Denuncian que mutualistas con socios de Casa de Galicia incumplen acuerdo

Según contó a Caras y Caretas Alexandra Vera, integrante del sindicato, esta semana comenzó a funcionar en el ámbito de la Dinatra (Dirección Nacional de Trabajo) la comisión de seguimiento prevista en el acuerdo, con representantes del sindicato, de la FUS (Federación Uruguaya de la Salud), las empresas, el Poder Ejecutivo y la Junasa (Junta Nacional de Salud).

Allí, el sindicato denunció que si bien el acuerdo fue firmado el primero de abril, la única institución que había comenzado a llamar a los funcionarios para integrarlos era Crami, aunque sin respetar los criterios acordados.

Vera dijo que al día siguiente que se reunió la comisión, las demás empresas también empezaron a llamar “pero no están respetando el acuerdo”.

De acuerdo con la dirigente, las empresas están llamando sobre todo al personal que tiene dos trabajos y que todavía se encuentra cumpliendo funciones en Casa de Galicia. Se trata de unos 470 funcionarios que siguen trabajando en los IMAES y que no han sido despedidos aun.

“Ellos están activos en Casa de Galicia, nunca fueron despedidos y para que puedan acceder a la redistribución o la bolsa de trabajo tienen que ser despedidos, porque si ellos se presentan a trabajar en otra institución cuando los llaman, computaría como abandono de trabajo y no cobrarían el despido que les corresponde”, explicó Vera.

“A su vez, si se niegan a presentarse al trabajo, quedarían por fuera de la redistribución y no cobrarían el seguro de paro especial”, añadió.

Según explicó Vera, las mutualistas optan por llamar primero a ese grupo de trabajadores porque “es personal especializado”, que trabaja en CTI, centros de diálisis y cuidados intermedios, y que además está mejor calificado.

Sin embargo, la dirigente aclara que esos “no fueron los criterios que se plantearon en el acuerdo”. Las prioridades para la contratación era para los funcionarios despedidos en este momento, jefes o jefas de hogar y con menores a cargo. En el caso de la mutualista Crami, se hizo una excepción, ya que pesa más el lugar geográfico donde viven los ex funcionarios, ya que dicha institución médica cuenta con centro en Las Piedras y en Canelones.

La integrante de Afuncag dijo que estos criterios no fueron expresamente establecido en el acuerdo, pero si acordados verbalmente de que serían tomados en cuenta en la comisión de seguimiento.

No obstante, llegada dicha instancia, “esos criterios no fueron tomados en cuenta por las empresas”. “Eso se habló claramente antes de firmar el acuerdo, que si bien no estaban escritos se iban a tomar en cuenta en la comisión de seguimiento, y eso ahora las empresas no quieren llevarlo y no quieren hacer valedero lo que se habló antes”, expresó Vera.

El sindicato denunció esta situación en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes y lo hará próximamente en la Comisión de Salud también.

Desde Afuncag no descartan tomar medidas “de otra índole” de no resolverse esta situación en la comisión de seguimiento de la Dinatra.