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Política Ezquerra | Tacuarembó | investigación

LA FISCAL IMPUTÓ AL JEFE DE POLICÍA DE TACUAREMBÓ

Trasladan a fiscal que investigaba a Wilson Ezquerra

La Fiscalía de Tacuarembó investiga al intendente Wilson Ezquerra para conocer si se benefició económicamente por la venta de un terreno de su propiedad con la declaración de la Junta Departamental.

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Uno de los puntos de la investigación es si los ediles sabían o no que ese terreno era propiedad de Ezquerra. En tanto, la fiscal Fabiana Corbo se aprestaba a continuar la investigación cuando la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ordenó su traslado.

La fiscal Corbo es la misma que solicitó en diciembre pasado la formalización de tres oficiales de Policía de ese departamento que hicieron una gauchada: mientras se estaba investigando, el jefe de Policía Jhon Saravia le contó a un imputado de abigeato que su teléfono estaba pinchado.

El intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, tiene locales de cine, locales comerciales, entre ellos zapaterías y estaciones de servicios. Los lugareños indican que si la relación laboral no está en la Intendencia, está en alguno de sus comercios y es por eso que la gente le tiene miedo, además que desde hace años se alterna en la titularidad de la Intendencia a través de la misma agrupación política del exjefe comunal, Eber da Rosa.

En medio de ese contexto de presiones implícitas, el intendente del departamento pidió a la Junta Departamental la recategorización de un padrón de su propiedad para que pasara de rural a suburbano y, además, que la Junta declarara al predio de interés departamental categoría C para permitir que se instalara un proyecto maderero de capitales brasileño. “Ezquerra no sólo es el intendente con el poder político que confiere ese rol, es el dueño prácticamente del departamento Tacuarembó”, agregó Sebastián Ríos, periodista de la radio comunitaria La Kandela, quien inició la investigación sobre Ezquerra luego de corroborar con información registral que el predio de 14 hectáreas que cambió de categoría para que se concretara el negocio maderero era, justamente, propiedad de Ezquerra.

El terreno vendido y por el que el intendente fue denunciado por conjunción del interés público y privado se trata de una propiedad más del jefe comunal. “La intercalación en el poder de la Intendencia con el exintendente Eber da Rosa no hizo otra cosa que acumular poder a Ezquerra”, dijo Ríos. Acerca de la declaración de interés departamental del terreno y su recategorización por parte la mayoría de la Junta Departamental con los votos de los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, se produjo una vez se realizó la venta del predio. Es decir: los ediles nacionalistas y colorados votaron la declaración de interés departamental, luego de que el predio fuera vendido.

El periodista de la radio comunitaria dijo a Caras y Caretas: “Está muy salado el poder de Ezquerra... es mucho más que el poder político”. La investigación sobre Ezquerra ya comenzó con la declaración de testigos y ahora el nuevo fiscal Osvaldo Goncalvez deberá investigar no sólo si Ezquerra se benefició personalmente vendiendo un campo de su propiedad, sino si obtuvo más ganancia que si ese negocio lo hubiera hecho cualquier otra persona con un campo similar y además, si comunicó o no a la Junta Departamental que el terreno era de su propiedad antes de que se votara la declaración de interés departamental y que lo hiciera cambiar de categoría.

Según la investigación de la radio comunitaria que inició la denuncia contra Ezquerra, en 2007 el intendente obtuvo el predio al precio de 32 mil dólares y ahora lo logró vender en 210 mil dólares. El penalista Juan Fagúndez ofrecerá este viernes una conferencia de prensa. Fagúndez dijo que “un intendente no puede participar privadamente en negocios de la comuna. En ningún negocio”, advirtió.

La fiscal trasladada a tiempo

Aunque la fiscal Fabiana Corbo tiene aún la categoría de suplente y es por eso que su traslado no es una excepción, hace medio año que estaban por aprobarse nuevos ascensos a los fiscales. Recientemente fue ascendido a la Fiscalía de Paso de los Toros Osvaldo Goncalvez, el nuevo fiscal que encabezará la investigación contra el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra. Precisamente en agosto pasado, la fiscal Fabiana Corbo, trasladada del departamento de Tacuarembó al de Lavalleja, pidió la imputación y medidas limitativas mientras continúa la investigación de tres oficiales de policía que incurrieron en delitos de revelación de secreto en torno a una investigación por abigeato.

El 19 de diciembre de 2023, por orden de la Dirección Nacional de Seguridad Rural y con apoyo de efectivos policiales de la Seccional Tercera de Paso de los Toros, se realizó un control de ruta donde se intervino al imputado, hoy condenado, F.L., quien transportaba lechones. L. era, precisamente, uno de los objetivos de la interceptación telefónica solicitada por el oficial J.L. Es así que se pudo conocer que el condenado F.L. hizo diversas llamadas. Mantuvo comunicación con otro de los investigados de iniciales A.B. poniéndolo en conocimiento de que la policía lo había parado y le habían sacado todo, es decir el vehículo y los animales. Ante esa llamada, B. le ofreció ayuda para averiguar de qué se trataba la denuncia, y le manifestó que llamaría al jefe de Policía. Y así lo hizo. Acto seguido, a la hora 13:06, B. le devolvió la llamada a F.L. expresándole que ya había hablado con el jefe de Policía de Tacuarembó “y que no tenía conocimiento ninguno, ya va a llamar”. Minutos más tarde, 13:22, B. se vuelve a comunicar con F.L. y le revela “vo, la denuncia vino de Florida, me llamó el coso (...) lo que estás escuchando, recién hablé con el jefe de Policía la denuncia vino de la regional de Florida y tenés el teléfono pinchado”. Ante el desconcierto de F.L., le pregunta a B. “¿quién tiene el teléfono pinchado?”, y B. responde: “Vos tenés el teléfono pinchado”.

En el pedido de formalización, la Fiscalía sostuvo que la conducta de los imputados se encuadra en diversos delitos. La fiscal indicó que deberán responder penalmente, en el caso de S., por la autoría de un delito de revelación de secretos agravado; en el caso de G., por la autoría de un delito de revelación de secretos agravado en reiteración real con un delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar delitos agravados; y finalmente, para C., por la autoría de un delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar delito agravado. Los policías apelaron la formalización y se espera aún el pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones.

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