estudio que trabajaba con la Caja Rural. Terminé el liceo y un policía amigo de la familia me alcanzó un folleto sobre el ingreso a la Policía. Hablé con mi padre y me preparé para dar el exámen de ingreso. Éramos como 200 aspirantes, tuve suerte y quedé. Así empezó mi vida en el instituto policial, allí ocupé todos los cargos posibles desde agente hasta el más importante, con el que me retiré. Yo le debo mucho a la Policía y siento que tengo la obligación de colaborar”, dice Rivero
“En Orsi encontré interés por la función policial”
¿Usted siempre votó al Partido Colorado, ¿por qué ahora se decidió por Orsi?
Antes debo decirle que en las elecciones anteriores asesoré a Ernesto Talvi. Fue muy honesto conmigo y tuvo un trato de igual a igual, no estaba en personaje. Conversamos mucho, siempre tomaba notas, preguntaba. Pero apenas asumió el nuevo gobierno empezó la pandemia y después Ernesto se fue. Y a los que quedaron no les interesó mi aporte. Entonces volví a casa, seguí estudiando y escribiendo, pero con la convicción de que era una etapa cerrada.
Hace algo más de dos años me llamó Gustavo Leal, al que no conocía personalmente. Me dijo que había leído una nota y quería conocerme. Vino a casa en Colonia, estaba interesado en saber mi opinión sobre la Policía. A esa reunión le siguió otra muy extensa, hablamos mucho y hasta compartimos notas y algunos documentos de acceso público. Siempre me dispensó un trato muy amable, jamás me preguntó qué votaba.
Hubo varias reuniones más hasta que el jueves de la semana pasada me preguntó si podía recibir a Yamandú Orsi. En casa mantuvimos un encuentro muy interesante y agradable. Encontré sumo interés por los temas de orden policial, sean conocer cómo funciona el instituto, cómo se prepara la gente, cuáles serían, según mi opinión, las necesidades y qué apoyo necesitaría.
Encontré a una persona muy interesada, muy atenta, que no me preguntó si lo votaría, sino si estaba dispuesto a ayudarlo. Y eso hasta me dio un poco de vergüenza porque en este país, lamentablemente, no estamos muy acostumbrados a oír a alguien si antes no se está seguro de si lo votan. Orsi me pidió ayuda, no el voto y ¿cómo podría negarme? Antes que nada soy un ciudadano con obligaciones.
En plena campaña todos hablan sobre seguridad pero nadie habla de la Policía y, si lo hacen, es solo para halagarla. Si bien la seguridad no es solo un tema policial, es imposible pensar el problema sin antes ver en qué situación se encuentra el instituto. ¿Por qué cree usted que ocurre eso?
Lo que yo percibo es que se parte de la base de que la Policía está preparada. Honestamente, no es así. La Policía es un organismo en el que vale la pena detenerse porque es el regulador del orden público, como dice la ley.
Y el orden público es el diario vivir. Cuando se quebranta, entra la Policía.
Lo malo que veo es que muchos la conocen cuando ya están en el gobierno. No sé si es porque la Policía no ha sabido llegar a ellos o si se toma como que ya existe y debe funcionar.
Por supuesto que hemos tenido autoridades políticas que estudiaron y se compenetraron. Históricamente el que más lo hizo siendo civil fue el doctor Juan Carlos Gómez Folle en 1926. Él trajo muchos adelantos técnicos, fundó el Instituto de Ciencia Profesional y siempre mostró el mayor interés por la formación policial.
“La Policía necesita mejorar para enfrentar al crimen organizado”
El concepto de crimen organizado se instaló muy fuerte en estos últimos años, aunque asociado casi exclusivamente al narcotráfico. Pero también hay corrupción, contrabando, trata de personas, lavado de activos, delitos cibernéticos. ¿Está preparada la Policía para enfrentar asuntos tan complejos?
Me atrevo a decir que no, requiere una urgente actualización. No basta con solo conocer las normas y el alcance que tienen, hay que actualizar el entrenamiento y el conocimiento. Cuanto más educada sea nuestra Policía, mejor servirá a la sociedad. Dentro de la Dirección Nacional de Enseñanza Policial tiene que haber un área de investigaciones.
