En ambos casos, y como en Uruguay, el tema dividió a la ciudadanía en dos partes, por lo que las medidas se convirtieron en un escenario más de una disputa ideológica más amplia.
Pero si bien es cierto que existe un trasfondo político en el tema pensiones privadas, lo cierto es que los números no cerraban y las personas se retiraban con jubilaciones significativamente por debajo de las expectativas y de las necesidades básicas, justo en la etapa de la vida cuando las personas tienen escaso margen de maniobra para realizar ajustes.
En nuestro país existen indicios similares, aunque la industria de las AFAP ha logrado dominar la arena mediática y hasta el sentido común con mayor éxito que sus contrapartes argentinas y chilenas.
En efecto, cuando llegó el momento, hace casi una década, de la primera tanda de jubilaciones, las prestaciones calculadas resultaban sensiblemente inferiores a las ofrecidas por el sistema de reparto. De esta manera, se acuñó el término de los “cincuentones”, como para que quedara la impresión de que el problema quedaba acotado a una franja etaria específica y que, por pura coincidencia, alcanzaba a la primera generación en jubilarse por el nuevo sistema.
Por si quedaran dudas de por dónde vienen los tiros, en estas últimas semanas empezó a imponerse en los medios el término de “cuarentones”, denominando así al tramo etario que está percibiendo que sus expectativas en las AFAP van muy rezagadas con respecto a las que podrían esperar en el sistema de reparto.
Como siempre, el gatopardismo uruguayo nos permite hacer lo mismo que los países vecinos, pero en forma más moderada y con mucho azúcar, de modo que, bajo la apariencia de un “cambio estructural”, todo se mantenga igual. Obviamente, para beneplácito de economistas, consultorías y gestores, beneficiarios que directa o indirectamente viven de la industria de las AFAP que, por otra parte, una vez más defraudan las esperanzas de sus afiliados.
Llamativamente, fueron pocas las voces en contra del rescate del Estado a los “cincuentones”.
Evidentemente, si se hubiera optado por respetar las “reglas de juego”, los cincuentones hubieran quedado como víctimas molestas de las menguadas jubilaciones producidas por el sistema, lo que arriesgaba un camino similar al argentino. Afortunadamente para todas las partes interesadas, el fuego logró apagarse y las presiones vienen administrándose en cuotas.
De este subsidio indirecto, o garantía implícita del Estado, no se queja nadie, porque al fin de cuentas responde a la noble finalidad de rescatar a los cincuentones de la trampa a la que habían sido inducidos con la complicidad del Estado. Nadie habló de riesgo moral ni nada por el estilo.
Pero procurando entender todos los vericuetos que encierran los entretelones del complejo negocio de las AFAP me encuentro con la sorpresa de que existe otra forma de subsidio al sistema de AFAP que es mucho más explícito y de magnitud mucho más relevante. Me refiero a la emisión de deuda indexada por parte del Estado, resultado de la bien o mal llamada política de “desdolarización”. Me dicen que desde la crisis de 2002, tanto el BCU como el MEF pasaron a emitir parte de su deuda en Unidades Indexadas (UI), unidad de cuenta que sigue la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Pero a partir de la implementación del sistema de Participación Público Privada (PPP), al Estado se le sumaron emisores privados que emiten deuda en UI para financiar proyectos de infraestructura que van desde rutas, cárceles, liceos, al Ferrocarril Central. La parte “privada” de estos PPP emite deuda en UI para calzar los pagos “por disponibilidad” prometidos por el Estado que se encuentran denominados en dicha moneda. Lo cierto es que a ningún agente privado se le ocurre ni por asomo endeudarse en UI salvo que tenga cuentas a cobrar u otros activos que se ajusten a dicha moneda de cuenta.
Pero si emitir deuda indexada a la inflación es una decisión de política económica, para las AFAP adquirir estos títulos constituye una necesidad imperiosa, ya que deben asegurar una rentabilidad mínima vinculada al nivel de salarios.
Siendo la UI el sustituto más cercano a la vieja UR —a la cual más recientemente se le sumó la Unidad Previsional (UP)—, estos activos representan una parte muy importante del fondo de ahorro previsional. ¿Por qué es que no se han sumado más emisores privados en UI? ¿Será que no les conviene?¿Será que el sector privado no aprecia lo mismo que la opinión “experta” prevalente dentro del Banco Central y del MEF?
