Luis también nos dejó otro récord histórico: el de juicios de amparo por medicamentos y tratamientos en 2024, que pasaron de un centenar en 2016 a 2.027 juicios el año pasado. ¡De 100 a más de 2.000! Y será Yamandú el que tendrá que hacer frente a las consecuencias. Luis también nos deja a UTE, ANTEL, OSE y ANCAP apuñaladas con distintas medidas de su gobierno tendientes a favorecer a las empresas privadas competidoras.
Y por si este panorama fuera poco desolador, el presidente Yamandú Orsi tiene que resolver el dilema del contrato que Luis Lacalle Pou se apresuró a firmar antes de ser relevado en el cargo.
Sí o sí viene tormenta: Proyecto Néptuno
El proyecto Neptuno/Arazatí es un dolor de muelas y Orsi está intentando minimizar los daños. Tiene razón al decir que cuando firma un presidente no firma un gobierno, firma un Estado. Si no cumple con el contrato, el Estado enfrentará una demanda con la cual nos arrancarán el hígado por incumplimiento, y, si lo cumple, innumerables organizaciones civiles se le pondrán en contra, debido al impacto ambiental que producirá el proyecto. El presidente intenta renegociar; pero su posición no podría ser más incómoda y, de hecho, es incómoda para muchos militantes del propio Frente Amplio.
La firma del proyecto Neptuno-Arazatí fue un penal en los descuentos, un proyecto muchísimo más caro, pernicioso e inconveniente que el proyecto Casupá, que dejó comprometidos a los próximos gobiernos con una erogación que oscilará entre los 900 y 1000 millones de dólares. No es ético que, faltándole menos de un mes para abandonar el cargo, Lacalle Pou firmara algo tan riesgoso y oneroso sin acordar con su sucesor, cosa que prometió y no cumplió. Es más, sin consultar a la ciudadanía y desoyendo los innumerables informes técnicos que desaconsejan su aprobación e ignorando también el clamor de 160 organizaciones civiles.
Se vienen varias instancias judiciales, tal como ocurrió con el puerto. El acuerdo firmado por Luis Lacalle Pou violenta descaradamente la Constitución de la República; pero será el Gobierno entrante el quedará en medio de la metralla, porque, por un lado, si llegara a rescindir el contrato se arriesgaría a una demanda por parte de los empresarios damnificados, y si continuara con las obras, tendría que enfrentar la indignación de buena parte de la población.
Sostengo que el proyecto es inconstitucional porque el artículo 47 de la Constitución de la República establece que el servicio público de abastecimiento de agua para consumo humano debe ser prestado “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. La participación de un consorcio privado en actividades como la captación y potabilización del agua delega funciones esenciales a entidades no estatales, lo que podría violar esta disposición constitucional. A la vez, el artículo 188 de la Constitución prevé mecanismos de asociación entre el Estado y privados, pero excluye explícitamente el servicio de agua potable. No me opongo a la asociación del Estado con privados. En algunos casos puede ser positiva; pero debemos respetar la Constitución. El artículo 47 también enfatiza la participación de los usuarios y la sociedad civil en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos; pero el proyecto avanzó sin los procesos adecuados de diálogo y consulta con la sociedad, lo que contraviene este principio constitucional.
Además, el proyecto está en desacuerdo con la Ley de Política Nacional de Aguas (Ley N.° 18.610) que promueve la participación efectiva de la sociedad civil en la gestión de los recursos hídricos, y con el Acuerdo de Escazú, que Uruguay ha ratificado y que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales. Hay acciones judiciales solicitando la suspensión del proyecto hasta que se garantice su conformidad con la Constitución y las leyes vigentes.
Por otra parte, necesitamos asegurar el abastecimiento de agua potable, porque el hecho de estar rodeados de agua por todas partes, no nos garantiza nada.
Resuelva lo que resuelva, Yamandú enfrentará una tormenta, y no de agua, que sería bienvenida.
Conveniencia versus convicciones
Y pasemos al tema más difícil. Palestina. O mejor decir, el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina, usando a Hamás como el tonto útil de la película. El Frente Amplio ha emitido un declaración clara y contundente sobre este tema, exigiendo al Gobierno que condene las amenazas de anexión de la zona y que siga “evaluando la suspensión de la Oficina de Innovación en la ciudad de Jerusalén”. Se le pide al presidente que mantenga su firme reclamo por un inmediato cese al fuego y el ingreso urgente y sin restricciones de toda ayuda humanitaria, en particular alimentos, agua potable y material sanitario.
Yamandú, más que deber a los frenteamplistas una condena a los crímenes de guerra de Israel, se la debe a las mujeres, niñas y niños que están a merced del Ejército invasor. Desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza, el 7 de octubre de 2023, hasta diciembre pasado, más de 44.500 palestinos han muerto, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza. Además, se han registrado aproximadamente 105.000 heridos, muchos de los cuales quedarán discapacitados para toda la vida. Se constataron incluso varios casos de ataques del Ejército israelí contra quienes pretendían llevar ayuda humanitaria a la población civil.
Un comité de la ONU acusó en septiembre de 2024 al Ejército israelí de cometer violaciones “masivas” a un nivel jamás visto. Desde el 7 de octubre, en la Franja han muerto más de 17.000 niñas y niños, al menos un millón han sido desplazados, 21.000 están dados por desaparecidos, 20.000 han perdido al padre, a la madre o a ambos, y 17.000 se encuentran solos o separados de sus familias. Paralelamente, Israel está usando al hambre como método de exterminio.
La opinión de Uruguay no ejerce presión en el debate internacional; pero es oída y respetada. ¿Qué puede suceder si hacemos lo que debemos hacer? Bueno, Israel y Estados Unidos tienen el poder suficiente para castigar a los países no sumisos, cerrándoles el grifo de las instituciones financieras, encareciendo sus créditos, desestimulando la inversión extranjera, frenando el traspaso de tecnología o anulando acuerdos de cooperación. Como sea, Uruguay debe recuperar su prestigio en política exterior. Luis Lacalle Pou nos hizo retroceder también en esta área con su fanatismo derechista; pero es hora de retomar el rumbo que nos hizo respetables.
Algún día esta masacre de palestinos será recordada de igual manera que el genocidio del pueblo armenio, de los gitanos o del propio pueblo judío, cuando los criminales nazis aspiraban a ser los dueños del mundo.
Que el silencio no nos haga cómplices.