Mire, la Policía chilena es un ejemplo en ese sentido, porque trabaja mucho en el área forense. Todos los policías deberían tener formación como investigadores.
Siempre ha sostenido que la Policía debe recibir mejor educación y entrenamiento no solo físico, y ha mencionado la necesidad de la academia. ¿Podría explicar el concepto?
Hoy un policía recibe una formación no mayor a los seis meses y ya lo mandan a la calle. Para llegar a oficial debe pasar por un curso de tres años. Luego, para ascender, hay concursos. Pero no hay educación ni entrenamiento en forma contínua, por ejemplo, en tendencias del delito. Ustedes ven todos los días cómo aparecen delitos nuevos u organizaciones complejas y a ello hay que sumar el acceso a tecnologías.
¿Piensa en un instituto que esté formando policías en forma permanente?
Uno de los sistemas de intercambio financiero que se está haciendo cada vez más habitual tiene que ver con las criptomonedas. Calculo que muy pocos policías saben qué es una criptomoneda y entonces es difícil investigar una maniobra de lavado o una estafa con ese instrumento financiero.
Por eso hay que instruir a toda la escala funcional. Hoy se está muy centrado en la capital. Pero perfectamente, y dirigidos por Enseñanza Policial, podría haber tres centros, uno en la capital, otro en el litoral y otro en el norte, donde los policías pasen un par de semanas recibiendo entrenamiento e información sobre tendencias y metodología del delito, sobre legislación. Y esto debe funcionar en forma permanente.
También habría que tratar de precisar cuáles son las cualidades y aspiraciones de los policías. Porque, por ejemplo, debe haber quien se sienta más identificado con la investigación, la ciencia o la tecnología que con las tareas de calle. Eso hay que atenderlo y requiere análisis, estudios y conocimiento del personal.
Tengo claro que en el área de Policía Científica se ha trabajado y avanzado mucho. Sí me atrevo a decir que en todo el país, de repente, no hay especialistas en determinado tipo de delitos, como hay en Montevideo.
Seguramente usted debe saber que en las escuelas policiales hay docentes que aún mantienen el lenguaje de la dictadura y tratan como “pichis” a los civiles, o los aspirantes son tan maltratados que varios se han suicidado por no soportar la presión.
Ese es un asunto que hay que atender, hay que cambiar rápidamente la forma de educación, la metodología. Hay que revisar qué asignaturas se imparten y quiénes son los instructores. Entiendo que deberían participar médicos, abogados, maestros, profesores de secundaria.
Está claro que el sistema de enseñanza debe cambiar, es necesario que evolucione, porque muchas veces uno ve conductas que no son positivas.
“Hay que estudiar y entender lo que ocurre en otros lados”
En el año 1998, el general Charles Wilhelm, entonces jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, afirmó que un efecto “no deseado” de la Operación Colombia era que los narcos se correrían al sur de América. En Punta del Este cayeron capos del cártel de Medellín, de Cali, usted descubrió al cártel de Juárez, después vinieron Los Cuinis y hasta un jefe de la mafia calabresa. Acá se escondían y lavaban dinero. En casi toda América el narcotráfico está asociado a la corrupción política. ¿Cómo ve esa posibilidad en Uruguay?
Nosotros no tenemos evidencia de que eso ocurra en nuestro país, pero esto no quiere decir que no pueda ocurrir. Hay que estar alerta. Yo no quisiera identificar a ningún país, pero sí es cierto que las experiencias ajenas no se han leído ni entendido bien.
Es sabido que en este continente hubo conversión de activos o narcotraficantes solventando campañas políticas y eso pasó cerca, ¿por qué razón no habría de pasar acá? Hay que sospechar, hay que hacer seguimiento.
Si uno analiza las estructuras de los sistemas políticos, ve que el crimen organizado en todos sus niveles empuja al sistema y lo logra. Hay que tenerlo presente. A veces manifestarlo puede molestar, porque piensan que la Policía está nada más que para investigar al delito menor. Pero la labor de investigación se debe llevar a todos los niveles e ir también hacia los delitos más complejos. Por eso la necesidad de una Policía preparada.
Lo importante es actuar siempre dentro de la legalidad y con el respaldo de Fiscalía y de la Justicia.
“La plata fácil quita las ganas de trabajar honestamente”
¿Usted cree que en Uruguay se lava dinero?