Para intentar responder a estas preguntas me ha resultado muy útil simular algunos números. A modo de ejemplo, tomé el caso de un emisor de deuda parado el primer día del 2008 y que debe decidir si emitir deuda en dólares o UI. Si hubiera emitido 1 dólar en esa moneda, el valor del capital adeudado al cierre de 2024 seguiría siendo 1 dólar. Si, en cambio, hubiera decidido emitir la deuda en UI, por el efecto combinado de la evolución del tipo de cambio y la inflación acumulada en el período esa deuda se hubiera convertido en aproximadamente 1.80 dólares al día de hoy. Esto significa que hoy habría que pagar un 80 % más por haber emitido en UI en lugar de dólares. Cabe anotar que para este análisis no tomamos en cuenta el diferencial de intereses en las dos monedas, un efecto de segundo orden que no altera mayormente los resultados.
Me sugirieron tomar el 2008, pero el año no se elige al azar. Entre 2005 y 2007 la Unidad de Deuda había decidido dar un salto de 15 % en el peso de la deuda en UI, llevándola de 11 % a 26 % del total de la deuda bruta. Esto implicó que al cierre de 2007 la deuda en UI ya alcanzaba unos 3.600 millones de dólares. Utilizando los factores calculados más arriba, esto quiere decir que, calculada a valores de hoy, esa deuda se transformó en 6.480 millones de dólares. Debemos comparar esto con la alternativa de haber mantenido la deuda denominada en dólares, lo que arroja una diferencia de 2.880 millones de dólares. Esta friolera es el costo de aquella decisión aparentemente benévola de haber pegado ese saltito de 15 % en la “desdolarización” de la deuda.
Al cierre de 2007 la deuda bruta sumaba “sólo” 14.000 millones de dólares; hoy supera los 46.000 millones. Si bien la deuda en UI alcanza el 27 % del total, levemente por encima de los niveles de 2007, a esta se le agrega ahora la indexada a la UP, que representa casi 17 % del total. En la medida que los salarios están indexados a la inflación, la UP sigue una dinámica similar a la UI, por lo que, para una gran aproximación, el análisis anterior para la UI puede extenderse a esta otra unidad de cuenta. El resultado es que una parte importante de la acumulación de deuda no tiene que ver con el gasto del Estado, sino con el costo de haber emitido deuda indexada. ¿Será que la indexación de los salarios es mala pero la indexación de pasivos del Estado es buena? ¿Qué pasaría con las AFAP si el Estado no emitiera deuda indexada? ¿Tendrá algo que ver la política de “desdolarización” con las necesidades de solvencia del sistema de AFAP?
Son todas preguntas que me surgieron y que creo que hay que empezar a hacerse, ya que el Estado enfrenta, de acuerdo a lo que nos informa el ministro Gabriel Oddone, serias limitaciones presupuestales, y no es realista pensar que solo vamos a poder encarar los problemas de la pobreza, la vivienda y la salud financiándolos con expectativas de crecimiento que ya sabemos que suelen frustrarse por concesiones mayúsculas a intereses poderosos y muchas veces extranjeros que logran extraer fuertes rentas agravando aún más la situación fiscal en el mediano y largo plazo.
Lo absolutamente cierto es que esta política de desdolarización de la deuda pública, que ha sido transversal a las diferentes administraciones, ha sido funcional a los intereses de las AFAP y se vuelve insostenible cuando se suman a los demás costos de estas administradoras de pensiones que de otra manera hubieran experimentado serios problemas para cumplir con sus objetivos. Es más, por más que les pese a los neoliberales, el sistema de AFAP se sostiene con millonarias transferencias implícitas —“subsidios cruzados” en el lenguaje de otra época— del Estado y que configuran uno de los factores del importante crecimiento en la deuda pública, hoy al borde del 60 % del PBI.
Es preciso reevaluar el manejo de la deuda pública, ejercicio harto difícil, ya que alabar el manejo “prolijo” de la deuda se ha convertido en parte de la liturgia regular de los comentaristas económicos. Pero si la deuda era considerada insostenible en 2019, cuando representaba poco más del 40 % del PBI, ¿hoy es más sostenible al 60 %?
No resulta tampoco creíble el argumento de que no se puedan dedicar 1.000 millones a resolver el problema de la vivienda pero sí que se puedan transferir en forma oblicua miles de millones a las pensiones privadas para mantener viva una linda ficción cuyos beneficiarios son más o menos los mismos vivos de siempre.