Sí, creo que sí. Cuando hay rápido crecimiento económico o cuando se ven inversiones importantes. Aparte, los grupos narcos que en su momento adquirieron bienes en Uruguay, lo hicieron para legalizar ese dinero. ¿Y por qué venían a Uruguay?
Ese es un tema que se debe tener muy presente, porque sí habrá que analizar desde las ventas de bienes muebles o inmuebles hasta el funcionamiento de un comercio. ¿Quién hace una inversión millonaria para abrir un restaurante que factura poco?, o un hotel que factura como si estuviera lleno y nunca hay nadie…
A veces parece que ni los gobiernos ni la sociedad comprenden a cabalidad que el daño más grave no es el lavado, sino la corrupción que genera tanto dinero fácil.
La corrupción y también el daño que está haciendo el microtráfico. Uno ve a determinado tipo de funcionarios que muestran un nivel de vida que no se condice con sus ingresos legales. Ahí está la responsabilidad en cada área de toda la administración pública.
Y el microtráfico no solo es un problema de salud pública, está haciendo un daño tremendo. Porque el dinero fácil que se logra quita las ganas de trabajar honestamente y lleva a prácticas que no son deseables. Y esto ocurre en todo el país. Da mucha pena que gente joven se dedique a eso.
“No estoy de acuerdo con los allanamientos nocturnos”
El próximo domingo los uruguayos deberán decidir si aprueban o no una modificación constitucional que permita los allanamientos nocturnos en los domicilios. ¿Cuál es su posición?
Yo creo que la aprobación de esa norma no tendrá ninguna utilidad. Decididamente no estoy de acuerdo con la realización de allanamientos nocturnos, porque podrá ser una herramienta, pero es frágil, no tenemos un nivel óptimo para manejarla sin consecuencias. Requiere mucho entrenamiento. Yo hablo de la protección, del cuidado de la población, de los ocupantes del mismo bien que vas a allanar, de la propia policía y los circundantes. Es decir, no es una herramienta que tenga impacto directo ni en el tráfico ni en el microtráfico.
Hay que usar otros mecanismos para juntar información, porque esa droga no llega en la noche. El aprovisionamiento, ya sea en grano o en poca escala, llega en otro momento. Hay todo un proceso de recolección de información que va a ser mucho más efectivo que anunciar que los allanamientos van a tener impacto. Para mí no tendrá ninguno. El expendio buscará la manera de seguir vendiendo. Y en realidad es ponerse a riesgo y no sirve. Lo que se requiere es que toda la cadena jerárquica y los integrantes de la fuerza se preocupen en tener información actualizada.
Hacer inteligencia.
Claro. Si usted va a comprar un electrodoméstico, hace inteligencia, averigua sus prestaciones, el costo de mantenimiento, los beneficios que obtendrá, cómo va a instalarlo. Si uno necesita una costurera, un sanitario o un carpintero, pregunta en el barrio. Aplique ese principio y lo verá. Porque la gente sabe dónde están las bocas. La gente en general sabe más. El asunto es saber si tiene confianza como para contarlo.
¿Qué importancia le da a Asuntos Internos en el Ministerio del Interior?
Asuntos Internos para mí es fundamental. Es un instituto que existe desde el año 1923, junto con la Inspección Nacional de Policía. Después, en el transcurso del tiempo, se divide en la Inspección General de Policía y pasó a llamarse Fiscalía Policial. Luego desaparece y se recupera cuando la promueve el doctor Lanzón, que era integrante del Departamento Jurídico.
Es una dependencia fundamental porque permite hacer el seguimiento de la vida interna de los policías y lleva a evitar uno de los grandes problemas del instituto policial.
También habría que acompañarlo con algún cambio normativo en las declaraciones juradas que tendrían que ser anuales y de todo el personal policial, no solo de los oficiales.
Claro que el patrimonio puede ocultarse, pero más vale que haya una norma que regule, que obligue y uno pueda comparar, ¿no? Aparte, se requiere también una política de atenta observación.
¿Qué enseñanza le dejó la destitución que sufrió en el año 2000?
Una vez le dije a alguien que habían decretado mi muerte administrativa. Y fue así, aunque seguí cobrando la pensión de retiro.
Fueron dolorosos los calificativos recibidos porque no solo me afectaron a mí, sino que, peor, afectaron a mi familia. Pero logré superarme porque gente amiga de agencias extranjeras me ofrecieron trabajo. Así incursioné en Paraguay, trabajando con una empresa extranjera que perseguía el contrabando de cigarrillos. Después lo hice para la Aduana de EEUU, lo que me generó muchas cosas positivas porque me abrió otros campos de estudio y análisis.
Como policía me sentí muy afectado porque no recibí respaldo. Claro que sí lo hizo mucha gente de la sociedad y algunas personalidades extranjeras.
Aunque la mayor tragedia de mi vida es haber perdido a mi único hijo en un accidente de tránsito. Todo lo otro lo tomé como un tropezón profesional.
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La historia de una infamia
El 1º de marzo del año 2000 asumió Jorge Batlle como presidente. El vicepresidente era Luis Hierro López. Ese mismo día, Guillermo Stirling fue nombrado ministro del Interior. Al otro día, el propio presidente nombró a Roberto Rivero como director nacional de Policía, calificándolo como “el mejor de nuestros policías”. Su cargo anterior era la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes.
Desde ese lugar y con información proporcionada por la DEA, Rivero investigaba las operaciones inmobiliarias de testaferros del Cártel de Juárez en Punta del Este y en San José.
Un jueves de mayo de ese año, un colega corresponsal de un medio capitalino, y que dirigía uno propio en Maldonado, me llama tarde en la noche y dice: “Te voy a llevar un maletín. Adentro hay un documento, pero abrilo sólo si me pasa algo”. Lo esperé muy preocupado toda la noche, pero nunca llegó.
El viernes muy temprano en su casa me dijeron que había viajado a Buenos Aires. El domingo veo una foto en El País donde, en una reunión de la SIP, aparecía Danilo Arbilla junto a mi colega del maletín. Luego Arbilla dijo públicamente que “manos amigas” le acercaron un documento con una “infame acusación”.
Al viernes siguiente, la periodista María Urruzola en el semanario Brecha informaba que la Policía investigaba a Danilo Arbilla, entonces director de Búsqueda, por venderle su casa al Cártel de Juárez.
El director del semanario supo una semana antes de que lo hiciera público Brecha, pero no publicó nada en su medio.
Le pregunté a Rivero y sólo me dijo: “Voy a asumir la responsabilidad con todas sus consecuencias, no voy a exponer a la Brigada Antidrogas de Maldonado”.
¿Qué había ocurrido? La Brigada de Maldonado presentó una denuncia en el juzgado penal de 4º turno de Maldonado, a cargo entonces de la jueza Fanny Canessa, describiendo una operación inmobiliaria de Arbilla con testaferros del Cártel de Juárez.
Ese documento llegó a manos de mi colega del maletín y él se lo dio a Arbilla. Pero todos nos enteramos por Brecha.
Arbilla era un vendedor de buena fe, no tenía cómo saber quiénes eran los compradores del chalet Holiday de su propiedad. Diferente era la situación de su escribano, Javier Morassi.
Ocurrió que el director de Búsqueda, en defensa de su escribano, ejerció el máximo poder de lobby ante el vicepresidente Hierro López y logró que Roberto Rivero fuera destituido y sometido a la Justicia penal. Stirling lo calificó como “un terrorista”.
La fiscal, entonces interina, Gabriela Fossati, pariente de uno de los fundadores de Búsqueda, le dijo a la jueza Canessa que pediría el procesamiento de Rivero.
El fiscal titular de la causa era un joven Gilberto Rodríguez. Entonces, varios periodistas accedimos a un audio donde se escuchaba al fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez quien, violando la independencia técnica de los fiscales, le ordenaba a Rodríguez que solicitara el procesamiento de Rivero.
Había que salvar a Búsqueda y escarmentar a Rivero y a otros que intentaran meterse con el poder.
La difusión pública de ese audio cambió todo. La jueza Canessa ordenó el archivo del expediente, el fiscal Rodriguez fue trasladado y Leonardo Guzmán, ministro de Educación y Cultura, destituyó a Peri Valdez.
Pero la carrera de Rivero, que solo cumplía con su deber, fue arruinada.
